Impuesto a jubilaciones militares comienza periplo parlamentario
Será aprobado solo con el respaldo del Frente Amplio
La comisión de hacienda de la Cámara de Senadores votará este jueves el proyecto de ley que establece un nuevo impuesto a las jubilaciones militares más altas, según informó a El Observador el senador blanco y presidente de la comisión, Álvaro Delgado.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de mitigar el déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas -que asciende a unos US$ 450 millones anuales- será votado solo por el
Frente Amplio
El impuesto es progresivo. Por ejemplo, las jubilaciones entre $ 54.000 y $57.700 tendrán un descuento de un 2%. A las de $144.000 se les descontará un 20%.
Este impuesto será aplicado durante 18 meses desde el momento en que se promulgue la ley. La idea del oficialismo es traspasar unos US$ 40 millones a rentas generales mientras la aún no aprobada reforma de la
caja militar no tiene efectos para las cuentas públicas.
Una vez que se vote en comisión, el proyecto pasará al plenario del Senado y luego a la Cámara de
Diputados donde el Frente Amplio todavía no tiene los votos asegurados.
La oposición no acompaña el proyecto porque entiende que es inconstitucional y lo mismo entiende el diputado oficialista Darío Pérez (Liga Federal).
Este jueves, paralelamente al trabajo de la comisión parlametaria, el Equipo de Análisis de la Seguridad Social Militar realizará una conferencia de prensa para presentar sus argumentos en contra de esta iniciativa. Los militares entienden que se trata de un impuesto injusto porque no hay otra jubilación que pague una doble imposición. Las jubilaciones militares ya pagan el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). Este impuesto es recaudado por el BPS mientras que el nuevo gravamen sería destinado para el Servicio de Retiros y Pensiones militares.
Un informe firmado por la profesora de Derecho Constitucional María Paula Garat e ingresado en la comisión la semana pasada, afirma que el proyecto "es contrario al artículo 67 de la Constitución" en tanto "vulnera el principio de igualdad", al gravar a un grupo de personas "sin que el mismo manifieste una capacidad contributiva mayor que justifique la diferenciación".
