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Hombre detenido por narco y liberado dijo que cobraba una pensión de $ 10.000 y que realizaba fletes

Aseguró que trabajaba en un carro tirado por caballos pese a que se le incautaron tres autos y una moto

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18 de mayo de 2018 a las 09:23

El Buñuelo, uno de los principales sospechosos de narcotráfico en San Carlos y que quedó libre luego de que su abogado presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código de Proceso Penal, relató ante la Justicia que recibe una pensión del BPS de $10 mil mensuales.

Este jueves la Fiscalía General de la Nación divulgó las actuaciones de la fiscal de Maldonado Patricia Rodríguez en torno al caso. Al ser indagado, el Buñelo relató que, además de cobrar la pensión, trabaja realizando fletes y cargando arena en un carro tirado por caballos. Pese a ello, la fiscal señaló que no se encontraron ni carros, ni animales, ni cartelería que difundiera sus servicios. En cambio, se le incautó un Volkswagen Bora, un Hyundai modelo Cupé, otro modelo Chery QQ, y una moto Yamaha TZR.

Según el pedido de formalización, el Buñelo comercializaba marihuana, cocaína y "merca cocinada" en una vivienda de dos plantas con acceso independiente entre ellas. Una piedra de marihuana era vendida a $ 50, una dosis de "merca cocinada" a $ 100 y el gramo de cocaína a $ 500.


Según el relato de la fiscal, los consumidores pedían la droga tras pasar una malla sombra que estaba frente a la planta baja, y la sustancia se les entregaba a través de un agujero en la pared que impedía visualizar al proveedor. Las ganancias obtenidas de la venta eran enterradas en el fondo de la vivienda.
De hecho, en el allanamiento realizado el lunes se encontraron 10 pozos y palas con tierra húmeda. Dentro de los hoyos había frascos y un bolso con $ 28.980 y 142 gramos de cocaína divididos en 458 dosis.

El Buñuelo fue detenido este lunes en un operativo de la Policía, pero quedó en libertad el martes porque sus abogados presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal, al que el juez de la causa, Vital Rodríguez, dio lugar. Esto produjo que las actuaciones se suspendieran hasta tanto no se pronuncie la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo que puede llevar varias semanas, incluso meses.

La fiscal Patricia Rodríguez planeaba solicitar prisión preventiva para el indagado, a quien acusa de cometer "negociación de estupefacientes", que según la ley Nº17.016 es un delito que tiene una pena de 20 meses de penitenciaría a 10 años de prisión. "Iba a pedir prisión preventiva para terminar de investigar... pero seguiré investigando", dijo, y anunció que cuando se reanude el proceso la solicitará de nuevo, ya que el hombre "puede entorpecer la obtención de las pruebas", entre otros daños que hoy puede generar contra la investigación que ya se inició en su contra, como por ejemplo si se fuga del país.
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