El casamiento
La primera nota señala a Carmela como "la empresaria uruguaya que fue a una megafiesta de casamiento luego de traer de Europa el coronavirus" que "contagió a, al menos, 20 personas, que están bajo tratamiento, entre ellos, a uno de sus hijos, de 30 años".
"La Nación pudo confirmar que todos esos casos fueron de personas que concurrieron al casamiento al que fue Carmela, a pocas horas de haber regresado de Europa con síntomas gripales, o que tuvieron contacto con ella", decía la noticia.
Según se lee en la demanda, el casamiento de la discordia se realizó el 7 de marzo de 2020, día en el que Hontou llegó de un viaje a Madrid. Su defensa remarcó que en ese momento "no existía en ese momento absolutamente ninguna limitación, protocolo sanitario de especie alguna vigente", ni se realizaba ninguna indicación de cuarentena.
Para los abogados Fernández actuó con una "saña especial" al decir que "todos los casos tuvieron origen en la actora", y alegaron que el periodista desconocía que "muchos más participantes de esa fiesta habían vuelto de Europa recientemente y que también tenían síntomas".
El cronista de La Nación también hizo referencia a diversos audios que se volvieron virales en los primeros días de la pandemia, en los que se decía que Carmela "contagió a muchas personas en el casamiento, que violó la cuarentena, que obligó a su empleada doméstica a trabajar, prácticamente que inicio la pandemia del coronavirus en el país".
Los audios fueron enviados por algunas de sus vecinas del edificio Forum, que luego denunciaron penalmente a Hontou por romper la cuarentena. La denuncia fue archivada y la diseñadora demandó a sus 219 exvecinos por daños y perjuicios por un monto cercano a los US$ 600 mil.
"(Fernández) toma la denuncia falsa efectuada los vecinos de la accionante, que a la postre termino archivada, como si fuera un hecho totalmente verídico, (...) se le olvido chequear todas las fuentes de la noticia", criticaron los demandantes.
La empleada doméstica
La segunda noticia señalada fue publicada en La Nación el 18 de marzo, e informa que Hontou también había contagiado a su empleada doméstica, con una foto de la diseñadora.
Para los representantes de Carmela, en este informe Fernández "busca generar odio de clase u odio social, ya que establece relaciones de poder, y mentiras inexistentes como verdades absolutas en su nota".
Según se lee en la noticia, el contagio de la empleada no fue "uno más", porque expandió "el coronavirus a otras zonas de Montevideo" en los que hasta el momento no se habían identificado casos positivos de covid.
Además, se remarcó que también "inquietó" que la empleada "se movilizaba en ómnibus de línea desde la casa de Carmela sobre la rambla hasta su domicilio en los suburbios de Montevideo, lo que podía expandir el virus", y se informó que la mujer "fue en ómnibus capitalino a la institución médica en la que se asiste para hacerse el examen de coronavirus, que terminó dando positivo".
"Médicos que atendieron el caso de la empresaria llamaron la atención de que esa residencia estuviera una mujer y su hijo, con el riesgo de contagiarse, pero, según dijo personal de salud, Carmela pidió que quien se desempañaba en el sector doméstico (limpieza) no dejara de concurrir a su casa, para no descuidar las tareas", continúa el reporte.
Los abogados afirmaron que "la noticia es totalmente falsa" y "demostrativa de la real malicia al reportar de Fernández", que entienden buscaba "un verdadero linchamiento público" de Hontou, y quien creen que hizo parecer a la diseñadora como "una persona totalmente prejuiciosa, clasista".
Daño moral y lucro cesante
Tras la publicación de estas noticias, los abogados denunciaron que Carmela "fue insultada, ridiculizada, amenazada personalmente y en las redes sociales, pasó a ser conocida como la persona malvada que propago el coronavirus en el país".
El documento alegó que "el hecho de haber difundido imágenes de Hontou, haber reportado noticias falsas buscando promover el odio social hacia su persona", representó un "abuso en el ejercicio del derecho que tiene el demandado a brindar información", ya que "pisoteó los derechos de intimidad, honor y decoro de los reclamantes, agrediendo su esfera jurídica".
"La libertad de información no es un derecho absoluto, y el accionar de los dependientes del codemandado ha mancillado el honor, la integridad moral, imagen e intimidad de la demandante", añadió.
Para la defensa de Hontou, Fernández actuó con la "intención de dañar al sujeto pasivo de la noticia", y de "engañar a la comunidad que necesita estar debidamente informada", y lo señalan como "el responsable directo del daño causado" a la diseñadora, junto a La Nación como su medio.
Por esta situación, la demanda sostiene que Carmela "tuvo que soportar ser considerada como culpable" de expandir el covid en Uruguay "por la población entera".
"Luego del estado público que tomó la causa ya nada fue igual para ella, todo el país dictó sentencia fallando la muerte civil de Carmela y la condenó al aislamiento, al trato de frialdad, a la mirada cargada de desprecio", lamentaron sus abogados, que indicaron que Hontou "nunca será tenida en cuenta nuevamente por el público" de la moda, y además "tiene secuelas psicológicas de importancia" tras los acontecimientos.
Los abogados calcularon en US$ 35.000 el daño moral sufrido por Carmela en este caso. Por otra parte, reclaman US$ 60.000 por el lucro cesante que sufrió, debido al daño a "la reputación e imagen comercial de la empresaria" que ocasionó la difusión de estas historias.
"Se trata de la destrucción de una imagen y una marca que tenía una gran reputación nacional e internacional, producto de años de trabajo y dedicación, imagen que difícilmente pueda recuperarse por las razones expuestas, lo que afectara sin duda los ingresos económicos de la actora en el presente y futuro", detallaron desde su defensa.
