Gobierno firma acuerdo de "paz social" para Aerolíneas Argentinas
El convenio establece un compromiso de estabilidad laboral y de colaboración para sacar adelante a la compañía aérea estatizada, e incluye un alza salarial de 19,5% para los trabajadores
El gobierno argentino firmó este jueves con los seis sindicatos que representan a los 9.000 trabajadores de Aerolíneas Argentinas un acuerdo de "paz social" en un ambiente de fiesta sindical, en la que no faltaron las críticas a la gestión del grupo español Marsans en la compañía.
El convenio incluye un alza salarial del 19,5 por ciento para los trabajadores, unifica los convenios entre los gremios y establece un compromiso de estabilidad laboral y de colaboración para sacar adelante a Aerolíneas.
La ceremonia fue encabezada por la presidenta del país, Cristina Fernández, quien se mostró "orgullosa" del desempeño que tuvo la compañía desde julio último, cuando el Estado se hizo cargo de las operaciones al iniciarse el proceso de expropiación a Marsans.
"En la época de las ganancias siempre está el sector privado, pero a la hora de las pérdidas siempre el que queda solo es el Estado", indicó la mandataria durante un discurso en el que cuestionó a Marsans, aunque sin mencionarlo.
Visiblemente emocionada durante el acto realizado en la residencia presidencial de las afueras de Buenos Aires, Fernández afirmó que este acuerdo "significa un modelo a seguir no sólo para Aerolíneas Argentinas sino para todos los sectores".
"Los resultados de estos seis meses nos demuestran que el Estado puede administrar correctamente una línea aérea comercial y que los trabajadores son capaces de deponer diferencias naturales que existen siempre en toda actividad donde conviven varios gremios y poner el esfuerzo", agregó.
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, señaló que el Gobierno argentino y Marsans están "trabajando" para llegar a un acuerdo que apague el conflicto abierto por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
No obstante, advirtió que no existen plazos para cerrar las conversaciones y subrayó que se cumplió el objetivo de devolver la compañía a los argentinos.
La clave para limar las asperezas está en un contrato que Marsans firmó en octubre de 2007 con la fabricante de aviones Airbus para dotar de aeronaves a Aerolíneas y a la española Air Comet.
Representantes de Airbus negocian con el Gobierno argentino la posibilidad de que el Estado adquiera parte de los aviones que el grupo español encargó a la fabricante europea.
Si el entendimiento se concreta, Marsans podría recuperar el adelanto que entregó a Airbus por la reserva de 30 aparatos que iban a ser entregados a partir de 2010 por unos 2.000 millones de dólares.
El ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, indicó que en el marco del "plan de remodelación y modernización" de la flotilla de Aerolíneas, que tiene graves problemas de antigüedad, "se incorporarán doce Boeing 737 nuevos y se negocia la incorporación de algunas aeronaves de (la estatal brasileña) Embraer".
El funcionario recordó que en julio pasado "la crítica situación" de Aerolíneas y Austral, su subsidiaria para vuelos locales, "se reflejaba en el plano jurídico, económico, comercial y operativo" y denunció la "pésima administración" de Marsans y la falta de inversión.
En cuanto a los objetivos a futuro, el ministro habló del "inmediato levantamiento del concurso preventivo de acreedores" de la compañía, además de "pasar de transportar 6 a 12 millones de pasajeros anuales".
Después de que en diciembre pasado el Parlamento argentino declarase a Aerolíneas una empresa de "utilidad pública", el Ministerio de Planificación inició el proceso para la expropiación.
Por dicha operación el Estado deberá pagarle a Marsans una indemnización que, según las leyes argentinas, establece el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Ese organismo ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un valor simbólico de un peso.
Para Marsans, dueño del 94,41 por ciento de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.
(EFE)
