EUGENE HOSHIKO / POOL / AFP

Gravar y gastar es la nueva ortodoxia económica

Las antiguas "certezas" y los intereses que defendieron estas políticas serán permanentemente abandonados

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06 de agosto de 2020 a las 17:07

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Por Martin Sandbu

La devastación causada por el coronavirus es, sobre todo, una cuestión de sufrimiento humano que se debe lamentar. Pero también debemos señalar otra víctima: la pandemia está contribuyendo a la desaparición de una filosofía económica que ha dominado la formulación de políticas durante más de tres décadas.

La experiencia de la "estanflación" de la década de 1970, y los picos alcanzados por la deuda pública en la década de 1980, produjeron una reacción en la forma de un conjunto particular de ideales de responsabilidad fiscal. Mantener los déficits y la deuda públicos a niveles moderados se convirtió en una señal de la seriedad de los políticos; también se convirtió en una señal el renunciar a un aumento en la recaudación de impuestos del Estado para financiar un gasto público cada vez mayor como parte del ingreso nacional. Los pensadores ortodoxos miraban con desconfianza tanto el "gravar y gastar" como el "pedir prestado para gastar".

Antes de la pandemia, esta perspectiva ya estaba perdiendo su influencia, conforme la opinión experta se estaba volviendo más tolerante en cuanto a la deuda y más preocupada por el daño ocasionado por los recortes en el gasto público a raíz de la crisis financiera mundial de 2008. Con las negativas consecuencias económicas de covid-19, las verdades aceptadas en relación con la responsabilidad fiscal se volverán imposibles de mantener.

Desde marzo, los gobiernos apropiadamente han aceptado tener enormes déficits para limitar el colapso de la actividad económica, proteger los ingresos y mantener las relaciones entre empleadores y empleados. Como resultado, la carga de la deuda pública está aumentando en todos los países a niveles no vistos en muchas décadas, o incluso nunca antes. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un sinnúmero de sus gobiernos miembros pudieran aumentar su deuda al equivalente de entre 20 y 30 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) este año y el próximo.

Esto forzará una simple elección en el caso de casi todos los gobiernos. Ellos pueden tolerar las altas cargas de la deuda indefinidamente en vez de tratar de reducirlas a niveles moderados. O bien, ellos pueden aumentar permanentemente la recaudación de impuestos por parte del Estado para cuadrar las cuentas y comenzar a reducir la deuda. De cualquier manera, combinar las políticas "responsables" tanto en la carga de la deuda como en la de los impuestos ya no representa una opción.

E incluso esta opción – ya sea ser "fiscalmente responsable" con la deuda o con los impuestos – sólo está disponible en el mejor de los casos. Es posible que tengamos que deshacernos de ambas opciones y aprender a vivir con una deuda pública permanentemente más alta y con impuestos permanentemente más altos. Esto será cierto si las economías nunca se recuperan volviendo a su tendencia de crecimiento prepandémico, lo cual parece casi seguro si otra ola de infecciones obliga a implementar una nueva ronda de confinamientos a nivel nacional. El resultante déficit permanente en los ingresos del gobierno significaría que se deben aumentar los impuestos no para reducir los índices de endeudamiento, sino simplemente para evitar que crezcan aún más.

Algunos han expresado la esperanza – o el temor – de que los gobiernos pudieran convencer a sus bancos centrales de que eliminen la deuda con inflación. Eso es teóricamente posible. Pero, por supuesto, sólo significaría el desmoronamiento de otro pilar de la sabiduría convencional acerca de lo que constituye una política económica "seria", concretamente el banco central estabilizador de la inflación.

Sin embargo, la evidencia ha demostrado que los bancos centrales tienen dificultades en aumentar la inflación incluso para cumplir con sus propios objetivos, y mucho menos para erosionar la deuda pública de manera significativa. El caso de Japón es instructivo: décadas de política monetaria laxa, y a menudo pionera, no han logrado eliminar la deuda pública con la inflación.

Igualmente esclarecedor es el hecho de que la recaudación de impuestos de Japón, la cual solía estar muy por debajo del promedio de la de los países ricos, ha aumentado notablemente. Según la OCDE, Tokio recibió el 25.8% de la producción interna bruta en impuestos definidos en términos generales en 2000, u 8 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE. Antes de la pandemia, eso había convergido al 31.4% del PIB, dentro de 3 puntos porcentuales del promedio de la OCDE. Si Japón representa un presagio del futuro para todas las economías ricas, entonces hay que anticipar que la deuda pública se mantendrá alta y que los impuestos subirán.

Es difícil imaginar tal cambio en las ideas gobernantes sin que también haya un cambio en la política. Hay que tomar en cuenta cuáles intereses se beneficiaron de las ideas predominantes de responsabilidad fiscal. Durante mucho tiempo se pensó que el endeudamiento público desplazaba la inversión privada al hacer que la financiación fuera más costosa para el sector privado. Los impuestos más altos, naturalmente, han sido considerados como una reducción de la rentabilidad de la empresa privada.

La antigua ortodoxia, en otras palabras, ha servido a los ricos en activos y a aquellos que disfrutan de ingresos por poseer o controlar capital. El poder de esos intereses – en términos de definir las ideas reinantes de lo que se considera una política seria, aparte de ejercer presión directamente – se puede observar en la respuesta de la mayoría de los países ante el aumento anterior en la deuda pública causado por la crisis financiera mundial. La ortodoxia fiscal estaba detrás del impulso para reducir el gasto público en muchos países.

Hoy en día es mucho más difícil imaginar recortes significativos en los presupuestos públicos. En parte porque el daño causado por los recortes anteriores es actualmente visible, y otros recortes adicionales son más difíciles de justificar. Y también en parte porque la pandemia en sí concentra la atención política en los servicios públicos inadecuados, y en el sector público y en otros trabajadores claves mal pagados. Mucho más que en el caso de hace una década, los déficits presupuestarios ahora deberán cubrirse con aumentos de impuestos.

No debemos esperar que aquellos que se beneficiaron de la "responsabilidad fiscal" del pasado abandonen la lucha por sus intereses. Si los aumentos significativos de impuestos son, de hecho, inevitables, la lucha se trasladará a donde cae la carga tributaria más pesada: cuáles impuestos aumentan y en qué medida. Hay que anticipar que ésta será la batalla más intensa relacionada con la política económica si regresamos, o cuándo volvamos, a algo que se asemeje a la normalidad.

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