Nacional > Entrevista a Juan Miguel Petit

"Una cárcel de máxima seguridad es razonable si tiene estándares de derechos humanos"

El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, alertó que el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene hoy un hacinamiento de 128% y que la tendencia es al alza desde hace años

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19 de octubre de 2020 a las 05:00

Juan Miguel Petit luce contento, pero sobre todo cansado. Fue reelecto como comisionado parlamentario para las cárceles este miércoles, por votación unánime en la Asamblea General, y con un aplauso de varios segundos por los legisladores de todos los partidos.

“Fue un shock emotivo tremendo. Sentí agradecimiento, mucha emoción y compromiso”, dice ahora desde su oficina en la que fue entrevistado por El Observador

Petit tiene por delante monitorear los proyectos anunciados para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) por el ministro Jorge Larrañaga en los próximos cinco años, como la construcción de cuatro cárceles, una de ellas de máxima seguridad. El comisionado advirtió que este tipo de reclusión deberá tener "estándares de derechos humanos" y alertó sobre el desafío que conlleva. "Es razonable una cárcel de máxima seguridad, que no quiere decir máxima inhumanidad; máxima seguridad también quiere decir máxima intervención", señaló. 

También controlará el desarrollo del Plan de Dignidad Carcelaria –que implica la construcción de más plazas, dar más educación, salud y trabajo a los reclusos, entre otros objetivos–, así como el aumento de la población carcelaria: hoy hay casi 13.000 reclusos, lo que convierte a Uruguay en uno de los países de América con el índice de prisionización más alto. A continuación un resumen de la entrevista con El Observador.

¿Qué cambió en estos cinco años de trabajo?
El sistema carcelario tuvo mejoras importantes. La reforma penitenciaria que se inició en 2015 fue un proceso positivo que dejó muchas cosas alcanzadas, protocolos técnicos, experiencias innovadoras, mejora en la dotación educativa, aunque insuficiente. Y ahora tenemos un aumento de la población penitenciaria sostenido que está poniendo en jaque las plazas penitenciarias. El hacinamiento en este momento medido con los parámetros actuales de la nueva administración es de 128%. Usando los parámetros de la anterior administración es de 116%. Esto quiere decir que de 100 plazas hay 128 o 116. En la medición oficial de hoy, cada 100 plazas hay 128 personas.

¿Es crítico a partir de cuánto?
A partir de 120%.

¿O sea que ahora subió?
Claro. Hace dos años estábamos en el 98%. Pero ahora se superó. Entonces el gran desafío es avanzar en la reforma penitenciaria. La anterior administración le llamaba reforma penitenciaria, la actual le llama dignidad carcelaria. 

¿Es positivo o negativo que el sistema carcelario tenga más ingresos que egresos? ¿En algún momento Uruguay puede darlo vuelta y pasar a tener más egresos que ingresos?
Hay un equilibrio entre la cantidad de personas privadas de libertad, que es el punto óptimo que cada país debe encontrar de acuerdo a su cultura y es el resultado de la política criminal.

¿Y Uruguay no lo encontró?
Uruguay tiene hoy en día una población penitenciaria que nos da una señal de alerta. Estamos solucionando con una medida extrema, como lo es la privación de libertad, conflictos sociales que deberían tener otra solución. Y hay un tema que tenemos que incorporar a esta reflexión que es el urbanismo social, como ocurrió con Medellín. La intervención del urbanismo social logró incorporarle fortalezas a un tejido social pauperizado a través de la educación, la cultura, el deporte, la familia, la participación, el transporte, y eso le permitió bajar los índices delictivos. Por supuesto que la policía es necesaria y son necesarios los patrulleros y los mecanismos de seguridad. Pero si no se cambia lo sustantivo la violencia va a seguir apareciendo. 

