El control absoluto de todas las obras e inversiones públicas asumido por el Poder Ejecutivo está dirigido a frenar gastos evitables en una época de recursos escasos, pero conlleva aspectos cuestionables. Por un lado, recorta la autonomía constitucional de numerosos organismos del Estado, revirtiendo la política tradicional del Frente Amplio de defenderla.
Las empresas estatales autónomas de servicios dejan de serlo, situación que se extiende a otras áreas, como la educación pública. Implica, por otra parte, falta de confianza en la precisión y competencia técnica de las autoridades de esas instituciones para disponer gastos, pese a que fueron escogidas y designadas por el mismo gobierno que ahora resuelve controlarlas. Si no se las considera idóneas para el uso responsable de sus ingresos, en línea con la situación que vive el país, no parece tener mayor sentido que hayan sido nombradas.
El decreto que acaba de firmar el presidente Tabaré Vázquez asignándole vastas facultades de control a la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) puede haber sido motivado por pasados desvíos o excesos en gastos de publicidad, obras prescindibles o inversiones improductivas. Por ejemplo, varios aspectos del funcionamiento de ANCAP, actualmente bajo investigación parlamentaria, caen en estas categorías. Lo mismo ocurre con los cuantiosos recursos que se vienen volcando en la educación pública desde hace 10 años sin resultados que lo justifiquen, ya que sigue despeñada en un atraso que nos ha puesto a la cola del mundo.
Para asegurar que proyectos de cualquier tipo sean beneficiosos con el menor gasto posible, Vázquez le asignó por decreto dos instrumentos a la OPP, que dirige Álvaro García, con autoridad decisoria sobre las obras, inversiones u otro tipo de gastos en que cualquier organismo público quiera incurrir. Uno es la reglamentación del Sistema Nacional de Inversión Pública. El otro es la creación de un Banco de Proyectos de Inversión Pública. Ambos le permitirán a la OPP autorizar o vetar la ejecución de los gastos proyectados. Pero surge aquí la duda de que la OPP a cargo de las evaluaciones esté más capacitada que los técnicos de los entes autónomos u otros organismos para decidir si un proyecto es viable, justificado o rentable.
La nueva autoridad de la OPP integra la política de restricciones presupuestales en que está embarcado el gobierno. Su objetivo es hacer frente al desalentador panorama de la economía para este año y los siguientes, en gran parte por el dispendio gastador de las dos primeras administraciones del Frente Amplio, que no tuvo la previsión de ahorrar en un fondo de reserva que habría permitido capear mejor el decrecido crecimiento y la caída exportadora. Para mejorar la billetera estatal, el Poder Ejecutivo ya les ha reducido su eventual nivel de inversiones a UTE, ANTEL y ANCAP, las tres mayores empresas públicas de servicios, para que puedan aumentar en US$ 600 millones anuales sus aportes a Rentas Generales. Pero hay que ser extremadamente cuidadosos en que la reducción de inversiones y los controles de la OPP no afecten la calidad de los servicios, como ocurrió en la Argentina kirchnerista. El riesgo persiste por la presunción lógica de que el personal de la OPP tiene, por las características de sus funciones, menos idoneidad en áreas tecnológicas que los especialistas que dirigen las empresas.
