De acuerdo a lo que percibe en su empresa, los productores que por alguna razón evalúan vender ya no dicen “vamos a dejar de pedir precios espectaculares”, sino “vamos a pensar en un precio para vender”. El cambio va algo más lejos. Explicó que el mercado está más enlentecido, hay menos operaciones “y la ansiedad que hasta ahora venía del lado de los compradores empieza a venir del lado de los vendedores. Antes teníamos que abrir las porteras, ahora nos llaman las familias”.
Esto es la primera vez que pasa en estos últimos cinco años. Y lleva a otros cambios en el mercado. Con la facilidad que se vendían los campos, surgió mucho operador informal, conocido como “datero”, ahora –opina Da Silva– el mercado se vuelve a formalizar, a ordenar.
Es que el precio ha subido hasta equiparar a las cotizaciones internacionales. Ya no estamos desbalanceados. “Los valores actuales son históricamente altos. Incluso cuando viene gente de Iowa, como nosotros recibimos en días pasados, se sorprenden con los valores. Las oportunidades de precio están en Paraguay, Uruguay tiene muchas virtudes para ofrecer en ganadería y agricultura, pero oportunidad en términos de precio ya no es”.
A ese panorama se suma el debate ideológico que se viene. La extranjerización de la tierra, una vieja consigna de la izquierda, comienza a estar en la agenda. Pero ahora enmascarada por nuevas relaciones. Mientras que la cautela aumenta por aquí, Paraguay se consolida como la nueva estrella en el mercado de la tierra.
Ciertos sectores del Frente Amplio quieren seguir controlando a la presencia extranjera en el campo uruguayo. El tema, incluso, se analizará en el Congreso Nacional del Frente Amplio el 23 y 24 de noviembre.
La tierra en manos de extranjeros ya era un tema para algunos sectores nacionalistas desde principios del siglo XX. Fue una consigna fuerte en los años 60, cuando, a instancias de la revolución cubana, la izquierda latinoamericana asumió que la explotación económica del recurso natural era otra forma de socavar la soberanía e instalar la especulación y la prevalencia del más fuerte.
“Tierra para el que la trabaja”, “Tierra para todos o para nadie”, fueron frases que integraron el folclore de aquellos años, enunciadas por los sectores revolucionarios. Cuarenta años después, algunas cosas cambiaron bastante y otras no tanto. Muchos de aquellos hombres detentan el gobierno en Uruguay. Muchos revolucionarios de entonces ya no lo son tanto. Y varios extranjeros que compraron tierras se han afincado y se sienten uruguayos porque se han radicado en el país.
Muchos llegaron para invertir donde antes había campo pelado, trajeron tecnología innovadora y respetan condiciones laborales cada vez más exigentes.
En los últimos 10 años, el campo ha sido el motor del crecimiento del país. Siete de cada US$ 10 que se exportan parten del negocio agroindustrial.
A las tensiones impositivas de los últimos años –reforma tributaria de 2007, ICIR, Patrimonio y la posibilidad para el próximo período de gobierno del regreso del Impuesto de Primaria–, se sumará pronto la discusión de la tenencia de la tierra en manos de extranjeros.
Mitad nacional, mitad no sabe
Uruguay tiene 16,2 millones de hectáreas con potencial productivo y 47.300 empresas dedicadas a la actividad agropecuaria. Para el gobierno es crucial saber quiénes están atrás de esas explotaciones.
Según el Recuento Preliminar del Censo 2011, cuyos resultados finales estarán prontos en octubre, algo más de la mitad está claramente en manos de uruguayos (8,7 millones de hectáreas), en tanto otra mitad (7,49 millones de hectáreas) pertenece a personas físicas y jurídicas de distinto tipo que pueden o no ser extranjeras.
Declaradamente en manos de empresarios externos hay unas 500 mil hectáreas. De estas hay 105.379 hectáreas en manos de argentinos, 232.112 hectáreas en manos de brasileños, en tanto otras 147.000 figuran en poder de personas (físicas o jurídicas) no uruguayas, es decir extrarregionales, informó Camilo Saavedra, director de métodos estadísticos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIAEA).
Después hay un universo de 7 millones de hectáreas que son “no aplicables” para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Son explotaciones cuyos dueños no figuran porque están en sociedades anónimas, sociedad ganaderas y otras formas jurídicas innominadas.
Se cree que gran parte de esas millones de hectáreas estén en manos extranjeras por una sencilla razón de evolución de los hechos. En el año 2000 había apenas 157.000 hectáreas –casi todas forestales, por la ley de promoción de 1988– bajo firma de sociedad anónimas. Más de 10 años después, este tipo de asociación se multiplicó por 20 veces, coincidente con la masiva llegada de las inversiones en el agro.
El trabajo que hay por delante para determinar la “extranjerización de la tierra” es engorroso. La Ley N° 18.930 creó un registro en el Banco Central del Uruguay (BCU) de los titulares de acciones de las Sociedades Anónimas, pero no será un asunto fácil cruzar datos. Otra institución que deberá aportar información es el Ministerio de Educación y Cultura, donde se registran las empresas de este tipo. Apenas 800 empresas “blanquearon” sus directorios, y el resto gestiona la vía de la excepción.
Otra fuente compleja es el propio Censo Agropecuario en redacción. Pero, claro, este relevamiento tiene en cuenta a quien explota la tierra, no a sus verdaderos propietarios. Muchas de las grandes empresas extrajeras usan el arrendamiento como forma de trabajo.
El diputado socialista Yerú Pardiñas agrega una nueva dificultad para saber la composición de la propiedad de la tierra. En base a datos propios y de DIEA, Pardiñas estima que 25% de la tierra en Uruguay está en manos de extranjeros en sus más diversas formas. “Hay dificultades para conocer la verdad absoluta porque mucha tierra ha pasado por más de un comprador”, dice el legislador.
Protagonismo de Colonización
Un proyecto de ley que ya fue remitido al Parlamento permitirá al Instituto Nacional de Colonización (INC) incorporar entre 20.000 y 30.000 hectáreas adicionales a las casi 500 mil que ya maneja actualmente.
“Lo más importante es que le da tranquilidad al instituto para tomar decisiones de compras de tierras. En esta administración llevamos 32.000 hectáreas ya adquiridas y ahora si hay una buena opción no nos vamos a quedar mirando la fiambrera por no tener dinero”, dijo Andrés Berterreche, presidente del INC.
El fideicomiso que se va a trabajar una vez que la ley se apruebe estará en el entorno de US$ 100 millones, lo que implicará que el INC se asegure entre 20 mil y 30 mil has, con lo que llega a las metas que se trazó para este período. El INC no va a “salir a lo loco a comprar, sino a comprar lo correcto de acuerdo a la demanda de los asalariados rurales y los productores familiares”, explicó.
El Poder Ejecutivo transferirá trimestralmente 26.500 unidades indexadas (unos US$ 3 millones) como garantía del fondo y autoriza al INC a destinar a ese fondo 50% de los ingresos provenientes de la venta, arrendamiento y cesión de tierras de su propiedad para atender las obligaciones derivadas de la emisión de certificados y títulos de los fideicomisos que se creen o los préstamos que se tomen por un monto de hasta US$ 100 millones de dólares.
