Con reparos de la oposición, fundamentalmente por la imposibilidad de apelar los fallos judiciales y dudas sobre los controles que deberán aplicarse, el Senado aprobó ayer, en general, el proyecto de faltas y conservación de espacios públicos, que establece una serie de sanciones alternativas a la prisión para ciertas inconductas.
El texto se aprobó por unanimidad (27 senadores presentes) aunque blancos y colorados presentaron salvedades. Entre las faltas que se castigarán con trabajo comunitario figuran: solicitar dinero con acoso, obstaculizar el tránsito de personas o vehículos, disparar un arma de fuego causando alarma, las picadas de autos o motos en las calles, el vandalismo, provocar desordenes, así como orinar o defecar en la vía pública.
Para el oficialismo, según lo explicó el senador Rafael Michelini, el gobierno tiene “enormes esperanzas” en que este proyecto mejore la cultura de la convivencia en momentos en que la población se presenta más violenta. Michelini dijo que hay que terminar con la conducta de cometer ciertos delitos y del “no pasa nada”.
El proyecto propone realizar trabajo comunitario de hasta 30 días, como forma de castigo con un régimen de dos horas diarias. La sanción impuesta será obligatoria y de no aceptarse, el condenado deberá pasar un día de prisión por cada día de trabajo comunitario incumplido.
El senador del Partido Nacional, Carlos Moreira, criticó el artículo 6 que prevé que a quien maneja embriagado con 1.2 gramos de alcohol por litro en la sangre, se le puede incautar el vehículo. La oposición también cuestionó el artículo 14, que propone sancionar a quienes acampen en un espacio público, sin estar realizando una huelga.
Sobre ese punto, el senador nacionalista Francisco Gallinal, señaló que “el Frente Amplio reglamenta el derecho de huelga que tanto defendió”. Insistió Gallinal: “Un policía o un empleado de una comuna le dirá al ocupante: retírese porque usted no está ejerciendo el derecho de huelga, o le dirá, quédese, porque sí está ejerciendo ese derecho”.
Pero uno de los principales cuestionamientos de la oposición, que aplazó la aprobación del proyecto, es la imposibilidad de recurrir una decisión judicial, algo que en el campo penal no tiene antecedentes.
Ese aspecto será tratado en una sesión extraordinaria de la Cámara Alta el próximo 23 de julio. Para el oficialismo, al tratarse de faltas (y no delitos), no es necesario recurrir a una segunda opinión o tribunal, mientras que para blancos y colorados es un tema de “dar garantías” a las personas cuyo “nombre y honor” pueden verse afectados.
Por otro lado, esta semana, el Senado hará una consulta a la Suprema Corte de Justicia para conocer su opinión respecto a la capacidad de los juzgados de paz del interior para encargarse de las faltas.
A pesar de los cuestionamientos, blancos y colorados están de acuerdo con la filosofía del proyecto.
Moreira dijo que hay comportamientos de grupos sociales que perturban la convivencia en cualquier poblado del interior. Está de acuerdo con las sanciones aunque tiene dudas respecto a la implementación de la norma. El texto prevé que el Instituto Nacional de Rehabilitación (Cárceles) se encargue de la fiscalización de los trabajos comunitarios que se impongan.
El senador colorado Ope Pasquet afirmó que “está bien restablecer el concepto de faltas para mejorar la convivencia que hoy está siendo menoscabada”. El proyecto ya había sido sancionado en Diputados.
