Gobierno frena fin de emergencia sanitaria para que no caiga el Fondo Covid

Financia una serie de medidas que quedarían sin efecto, salvo nueva legislación

El gobierno se debate entre razones "administrativas" y "sanitarias" INA FASSBENDER / AFP

Todos los días me levanto con la intención de que cese esa emergencia”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou en El Espectador este jueves refiriéndose a la emergencia sanitaria regulada por el decreto 93/020. Si bien han ido revocando artículos a medida de que los problemas sanitarios han menguado, la eliminación del decreto en su totalidad está demorado por razones “tanto sanitarias como administrativas”, dijeron fuentes oficiales a El Observador.

El horizonte es incierto respecto de la fecha en la que podría darse el cese, por estas dos cuestiones. La primera parte, y quizás la más compleja, es que anclada a la emergencia sanitaria el gobierno lanzó una amplia serie de medidas, que deberá contemplar caso a caso si las mantiene, en qué grado y cómo regularlas una vez que el decreto desaparezca.

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El principal es el Fondo Coronavirus, que tiene previstos financiamientos por el valor de 400 millones de dólares para este año, según anunció la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Este fondo, que en 2021 repartió US$ 1.153 millones de dólares, financia desde los subsidios por desempleo y enfermedad, hasta gastos hospitalarios, pasando por exoneraciones a sectores vulnerados por la pandemia y pagos a las mutualistas por los hisopados. El presidente Lacalle Pou afirmó que se llegó a pagar un millón de dólares por día por exámenes para detectar covid-19.

El primer artículo de la ley 19.874, que crea el fondo solidario covid-19, establece que está destinado a atender “en forma exclusiva” las erogaciones de “toda actividad estatal destinada a la protección de la población frente a la emergencia sanitaria nacional”, las actividades del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en ese mismo contexto y las prestaciones del seguro de enfermedad y desempleo que otorga el Banco de Previsión Social (BPS).

Si bien la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, señaló que ese dinero ya está asignado al financiamiento del fondo en 2022, la revocación de la emergencia sanitaria significaría su eliminación. Salvo que pudiera encontrarse forma jurídica alternativa –una ley o decreto– para poder mantenerlo.

“Ahí está la madre de la criatura”, respondió el presidente al ser consultado al respecto en Telemundo (canal 12), puntualmente sobre qué pasaría con los apoyos económicos de caer la emergencia sanitaria. “Como creemos que va a haber una recuperación de muchas actividades, quedará focalizado en determinadas actividades”, desarrolló. Entre ellas mencionó al área turística, a quienes les extendieron los beneficios hasta abril de este año. Dentro de los gastos que podrían reducirse, nombró el de los tests PCR. Destacó que actualmente se realizan menos pruebas a raíz de los nuevos protocolos o pueden utilizarse otros métodos más baratos, como el antígeno.

En materia de asistencia social, entre otras cosas, el fondo financia tickets de alimentación del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), sus complementos, la duplicación de las asignaciones familiares y complementos de la Tarjeta Uruguay Social. Respecto de eso, el presidente señaló que a medida que se recupera el empleo y la economía crece, menos personas necesitarán de esos apoyos y se irán restringiendo.

Por otra parte, el Fondo Coronavirus también financia los seguros de desempleo, que en el 2021 significó una erogación de casi 234 millones de dólares, en un gasto total del fondo de 1.153 millones de dólares. El seguro de desempleo parcial, que de acuerdo a la página web del Ministerio de Trabajo, fue creado para trabajadores “afectados por la emergencia sanitaria”. Este régimen permanece vigente hasta el 31 de marzo y desde el ministerio trabajan junto a Presidencia y Economía la posibilidad de extenderlo.

Más allá de los motivos económicos, el decreto de la emergencia sanitaria también regula las condiciones de ingreso al país. La última modificación fue realizada hace menos de 15 días a través de una ordenanza de Salud Pública, que refiere a un decreto, que se ampara en la emergencia sanitaria para actuar. Este último cambio introdujo la novedad de que únicamente es necesario un test de antígenos negativo para ingresar a Uruguay, mientras que antes se requería un PCR (test más lento y costoso, pero más fiable). Tampoco discriminaba a vacunados de no vacunados.

El motivo “sanitario” que señalaron desde el Ejecutivo para frenar el levantamiento de la emergencia sanitaria responde a la cantidad de casos que aún tiene el país. Si bien el pico de la ola por ómicron ha mermado, los contagios aún rondan los dos mil casos por día y esta semana se alcanzó la cifra de 7 mil fallecidos con diagnóstico de covid-19. Aunque el fin “social” de la pandemia –como lo han descripto los líderes del Grupo Asesor Científico– es inminente, desde el Ministerio de Salud Pública aún miran con cautela el número de contagios.

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