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Tras varias semanas de discusión interna y consultas al gobierno, el Frente Amplio (FA) llegó a un acuerdo para modificar la ley de asociación público privada. De esta forma los sectores que tenían reparos con el proyecto original del Poder Ejecutivo accederán a votarlo, salvo el Partido Comunista que mantiene su rechazo general a la iniciativa por considerarla privatizadora.

Los grupos que integran el Frente Líber Seregni (Asamblea Uruguay, Alianza Progresista y Nuevo Espacio) aceptaron la mayoría de los cambios que reclamaba el MPP, el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista.

La situación se destrabó cuando el equipo económico transmitió de forma oficial que en general no tenía inconvenientes con las modificaciones propuestas. Así lo expresó el subsecretario de Economía, Pedro Buonomo, en una reunión con los sectores astoristas este jueves de tarde en el Parlamento.

Dos días antes, también en el Parlamento, el presidente José Mujica había reclamado públicamente a la bancada oficialista que vote el proyecto de ley y deje las discusiones para después. El mandatario dijo en conferencia de prensa –tras entregar la memoria de su primer año de gobierno– que había importantes empresarios esperando por esta nueva herramienta legal para invertir en Uruguay. “Hay que darse cuenta de las cosas importantes. Después de tener todo arriba de la mesa discutimos lo que quieran”, expresó el mandatario.

Los cambios al proyecto original pasan por dejar a texto expreso en el articulado que por medio de la asociación con privados el Estado no venderá nada de su patrimonio. Esto lo pidió el MPP y es para dejar en claro que los emprendimientos con participación público privada (PPP, como los llama el Ejecutivo) no implican privatizar nada. Por ahí se busca además convencer a los comunistas de votar la ley.

El diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, dijo a El Observador que no hay inconveniente con poner esto en la ley ya que, de hecho, “el espíritu de la ley no es para nada privatizador”. “No se plantea privatizar ninguna empresa pública”, aseguró.

“Acá no hay gato encerrado”, dijo este jueves el subsecretario Buonomo a los legisladores astoristas. Asti dijo que también hay acuerdo en aumentar los controles públicos sobre las futuras asociaciones, y en darle más garantías a los agentes que financiarán las obras, como pidieron las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

Los socialistas hicieron hincapié en que el Estado debe disponer de mayores mecanismos de control, incluso parlamentario. Esta postura coincide con el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) que advirtió de su escasa participación en el proyecto original del Ejecutivo.


Donde no hay acuerdo aún es en precisar qué tipo de obras realizará el gobierno con esta ley de participación mixta.

El Frente Líber Seregni entiende que además de carreteras, puentes, aeropuertos, puertos y vías de tren, el gobierno puede construir cárceles, escuelas, hospitales y viviendas en sociedad con empresas privadas.

Pero los dirigentes socialistas discrepan y piden que la ley explicite que solo habrá asociaciones para desarrollar obras de infraestructura productiva (vial y logística).

(Observa)

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