Google, olvídame y pega la vuelta: cómo eliminar el pasado digital

El remedio no es barato ni fácil ni rápido. Sin Rastro, una firma chilena especializada en derecho al olvido, dio sus tarifas a Cromo: desde US$ 50 a US$ 7.000 por link, según el contenido que se quiere eliminar. El retiro de una página de un medio de comunicación no tiene el mismo costo que borrar un nombre de un directorio online, de redes sociales o incluso borrar un viejo fotolog. “Muchos tuvieron uno y ahora les perjudica cuando buscan trabajo”, dijo su representante, Florencia Ibáñez.

Algunos clientes de Sin Rastro han solicitado la eliminación de entre 30 a 40 enlaces de sitios de noticias u otras páginas “bien posicionadas” y pagaron hasta US$ 30 mil. Se trató de famosos, políticos, empresarios y entidades bancarias de Chile.

El plazo para cumplir con el trabajo se extiende entre 5 y 30 días, dependiendo de la complejidad. Pero Sin Rastro tuvo que enfrentarse a algunos casos que se prolongaron hasta por ocho meses. 

El abogado uruguayo especializado en derecho de la información y datos personales Pablo Schiavi apuntó que lo que se conoce como cleaning digital, es decir, la limpieza de la reputación online, puede llevar “un año o dos” y nunca será suficiente. Basta pensar en la viralización de los videos íntimos del periodista deportivo Rodrigo Romano. “Por más que baje los retuits, nunca voy a poder ir al video que está en los celulares. Uruguay tiene la tasa más alta de celulares de América Latina. ¿Y si te digo que está en más de 300 mil o en 1 millón?”, dijo el experto a modo de ejemplo.

Exposición permanente

¿Pero solo los famosos o políticos pueden apelar al derecho al olvido? No. Cualquier persona puede hacerlo. El derecho al olvido apunta al derecho del titular del dato a que su información personal no permanezca “de manera indefinida y permanente” en las redes sociales e internet. “La información está viva las 24 horas al día, los 365 días del año. Antes la información era reservada para determinadas personas y hoy todo el mundo puede acceder y está todo libre”, analizó Schiavi.

Ibáñez agregó: “Es el derecho de solicitar borrar, bloquear o suprimir información personal de internet que, de alguna manera, afecta el libre desarrollo de alguno de los derechos fundamentales de una persona, como el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, o que podría considerarse como información obsoleta, de modo que ya no estaría cumpliendo con su propósito inicial por el cual fue recabada y publicada”. 

En este sentido, los abogados de Sin Rastro buscan y actúan ante delitos cometidos en internet (como injurias, calumnias o revelación de secretos), ataques contra el honor de las personas físicas o jurídicas y contra los derechos de marca. 

“La información está viva las 24 horas al día, los 365 días del año”

Por ejemplo, Schiavi ha tenido casos de cirujanos que reclamaban la eliminación de noticias que los vinculaban a la muerte de pacientes sin recoger luego que la Justicia determinó su inocencia. “La noticia sigue como si el cirujano hubiese sido culpable”, apuntó Schiavi. En Colombia, el Régimen General de Protección de Datos exige que los medios de comunicación actualicen la noticia. En Uruguay, en cambio, no hay ninguna obligación puesto que el derecho al olvido no está contemplado de forma específica en la legislación.

Otro caso posible tiene que ver con una persona condenada por determinado delito pero que cumplió la pena y tiene derecho a que su nombre no permanezca asociado de por vida a esa información publicada en la red. O una persona que no quiere seguir asociada a una empresa o una persona que no quiere que determinadas fotos o videos sigan pululando por internet.

En Uruguay, si bien el derecho al olvido carece de una regulación propia y específica, podría considerarse comprendido en el régimen general de protección de datos personales consagrado en la ley 18.331 de 2008. La norma establece el derecho de toda persona para solicitar la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales que le corresponda incluidos en una base de datos, al constatarse error o falsedad o exclusión en la información de la que es titular. Respecto al derecho al olvido, no necesariamente las solicitudes refieren a informaciones erróneas, falsas o parciales. 

“Antes, vos tenías un problema con alguien y terminaba en un juzgado. ¿Cuánta gente se enteraba de eso? Ahora vos tenés una justicia paralela en las redes sociales”, dijo el abogado.

Colisión de derechos

Sin Rastro, amparada con la legislación chilena, tiene cada vez más trabajo; Schiavi, sin legislación específica en Uruguay, también. Algunos casos son, en su opinión, “claros”, pero otros quedan en una “eterna discusión” por la colisión que supone entre dos derechos: “¿Qué prima: el derecho a la información o el derecho de la persona a no permanecer las 24 horas, los 365 días con su nombre en las redes?” La clave que falta para despejar la interrogante es contar con una norma particular. Y añadió: “Tendría que estar en la agenda del próximo gobierno aggiornar toda la legislación de datos”.

Para Ibáñez hay que tener en cuenta si se trata de información de interés público o no obsoleta; en ese caso, no se podrá solicitar el retiro de los links que involucra a una persona. “Habrá perdido esa parcela privada que le da el derecho”, precisó. Pero aquí debe ingresar un concepto espinoso: ¿qué se entiende por figura pública? “No cuenta con el derecho a la información que tienen, por ejemplo, los medios de comunicación sobre ella”, dijo la representante de Sin Rastro. El término puede ser claro para políticos o celebridades, pero los expertos indicaron que no lo es para, por ejemplo, funcionarios públicos (no políticos), empresarios o profesionales y, con todo, Schiavi no está de acuerdo con que pierdan el derecho al olvido.

La mayoría de los casos en los que ha trabajado Schiavi no se judicializan, sino que son resueltos con acuerdos entre las partes. En Argentina, con legislación específica, el tema adquiere otro nivel. “Allí hay una industria de demandas contra Google”, apuntó. Respecto al gigante de las búsquedas, el abogado dijo que es “una batalla” que deja para una segunda instancia, luego de que se resuelve con el medio que subió en primer lugar la información que el cliente quiere que sea eliminada de internet. “Google se nutre de información. Si el medio baja la noticia, en tres o cuatro días, desaparece (del buscador)”, comentó. Pero nunca se sabrá si alguien siguió googleando el nombre o si alguien más sube nuevo contenido. 

Cómo borrarse