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Hacinamiento en cárceles, el más alto desde 2013: hay 130 presos cada 100 plazas
La densidad carcelaria en Uruguay es del 130,9%, es decir, hay un poco más de 130 presos por cada 100 plazas disponibles en las cárceles, y este es el porcentaje más alto en los últimos ocho años, desde 2013.
Esto significa que existe superpoblación o hacinamiento crítico, e implica muy malas condiciones de vida y obstáculos para los programas de rehabilitación.
Los datos, consignados por Búsqueda, indican que actualmente hay 13.402 personas privadas de libertad, lo que implica 1.500 presos más desde que asumió el nuevo gobierno.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, señala cómo ejemplo de los resultados en materia de seguridad durante su primer año de mandato al aumento de la población carcelaria. Pero al mismo tiempo, esto genera un problema de hacinamiento, tal como se señala desde la propia cartera de seguridad.
Al comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, le preocupa el hacinamiento en las cárceles, que va en aumento en los últimos años. En el último informe anual sobre el sistema penitenciario, Petit señala que durante 2018, se logró que la población carcelaria estuviera por debajo de su capacidad de alojamiento.
A partir de ese año la población aumentó. “Si la tendencia de crecimiento poblacional se mantiene la sobrepoblación y el hacinamiento volverán en breve a ser un problema medular del sistema penitenciario”, indicaba en ese entonces. Ese informe tiene 97,5% como último porcentaje de densidad en diciembre de 2019.
En diálogo con Búsqueda, Petit afirmó que la sobrepoblación se puede solucionar aumentando la capacidad con la construcción de nuevas cárceles o rediseñando el sistema para aplicar "medidas firmes de contención, con seguridad y tratamiento rehabilitador", pero también complementario con otras medidas de rendición de cuentas penales y sociales, como las medidas alternativas.
En julio del año pasado, el Ministerio del Interior presentó el Plan de Dignidad Carcelaria, pensado para poner en marcha a cinco años, que tiene tres ejes: el edilicio, la educación y capacitación de los reclusos, y la salud e inclusión.
En este sentido, las autoridades de la cartera de seguridad prevén cerrar las cuatro cárceles que están en jefaturas departamentales —Artigas, Flores, Tacuarembó y Treinta y Tres— y se planifica la construcción de una cárcel de máxima seguridad que alojará a los presos más peligrosos del país, y que tiene un monto de inversión estimado de entre US$ 18 millones y US$ 20 millones.
Dentro de este plan, se prevé que las cárceles tengan una capacidad máxima de 350 personas.
En entrevista con El Observador en octubre del año pasado, Petit dijo que el hacinamiento "tiende a arruinar las posibles actividades programáticas" pero esto solo "es una faceta del problema".
"El hacinamiento genera necesidad de espacios. Yo diría que es como la fiebre. Hay dos síntomas. El otro es la prisionización. Yo no tengo la solución. Creo que hay muchos actores que tienen que ser oídos. Y también tiene que lograrse que el sistema sea financiable, porque tiene que serlo para lograr un buen servicio", señaló.
En ese entonces, opinó que era "razonable" una cárcel de máxima seguridad, pero eso "no quiere decir máxima inhumanidad". "Ese mayor control no rompe con lo que son los derechos humanos y la finalidad socioeducativa. Es decir, una cárcel de máxima seguridad también es razonable si tiene estándares de derechos humanos".
