El gobierno incrementará su influencia en una treintena de empresas privadas en las que tiene participación accionaria a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
Mediante un decreto publicado el miércoles en el Boletín Oficial, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández eliminó el límite de hasta el 5% accionario que existía hasta ahora para tener representantes en el directorio de las empresas en las que el Estado posee una participación.
De esta forma se ampliará la influencia del Ejecutivo en una amplia variedad de sectores como el de energía, alimentos, prensa, telecomunicaciones, financiero y transporte. Con el Grupo Clarín, una de las empresas participadas, el Ejecutivo mantiene relaciones muy conflictivas.
Otras compañías en las que la ANSES tiene acciones son Siderar, Transportadora Gas del Norte, Petrobras, Telecom, Aluar y Pampa Holding, señaló la agencia oficial de noticias Telam.
La Confederación General del Trabajo (CGT), afín al gobierno, recordó que a los sindicalistas les "corresponde naturalmente" ocupar un puesto en el directorio de las empresas donde el Estado tiene acciones.
"Creemos que tenemos derecho a solicitar esto. De todas formas, es una decisión que toma el Ejecutivo", dijo el secretario de Capacitación Profesional de la CGT, Juan Carlos Schmidt.
La CGT también impulsa en el Congreso un proyecto de ley para que las empresas distribuyan entre sus empleados el 10% de sus ganancias.
El ministro de Economía, Amado Boudou, indicó el martes que antes de que se adoptara la medida "no importaba el capital accionario que la ANSES tuviera en una empresa, tenía que ejercer su derecho como si tuviera no más del 5% del total".
A partir de ahora el gobierno, a través de la ANSES, "tendrá la presencia de acuerdo al capital accionario que posea, sin limitaciones, e integrará el directorio" de esas firmas, señaló.
Después de la estatización en 2008 del régimen privado de jubilaciones, el Estado heredó la participación accionaria que tenían las aseguradoras privadas en distintas empresas. Dichas administradoras de jubilaciones se regían con el límite para designar representantes en los directorios.
Según el decreto, el cambio busca que la ANSES esté en igualdad de condiciones con el resto de los inversores.
La decisión generó críticas. El economista Daniel Artana dijo a Radio 10 que la medida despierta "sospechas" sobre las verdaderas intenciones del gobierno en referencia a eventuales expropiaciones. Miguel Kiguel, de la consultora Econviews, advirtió en declaraciones difundidas por el portal Infobae que la decisión del Ejecutivo "va a preocupar mucho, en el sentido que son directores que van a entorpecer la tarea" de las compañías.
