En el nuevo tributo que sustituirá al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), el gobierno prevé la posibilidad de aplicar un descuento de hasta 50% sin argumentar por qué lo hace con algunos y no con otros.
El proyecto remitido al Parlamento establece que el nuevo impuesto al campo lo tendrán que pagar los productores con un patrimonio superior a los $ 31 millones. Abonarán 1,5% de su patrimonio los productores que están en la primera franja, comprendida entre los $ 31 millones y los $ 77,5 millones. El texto establece que para dotar el impuesto “de progresividad”, se “faculta” al Poder Ejecutivo a reducir la tasa para quienes estén comprendidos esa primera franja.
Expertos consultados por El Observador expresaron que si bien dentro de la doctrina del derecho hay quienes sostienen que facultar al Poder Ejecutivo a aplicar deducciones de manera discrecional es inconstitucional, en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), todavía no existen pronunciamiento de este tipo. Por ello, se cree poco probable que esta la también ley sea tirada abajo por la Justicia.
La iniciativa, que comenzará a analizar el Parlamento en la próxima semana, fue la que se elaboró en el ala astorista y si bien contiene algunos cambios, mantiene “su matriz” y “está mejor blindada” que el ICIR a los efectos de evitar reclamos de inconstitucionalidad, según supo El Observador.
El impuesto que levanta la exoneración sobre el patrimonio rural se calculará sobre cuatro categorías que tendrán una tasa piso de 1,5%, a las que se aplicarán sobretasas que van desde 0,7 a 1,5%. Tomando como base el valor de la Unidad Indexada (UI) a hoy, a los productores ubicados en la primera franja se los gravará con una tasa de 2,2%. En este caso el gobierno lo podría reducir a la mitad.
La siguiente categoría comprende a dueños de campo con un patrimonio de entre $ 77,5 millones y $155 millones, para los que se prevé una tasa de 2,5%. Un tercer escalón se extiende hasta los $387 millones con una tasa de 2,8%. Por encima de esta cifra, la última franja deberá pagar un 3% sobre el valor de sus activos.
El proyecto del gobierno considerará el valor catastral del campo para realizar el cálculo del patrimonio, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en que se toma el valor de compra de la tierra. Esa variante se introduce para eludir una mínima –aunque posible– chance de considerar inconstitucional el nuevo tributo porque la SCJ podría considerar que se sigue gravando a la tierra.
No está claro cuánto se recuadará. El Ejecutivo sabe que cobrará por lo menos U$S 60 millones, que era lo que se obtenía con el ICIR. Pero algunas proyecciones son más optimistas y creen que se puede recaudar más. En el primer año de ejercicio, el 10% de la recaudación será para la Universidad Tecnológica (UTEC) y el resto para que las intendencias se repartan en la compra de la maquinaria vial. El segundo y tercer año de ejercicio se mantendrá ese 10% para la UTEC, pero el restante 90% se repartirá entre los intendentes y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). La secretaría de Estado destinará esos recursos a un fondo para obras de caminería rural.
El fallo de la Suprema Corte fue un golpe bajo para el gobierno y las intendencias del interior. Hubo intendentes que ya habían comenzado a gastar dinero a cuenta y en otros casos se estaba a punto de abrir las licitaciones para la compra de maquinaria. Cuando se conoció la decisión algunas comunas decidieron seguir adelante con fondos propios y otros suspendieron los procesos.
El nuevo tributo fue diseñado de forma conjunta por el equipo económico encabezado por el vicepresidente Danilo Astori, y los asesores del presidente José Mujica que trabajan en la Torre Ejecutiva. Entre los intendentes se coincide en que las demoras generadas impactaran en la infraestructura el próximo invierno. Se estima que el dinero del nuevo impuesto se empezará a recaudar recién en el segundo semestre del año.
