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Gobierno dará plazo de seis meses para que la población se desarme

Luego la tenencia ilegal será un delito que puede ser penado hasta con tres años de prisión

Por  Leonardo Luzzi
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En su intento por regularizar la posesión de armas, que las autoridades consideran un problema serio porque en gran número llegan a los delincuentes, el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento en los próximos días un proyecto de ley bajo el título de “Sistema de prevención, control y represión del tráfico ilícito de armas” que propone un desarme voluntario. El plazo de amnistía correrá desde la entrada en vigencia de la ley.

El texto, que lleva la firma de los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Eleuterio Fernández Huidobro (Defensa Nacional), creará el delito de “tráfico de armas”, que –dependiendo de si es un caso “nacional o internacional”– será castigado con hasta 12 años de penitenciaría. Esa pena será aumentada en un tercio cuando esté involucrada una organización criminal.

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Un informe oficial de diciembre pasado con datos de 2010 determinó que entre los hombres que participaron en hechos policiales, los que tienen entre 15 y 18 años son el grupo etario más armado. A esos jóvenes, según supo El Observador, se les incautó 27,38% del total de las armas que requisó la Policía.

En el Ministerio del Interior se entiende que “el desarme” de la población civil será beneficioso para la seguridad pública aunque las autoridades “comprenden” que el temor lleve a la gente a buscar mecanismos de defensa, dijo a El Observador una fuente de esa cartera.

De acuerdo al proyecto de ley, la tenencia ilegal de armas dejará de ser una “falta” para convertirse en “delito”. Además se creará el delito del tráfico internacional de armas, municiones y explosivos. Eso incluye, entre otras, la exportación, importación, venta, traslado o transferencia hacia otro Estado. Todas las actividades serán castigadas con entre tres y 12 años de penitenciaría.

Además el tráfico “interno” y “fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, que abarca a los que las alquilan, las distribuyen, las crean, transforman, venden o las ocultan, será castigado con 24 meses de prisión a seis años de penitenciaría, de acuerdo al proyecto en poder de El Observador.

El texto, que consta de nueve artículos, prevé que las armas decomisadas sean destruidas o pasen a los ministerios del Interior o de Defensa para ser utilizadas por su personal. También se establecerá que la Policía tenga acceso directo al banco de datos del Ministerio de Defensa sobre los registros de armas y sus propietarios.
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La semana pasada el presidente José Mujica dijo en una entrevista en canal 5 que “la gente tiene todo el derecho a reclamar que el Estado la ampare”, pero desaconsejó que la población se arme.

El mandatario afirmó que en materia de seguridad hoy se están pagando las consecuencias de la crisis social de 2002, más el problema del narcotráfico. “Hemos invertido muchísima plata y no hemos tenido los logros en relación al esfuerzo económico que hemos hecho”, afirmó en el programa Quién es quién de la televisión estatal. Para Mujica, “el narcotráfico nos está pasando por arriba y los estados están perdiendo esa batalla”.

Por su parte, el sociólogo Javier Donnángelo, director de la división de estadística y análisis estratégico del Ministerio del Interior, comentó el lunes a Metrópolis FM que está “en contra” de que los uruguayos tengan armas en sus casas y dijo que esa “no es la solución” a los problemas de inseguridad.
“Un arma a mano, en un momento de pasión, o cuando se pierde la compostura o por efectos del alcohol, puede llevar a desenlaces trágicos” cuando antes esos conflictos se resolvían de otra forma. Dijo además que luego esas personas “se arrepienten” de actuar como lo hicieron. Donnángelo explicó que con las armas se “alimenta el circuito delictivo”, ya que los datos muestran que muchas de las armas que se utilizan en rapiñas fueron robadas a gente común, que las había registrado. 
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