Con los votos del Frente Amplio y toda la oposición, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley de asociación público privada. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Senadores, donde el gobierno espera que obtenga sanción definitiva en junio o a más tardar en julio.

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El Poder Ejecutivo pretende iniciar cuanto antes los procesos licitatorios que culminen, de aquí a un año, con las primeras adjudicaciones a empresas privadas para realizar obras de infraestructura en conjunto con el Estado,

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Con esta nueva herramienta legal, el gobierno pretende asociarse con privados para construir carreteras, puentes, vías férreas, instalaciones energéticas, hospitales, viviendas de interés social y complejos deportivos como plazas de deportes. Adem-as, mediante un contrato de participación público-privada (PPP, como los denomina la ley) se podrán comprar tierras para el Instituto de Colonización.

De acuerdo al proyecto aprobado este miércoles en la cámara alta, el Estado también podrá incluir en los contratos con privados servicios educativos, cuando se trate de centros de enseñanza o sanatorios, si se refiere a hospitales, y también servicios alimentarios y de seguridad en los casos de construcción de cárceles.

Sin embargo, a texto expreso la ley reserva para el Estado los servicios esenciales “cuya prestación le corresponde en forma exclusiva”. Se refiere a las políticas de educación, salud y seguridad, y a los monopolios estatales y vigentes.

El proyecto establece además un tope a los recursos que cada gobierno podrá comprometer durante el período de repago de las obras que realice con privados. El tope por lustro será del 7% del PBI.

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Nacional Economía y Empresas

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