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Miguel Kiguel, un ex subsecretario de Finanzas de Argentina, es el último economista que debió hacer frente a una multa de 500.000 pesos (US$125.000) por decir que la inflación que da a conocer el gobierno es menor que la real, que él estima se encamina al 28%.

“Nos multan por dar nuestra opinión”, dijo Kiguel, un ex presidente del Banco Hipotecario SA, que ahora dirige la compañía de análisis Econviews, en entrevista telefónica en Buenos Aires. “Se trata de un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de trabajo, que son derechos constitucionales que se vulnera con medidas por completo arbitrarias”.

La ofensiva contra economistas independientes como Kiguel implica que un aumento de los bonos argentinos vinculados a la inflación, que en el último mes hizo declinar los rendimientos 99 puntos básicos, a 8,99%, tendrá corta vida, dijo Enrique Álvarez, jefe de análisis de renta fija para América Latina de IDEAglobal en Nueva York. El gobierno informará este lunes que los precios al consumidor treparon 9,8% en marzo respecto de igual período del año pasado, el ritmo más lento en 12 meses, según la mediana de las estimaciones de cinco economistas que consultó Bloomberg.

Los rendimientos de la deuda latinoamericana vinculada a la inflación han declinado 12 puntos básicos, o 0,12 puntos porcentuales, en el transcurso del último mes y han crecido este año 42 puntos básicos, a 5,74%, según Barclays Capital. Los rendimientos de los pagarés de Argentina vinculados a la inflación han aumentado 226 puntos básicos este año conforme el gobierno incrementa la presión contra los analistas que dicen que los precios se aceleran a casi tres veces el ritmo anual oficial de 10% que se informó para febrero.

‘Perspectiva muy negativa’

“El mercado tiene una perspectiva muy negativa de lo que pasa con las consultoras privadas”, dijo Álvarez en entrevista telefónica.

Alfredo Scoccimarro, un vocero de la casa de gobierno, no contestó un llamado telefónico ni los correos electrónicos en los que se le solicitaban declaraciones. Funcionarios de la oficina del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, no contestaron un mensaje ni correos electrónicos.

“Cuando se analizan las metodologías que utilizan las consultoras, se advierte que no son más que garabatos”, dijo Norberto Itzcovich, el jefe del organismo nacional de estadísticas, en una entrevista del diario Tiempo Argentino del 7 de abril. “Lo que le presentaron al secretario de Comercio Interior tiene deficiencias lamentables”.

La compañía de análisis económico Economía Regiones SA, que tiene sede en Buenos Aires, dijo el mes pasado que dejará de difundir su índice mensual de precios debido a la “injusta persecución” por parte del gobierno.

Los aumentos salariales anuales que exigen los sindicatos demuestran que no se confía en las cifras de inflación gubernamentales, dijo Kiguel. Mientras el organismo nacional de estadísticas dice que los precios al consumidor crecieron 10% en febrero respecto de igual período del año pasado, la Confederación General del Trabajo, la mayor organización sindical del país, acordó el mes pasado un aumento de 24% de los ingresos de los conductores de camiones para este año.

“Cuando se observa lo que piden los sindicatos como aumentos salariales, se advierte que tienen motivos para exigir eso”, dijo Kiguel. “Ahora es imposible ocultar la verdad”.
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