Guantánamo, una prisión ilegal que lejos de cerrar planea crecer

Ahmed Mohamed Ahmed Haza al Darbi llegó a Arabia Saudita, su país natal, el 2 de mayo. Allí cumplirá el resto de su condena por haber participado en un atentado contra el petrolero francés "Limburg" en 2002, frente a las costas yemeníes.

El saudita fue condenado a 13 años de cárcel en 2017, y pasó su primer año de condena en la prisión militar estadounidense de Guantánamo. Su traslado es el primero de este tipo desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2017.

Hasta ahora, las autoridades sauditas habían recibido a detenidos durante el mandato del expresidente estadounidense Barack Obama, que quiso cerrar la cárcel de Guantánamo aunque su voluntad terminó solo en una expresión de deseo.

Los últimos que habían salido de ese infierno habían sido cuatro presos yemeníes transferidos a Arabia Saudita el 5 de enero de 2017, dos semanas antes del inicio del mandato de Trump.

La salida de Darbi se debió a su colaboración con las autoridades estadounidense desde que se declaró culpable, hace cuatro años, de haber estado involucrado en el ataque al "Limburg" en el Golfo de Adén en 2002. Un marino búlgaro murió y 12 personas resultaron heridas.

Su partida dejó en 40 el número de detenidos en Guántanamo, una prisión muy criticada por los defensores de los derechos humanos porque sus reclusos no fueron juzgados por tribunales civiles sino por comisiones militares.

Trump acordó, sin embargo, una segunda vida a esta controvertida cárcel: en enero, decidió mantenerla abierta y enviar allí a nuevos detenidos que serán los primeros en llegar desde 2008.

También encargó al Pentágono que definiese qué tipo de prisioneros de guerra podrían ser enviados a Guantánamo.

La prisión de Guantánamo fue creada durante el gobierno de George Bush, luego de los ataques del 11 de setiembre de 2001. Por ella han pasado unos 780 presos. Pero el mismo Bush liberó a más de 500 y su sucesor, Barack Obama, a otros 200.

Obama se encontró con varios obstáculos en el camino que le impidieron cumplir con su promesa: la oposición de la opinión pública, dificultades para que otros países aceptaran recibir a los detenidos y prohibiciones legales impuestas por el Congreso.

De los 40 prisioneros que aún siguen en Guantánamo, cinco fueron declarados aptos para ser puestos en libertad al final de la era Obama, pero siguen ahí. Contra 26 de los reclusos nunca se presentaron cargos. Pero Washington ha decidido negarles la libertad, al considerar que son peligrosos.

Estados Unidos adquirió Guantánamo de manera formal después de apoyar la rebelión de Cuba contra el dominio colonial español y alquilaron un pedazo de tierra en ese país. El arrendamiento inicial de Guantánamo se fijó en 2000 dólares al año.

Poco después de que Fidel Castro asumiera el poder en 1959, el gobierno cubano exigió el retiro de las fuerzas estadounidenses de Guantánamo. Desde entonces,, Cuba dejó en claro que la base de Guantánamo es un territorio ocupado de forma ilegal.

Por su parte, Estados Unidos ha señalado que Guantánamo sirve para acoger a los refugiados cubanos. A principios de marzo, en la base había 28 migrantes cubanos que esperaban ser ubicados en algún país que no fuera Estados Unidos.

Antes del 11 de septiembre, Guantánamo era una base pequeña y casi abandonada operada por el mínimo personal necesario. Ahora se compone de más de 1400 edificaciones.

El 11 de septiembre de 2001 la guerra contra el terrorismo internacional dio un giro total. Los atentados contra los Torres Gemelas en Nueva York supusieron un antes y un después en la forma en que se combatía a organizaciones como Al Qaeda.

El entonces presidente, George W. Bush, comenzó a utilizar la base militar como prisión para todos los sospechosos de pertenecer a una organización terrorista.

Muchos prisioneros dieron testimonio de las torturas que recibieron dentro de la prisión militar. Ahogamiento, privación del sueño y palizas fueron algunos de los métodos utilizados por los interrogadores estadounidenses, según los denunciantes.

En febrero, Nils Melzer, relator especial sobre Torturas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció que Washington aún torturaba al menos a un preso del centro de reclusión. Melzer acusó a EEUU de violar "de manera manifiesta" la Convención contra Tortura, enviando así un "peligroso mensaje de complacencia e impunidad" a su propio país y al mundo.

Las denuncias del experto de la ONU aludieron, además, a un informe de la Comisión de Inteligencia del Senado de EEUU de 2014, cuando reconoció que la CIA había recurrido a la tortura durante los interrogatorios a yihadistas, tras los atentados del 2001.

Pero el departamento de Defensa de EEUU negó las acusaciones del experto. "Estas afirmaciones han sido investigadas en varias ocasiones en el pasado y no se encontró ninguna evidencia fiable para sustanciarlas", declaró a Reuters un portavoz del Pentágono, el mayor Ben Sakrisson, en diciembre de 2017.

En febrero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las garantías del debido proceso para los detenidos de Guantánamo.

En setiembre de 2017, la CIDH había participado de una audiencia temática durante las sesiones públicas en la Ciudad de México, en la que se trataron las presuntas violaciones de los derechos humanos en los juicios que se llevan a cabo sobre detenidos de Guantánamo ante comisiones militares.

En esta audiencia, la CIDH recibió información que demostraba repetidas violaciones al debido proceso, como el privilegio abogado-cliente del acusado por el gobierno de los Estados Unidos, así como falta de independencia judicial del Departamento de Defensa.

La CIDH rechazó también que se siga negando a los detenidos el acceso a adecuada atención médica, psicológica, y psiquiátrica para abordar los impactos duraderos de los actos de tortura, que habían sido documentados en el centro de detención de Guantánamo.

La Comisión llamó entonces a EEUU a cerrar el centro de detención en la bahía de Guantánamo lo más pronto posible, siguiendo una serie de recomendaciones bajo la ley internacional de Derechos Humanos.

El pasado 2 de mayo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, envió a la Casa Blanca una nueva guía sobre cómo los militares estadounidenses pueden considerar a los detenidos para una posible transferencia a la prisión castrense de la Bahía de Guantánamo, dijo el miércoles un alto funcionario del Pentágono.

Las recomendaciones de Mattis brindan "orientación a nuestros combatientes sobre la nominación de detenidos para su traslado a Guantánamo en caso de que esa persona presente una amenaza continua y significativa a la seguridad de Estados Unidos", dijo a AFP la portavoz del Pentágono, la comandante Sarah Higgins.

Sin embargo, cualquier intento de enviar nuevos presos a Guantánamo debería probablemente enfrentar numerosos desafíos legales.

"Dada la historia de tortura, detención ilegal y total falta de justicia que se brinda allí, ningún nuevo detenido debería ser trasladado a Guantánamo", dijo Daphne Eviatar, directora de Amnistía Internacional para Estados Unidos en un comunicado.

Trump dio en enero un plazo de 90 días para que Mattis y a los jefes de las agencias de inteligencia le hicieran recomendaciones políticas sobre los detenidos en tiempos de guerra y si deberían ser o no enviados a Guantánamo.

Funcionarios militares estadounidenses han discutido abiertamente sobre el destino de los detenidos del grupo Estado Islámico (EI), principalmente combatientes extranjeros, en manos de milicias respaldadas por Estados Unidos en el norte de Siria.

El jefe del Pentágono agregó que estaba "absolutamente seguro de que no hay nada que esté pasando allá abajo (en Guantánamo) que no esté de acuerdo con" las convenciones de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra.

Pero la prisión ya tiene su propia fama.