El presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Javier Salsamendi, y el vicepresidente del organismo, Jorge Ferrando, se mostraron de acuerdo en general con la sentencia de la jueza de Feria de Las Piedras Mary Campiglia, de que la niña Mía .
Para Salsamendi, a lo largo del caso "ha quedado totalmente claro que el INAU ha actuado con absoluta legitimidad, legalidad y en total acuerdo con el interés de la niña".
No obstante, Campligia advirtió el "desprolijo actuar del INAU en todo el proceso de la menor".
En su fallo, la jueza expresó que en marzo la sede autorizó los "informes psicológicos y socio-ambientales" necesarios para, eventualmente, "mantener la niña en su familia de origen, tal como dispone el artículo 321 del CNA en la redacción dada por la ley 18.590".
Salsamendi admitió que las demoras son uno de los principales problemas en este tema, pero que se está trabajando con legisladores para poder solucionarlo.
Sobre el , que aduce “incapacidad para garantizar el bienestar y el interés de los menores a su cargo”, los jerarcas tildaron esta solicitud como una "maniobra política menor del más bajo nivel" y que es parte de una "campaña electoral".
A su vez, rechazaron enfáticamente que el INAU haya presionado a la Justicia por el caso y descartaron que se esté persiguiendo a las familias cuidadoras.
Versiones contrarias
Mientras los padres sustitutos de Mía señalan que quien le quitó a la niña fue una funcionaria del Centro de Estudio y Diagnóstico (CED) del INAU de Canelones, de nombre Rossana, Salsamendi expresó que la pequeña no fue “arrancada” a los padres sustitutos, sino que fue el propio Sergio Rodríguez, el abogado defensor de la familia Márquez, quien entregó voluntariamente a la niña. “Si no hubiera habido una entrega voluntaria los funcionarios del INAU se hubieran retirado e informado al juez que la orden no se pudo cumplir”, aseguró, según declaraciones reproducidas por el sitio web de Presidencia.
