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La denuncia de que un grupo de funcionarios de un centro de ingreso de adolescentes infractores del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) maltrató a internos llegó a las autoridades a comienzos de octubre. El director del Sirpa, Ruben Villaverde, resolvió inspeccionar personalmente el lugar, ubicado en General Flores y Bulevar Artigas, y constató allí “una serie de irregularidades” por lo que dispuso el inicio de “urgencia” de sumarios para 12 funcionarios y ordenó la presentación de una denuncia penal. Por las pruebas recabadas en menos de 48 horas, ocho de los 12 trabajadores sumariados fueron separados del cargo con retención de la mitad de sus sueldos.

Cuando comete un delito y un juez resuelve internarlo en un centro del Sirpa, el adolescente es derivado a uno de los tres centros del Programa Estudio, Ingreso y Derivación. Allí, técnicos evalúan al adolescente, definen su perfil, diseñan un proyecto de rehabilitación y eligen en qué otro centro será internado cuando el juez del caso, en un plazo máximo de 60 días, defina qué medida privativa de libertad le impondrá y el tiempo de internación.

Por estas puertas de ingreso pasan todos los menores infractores que son privados de libertad. En uno de los turnos de uno de los tres centros de ingreso se produjo un episodio violento, con sucesivas consecuencias, que llegó a oídos de las autoridades del sistema.

“Me llegó un dato y me constituí en el lugar. La división Jurídica del Sirpa estimó que con el dato que tenía y los elementos recabados había mérito para iniciar sumarios”, explicó Villaverde a El Observador.

El director del Sirpa constató “una serie de irregularidades”, pero prefirió no precisar de qué tipo, porque alegó que se trata de una investigación “reservada”. Otras fuentes del sistema precisaron que hubo violencia hacia los internos. Todos los funcionarios sumariados pertenecen al mismo turno y entre ellos no hay jerarcas del centro, aclaró Villaverde.

La denuncia fue presentada en el juzgado penal de 14º Turno de Montevideo, a cargo de la jueza María Helena Mainard. El Sirpa presentó la denuncia el 8 de octubre, una semana antes de que la jueza Isaura Tórtora procesara a otros ocho funcionarios del Sirpa por abuso de autoridad contra los detenidos.
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