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Las estadísticas muestran que si un contribuyente tiene un litigio con la Dirección General Impositiva (DGI) –y decide llevarlo hasta las últimas consecuencias– las probabilidades de ganarlo están de su lado. En lo que va de 2015 no se revirtió la tendencia que ya tiene algunos años.

Durante ese período el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), encargado de dirimir estos asuntos, emitió 30 sentencias en respuesta a recursos presentados por contribuyentes que entendían que habían sido sancionados de manera injusta por la DGI. En alrededor del 65% de los casos, el fallo del TCA fue favorable a los contribuyentes.

El TCA es la última instancia a la que puede apelar un contribuyente cuando, luego de una inspección, se le detectan irregularidades y la administración entiende que hay que llevar adelante una reliquidación de impuestos. Si el contribuyente recurre, la última parada de este recorrido es el TCA. Por un tema de tiempos y costos, en general llegan a esta etapa solamente los grandes contribuyentes.

Guillermo Sena, abogado del estudio Posadas, Posadas & Vecino, quien procesó esos datos, señaló que desde hace por lo menos dos años hay ciertos temas "en los que el TCA viene marcando una posición consolidada".

Uno, dijo, es la configuración de la infracción de defraudación. Para que esto suceda, explicó el abogado, se debe verificar un engaño "que revista cierta magnitud y complejidad y que sea susceptible de inducir en error a los inspectores de la DGI".

Esta postura del TCA hizo que se anularan varias resoluciones de la DGI, donde los contribuyentes no habían declarado correctamente sus impuestos. Según el TCA, la omisión en la declaración o en el pago de impuestos no es sinónimo de defraudación.
El otro tema indicado por el abogado es la aplicación de las facultades de la DGI para efectuar liquidaciones de impuestos a base de presunciones.

El TCA ha manifestado que la DGI tiene que fundamentar y probar debidamente qué elementos toma en cuenta para realizar la liquidación. Así, el contribuyente puede ejercer de manera correcta su derecho de defensa, "controlando y contradiciendo, en su caso, la liquidación", sostuvo Sena.

Eso también produjo que el TCA anulara varias resoluciones de la DGI, cuando la liquidación sobre base presunta "no se encontraba debidamente fundamentada o no tenía respaldo probatorio suficiente".

Camino largo y costoso


Seis años pasan habitualmente entre que se da comienzo a una inspección a un contribuyente por parte de la DGI hasta que el TCA dicta su sentencia, en caso de que ese contribuyente haya optado por recorrer todo el camino para modificar ese fallo desfavorable, indicó Sena.
"Una cosa importante a saber es que si bien es un camino largo y costoso, al final del día hay un tribunal que se va a pronunciar sobre el tema de forma fundada", dijo Sena, quien destacó que "el TCA, de unos años para acá, ha demostrado una muy buena calidad técnica a la hora de dictar sentencias sobre estos temas".

Motivos detrás de los fallos


¿Por qué el TCA da la razón a los contribuyentes? Puede ser que la administración no haya fundamentado de forma suficiente la posición que sostuvo en su resolución, de acuerdo al TCA, comentó Sena. En otros casos, ocurre que a criterio del TCA la DGI no logra desplegar toda la prueba necesaria para demostrar los hechos en los cuales basó su resolución. También en ocasiones se alegan otras cuestiones técnicas.
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