Si se construyen más cárceles, ¿va a bajar el hacinamiento? ¿Qué es lo que va a hacerlo bajar, si es que algo lo hará?
El hacinamiento tiende a arruinar las posibles actividades programáticas. Pero es una faceta del problema. El hacinamiento genera necesidad de espacios. Yo diría que es como la fiebre. Hay dos síntomas. El otro es la prisionización. Yo no tengo la solución. Creo que hay muchos actores que tienen que ser oídos. Y también tiene que lograrse que el sistema sea financiable, porque tiene que serlo para lograr un buen servicio. Es un servicio al preso, a su familia, y un servicio fundamentalmente a la comunidad. Hasta que no entendamos que las buenas cárceles es un derecho del ciudadano común  y corriente, vamos a seguir conviviendo con cárceles malas o más o menos. Yo tengo derecho a que cuando quede libre la persona que delinque pueda tener un trabajo, una familia, un barrio, un lugar a donde vivir, y no salga de nuevo a cometer un delito. Como ciudadano tengo derecho a eso, y pago mis impuestos para eso. Es un tema a discutir.

Una de las soluciones que encuentra el gobierno actual y el ministro Larrañaga al hacinamiento es la construcción de cuatro cárceles: una de máxima seguridad y otras tres en Tacuarembó, Artigas y Treinta y Tres. ¿Es el camino por el que hay que seguir?
Hay muchos caminos. Indudablemente ahora hay una realidad en la cual se necesitan reestructurar varias cárceles y tirar abajo algunas que están que se caen a pedazos: la de Artigas, la de Treinta y Tres y la de Tacuarembó, que son de la época poscolonial que no tienen reciclaje posible. Y hay edificios que son totalmente inadecuados como el celdario N° 1 en el Penal de Libertad. Y por lo tanto hay que construir algunas nuevas. Es razonable una cárcel de máxima seguridad, que no quiere decir máxima inhumanidad; máxima seguridad también quiere decir máxima intervención. 

¿En qué sentido es razonable?
Es razonable en el sentido que es necesario para una población que pueda ser problemática por sus causas, por su situación y por sus vinculaciones tener un régimen de control mayor. Ese mayor control no rompe con lo que son los derechos humanos y la finalidad socioeducativa. Es decir, una cárcel de máxima seguridad también es razonable si tiene estándares de derechos humanos.

¿Usted dice que puede existir una amenaza de que una cárcel de máxima seguridad tenga una tendencia a deshumanizar?
No necesariamente. Depende de cómo se haga. Hay cárceles de máxima seguridad muy humanas. Yo visité una cárcel de máxima seguridad en Suecia para 100 personas y estaba enclavada en el medio de un barrio con la gente merendando y haciendo sus compras enfrente a la cárcel y la cárcel funcionaba correctamente con toda la dotación de recursos que tenía.  

¿Por qué no se hizo antes?
Esto es un tema que está sobre la mesa hace mucho tiempo. Creo que de hecho por ese mismo motivo sigue abierto el Penal de Libertad, en donde hay una mezcla de población bastante grande. Entonces creo que tiene sentido este punto.

¿Cómo se está llevando con Larrañaga?
Tenemos un muy buen diálogo tanto con él como con el comando del INR, permanente. Trabajamos intensamente.

Todos los gobiernos tienen sus líneas de trabajo, y este año se vieron operativos y decomisos importantes en cárceles. Algunos presentados como históricos. ¿Cómo lo evalúa? ¿Está logrando cambios?
El mecanismo de control y de requisa es natural que exista, tiene que existir. Como es un mecanismo sensible, porque la revisación de una persona y de sus objetos siempre produce fricciones, es delicado, por eso siempre tratamos después de que se hace observar cómo ocurrió, dialogamos primero con las autoridades a propósito de los protocolos, pero es natural que exista. O sea que eso es correcto que se haga. Siempre que ocurre una requisa pueden ocurrir fricciones y denuncias. Hay que investigarlas. En general, se han hecho correctamente. 
 

Datos

Según datos del último informe anual presentado por Petit al Parlamento, el 61% de los presos tienen actualmente 11 meses de pena. El comisionado parlamentario también destacó en el documento que el 7,8% de la población no sabe calcular y el 13% tiene serias dificultades para hacerlo, y que el 6% no sabe leer y el 12% lo hace con dificultad.

Para Petit también es destacable que el 35% de los presos tiene de 18 a 24 años, y que el 23% tiene entre 25 a 29, lo que significa que el 58% de los presos tiene menos de 29 años. "Entonces claramente hay un fenómeno de política social no resuelto: jóvenes sin educación, pobres, que recurren a estrategias de transgresores ilegales, que por supuesto que tienen que ser sancionadas y tiene que haber rendición de cuentas, pero que muchas veces el encarcelamiento no es la mejor solución", dice el jerarca.

 

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