Harán planes de seguridad para cada preso que salga a trabajar
Desde Interior se aseguró que no se resentirá la seguridad a la población
El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que permitirá que un equipo interdisciplinario –y no sólo la Justicia como ocurre hoy– autorice las salidas de los presos para trabajar o estudiar. Los que salgan siempre deberán hacerlo con custodia policial. Fuentes del Ministerio del Interior señalaron ayer a El Observador que, el hecho de tener que utilizar efectivos para vigilar a los reos, no resentirá la seguridad a la población.
De hecho, hoy ya se hace aclaró un jerarca ministerial, al comentar que las liberaciones transitorias se harán en un marco de razonabilidad e involucrará a personas que participen en programas de rehabilitación.
Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) comentó a El Observador que “cada caso será estudiado y se determinarán planes de segurdiad y cuántos policías se requerirán para vigilar a los reclusos que obtengan el beneficio de las salidas transitorias”. Para ello “se harán estudios de seguridad sobre las zonas donde irá a trabajar el recluso”, afirmó.
Las autorizaciones las decidirá una comisión que se creará a tales efectos con el director y subdirector técnico del INR y el director del Patronato Nacional de Encarcelados y Libertados. Ese grupo, previo informe favorable del Instituto de Criminología de Patronato, comunicará sus autorizaciones de salida en un plazo de 48 horas a los jueces de cada causa. La decisión del grupo interdisciplinario se tomará “por unanimidad”.
“La autorización deberá establecer claramente el lugar al cual debe trasladarse un recluso, horario y la custodia que deberá acompañar a cada interno”, según el decreto que reglamentó el artículo de la Rendición de Cuentas que estableció el nuevo mecanismo de permisos. “No se hará nada a espaldas del juez”, comentó Mendoza.
Las autorizaciones pueden ser revocadas por la comisión e incluso, en caso de inconducta de un interno, la dirección de la cárcel podrá suspender la salida.
Actualmente el sistema carcelario aloja a 9.700 personas y algo más de la mitad (53%) estudia, trabaja o hace ambas actividades intramuros. Según la calificación de las penitenciarias es que varía ese porcentaje.
En las cárceles “de confianza” como lo son las chacras, la totalidad de los internos trabaja o se capacita, mientras que en cárceles de máxima seguridad, como Libertad, el porcentaje baja a 44%.
Esa actitud, de trabajar o estudiar, permite reducir las condenas. Además, a través del Patronato del Encarcelado, hay reclusos que trabajan fuera de las cárceles. Cuando El Observador lo llamó ayer, Mendoza estaba recorriendo Piedras de los Indios, la cárcel de Colonia.
Diez de sus reclusos salen todos los días a trabajar para la Intendencia en la recolección de residuos y barrido de la ciudad y hay otros cinco, ya liberados, que cumplen esa tarea, comentó. La idea principal es lograr la rehabilitación de los reclusos y facilitarles su reinserción social para evitar que caigan en el delito.
Años atrás los directores de cárceles eran los que autorizaban las salidas pero al constatarse casos de corrupción el sistema se cambió y hasta ahora fue la Justicia la única que tomaba esa decisión.
El ministro Eduardo Bonomi (Interior) había cuestionado a los operadores judiciales por poner palos en la rueda a que los reclusos trabajen.
