El gobierno, a través del subsecretario de Economía Luis Porto, dejó en claro que la ley de Participación Pública Privada (PPP) “no privatiza nada” respondiendo así a las dudas que se plantearon desde el PIT CNT.
La interna de la central de trabajadores está dividida entre los que ven en el nuevo mecanismo una oportunidad para que lleguen más inversiones para infraestructura y haya más empleo, y los que desconfían que por esa vía se puedan concretar privatizaciones.
Porto fue contundente al señalar que ni el actual ni futuros gobiernos podrán usar la ley de PPP para privatizar unidades del Estado.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) organizó este miércoles en el auditorio del World Trade Center, un seminario titulado “Alcances de la Ley de Participación Pública Privada” del que participaron como oradores Porto, el catedrático en derecho administrativo Carlos Delpiazzo y Juan Castillo en representación de la central sindical.
El jerarca de Economía reseñó los principales aspectos de ley recientemente aprobada en el Parlamento y adelantó que será reglamentada “con varios decretos” el primero de los cuales se dará a conocer en los próximos días.
Dijo que la norma “es un cambio en las normas de juego” con el que se pretende mejorar la infraestructura del país y no dudó en señalar que “si la ley no da resultados habrá que cambiarla”.
Delpiazzo, que ubicó en el año 1854 la primera sociedad del Estado con privados” -en aquel entonces para construir un puente sobre el arroyo Chuy del Tacuarí-, dijo que la ley aprobada (Número 18.786) no permite privatizar.
El especialista alertó sin embargo sobre “los procedimientos” que establece la norma que a su entender “son demasiados garantistas y no son ágiles” al punto que el sistema “puede convertirse en la tumba de los cracks”. En varias de las etapas del proceso los organismos que intervienen “no tienen plazos” para expedirse y eso puede endentecer los trámites.
Por su parte, Juan Castillo recordó que desde el proyecto original al que finalmente se aprobó pasaron ocho textos y afirmó que en la primera versión “estaba la posibilidad de privatizar” áreas que hoy gestiona el Estado.
El dirigente sindical dijo que los trabajadores tienen “desconfianza” a los cambios políticos y que un compromiso logrado con este gobierno (sobre que no habrá privatizaciones) pueda caer con otras administraciones.
Castillo también señaló que el gobierno del Frente Amplio “falla” al no involucrar a la sociedad y organizaciones sociales en los proyectos de gran envergadura.
