Impositiva investiga a free shops vinculados con zonas francas

Las autoridades sospechan de negocios en la frontera de alta facturación y nula rentabilidad

La Dirección General Impositiva (DGI) inició este lunes un intenso operativo, que continuará hoy, en 35 Free Shop del país, como parte de la campaña que viene desplegando desde hace algunas semanas para detectar irregularidades en zonas francas.

La venta de productos a precios “llamativamente altos” que empresas instaladas en zonas francas hacen a los Free Shop despertó la sospecha de las autoridades de Impositiva de que se trataba de una maniobra para eludir las obligaciones tributarias. El hecho originó el inicio de fiscalizaciones a los comercios libre de impuestos al consumo, según informó a El Observador el director de la DGI, Pablo Ferreri.

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El móvil de las maniobras, según sospechan las autoridades, sería aumentar el margen de los proveedores de Free Shop que operan desde espacios francos, cuyas utilidades están exentas del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), para reducir las ganancias de los Free Shopp, a las que sí se aplica el tributo.

De acuerdo a la información contable proporcionada por algunas de esas empresas a la DGI, el margen bruto de sus transacciones comerciales oscilaría entre 10% y 15%, que de adicionar los costos operativos, determinaría utilidades prácticamente nulas.

Esa realidad no concuerda con los números que presentan otros Free Shop y con el dinamismo del sector en su conjunto, cuyas ventas superan los US$ 600 millones anuales, dijo Ferreri.

“Tal como en el caso de las zonas francas, el régimen de Free Shop cuenta con beneficios tributarios que significan una resignación fiscal de toda la sociedad, por lo cual debemos ser especialmente estrictos por velar por el correcto cumplimiento de las reglas de juego por parte de todos los actores que operan bajo este régimen”, afirmó el director de la DGI.

“De esta manera, también estamos colaborando en asegurarles un marco de competencia leal a aquellos comercios que operan bajo este régimen y cumplen a cabalidad con sus obligaciones; evitando que estén en desventaja con los competidores que evaden impuestos”, agregó.

Los resultados de los operativos realizados en los free shop se conocerán dentro de tres o cuatro semanas.

Por su parte, Carlos Loaiza, asesor de la Cámara de Free Shop, dijo a El Observador que la gremial “reconoce las facultades de la DGI para realizar las inspecciones y que va a colaborar en el marco de la ley”.

Esas acciones se enmarcan en las fiscalizaciones que la DGI viene llevando adelante en las zonas francas. A comienzos de julio, el organismo concluyó la primera etapa de un extenso operativo de fiscalización en las zonas francas, que llevó a la reliquidación de unos US$ 22 millones a un primer grupo de 27 empresas que utilizaron el régimen de exoneración para fines ajenos a lo amparado por la legislación.

Según explicó en aquella oportunidad Ferreri, se trató de empresas que operan dentro de fronteras y utilizan un nombre jurídico amparado en el régimen “al solo efecto de dejar la renta en la zona franca”.

La DGI envió a esas empresas una reliquidación de impuestos, y las convocó para que realizaran sus descargos. Una vez que finalice la investigación, se determinará en cada caso si se trata de evasión o de delitos por defraudación.

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