En 2009 Uruguay logró revertir su tendencia migratoria negativa, y pasó de recibir entre 2.500 y 3.000 solicitudes anuales de extranjeros que querían residir en el país, a las casi 12 mil que el Ministerio de Relaciones Exteriores tramita en la actualidad. La estabilidad política y el buen desempeño de la economía, que lleva 15 años de crecimiento consecutivo, sumado a una política migratoria abierta, explican en parte ese cambio.
Sin embargo, la coordinación de los servicios de Inteligencia que depende del Poder Ejecutivo recomendó al gobierno mejorar los controles para evitar que la ola migratoria traiga consigo a terroristas y delincuentes internacionales. Según contó una fuente de inteligencia a El Observador, mientras países como Argentina y Brasil extreman las exigencias a extranjeros que buscan emigrar a esos países, Uruguay tiene una apertura que lo hace vulnerable para el ingreso a la región de organizaciones criminales, principalmente de trata de personas, y terrorismo.
En 2016 se le negó la visa a 565 personas. De ese número 149 eran provenientes de República Dominicana, 140 de Cuba, 70 de India, 47 de Paquistán, 28 de Nigeria y 140 de otros países.
Desde entonces, la coordinación de inteligencia trabaja para mejorar el cruzamiento de datos con organizaciones internacionales con el fin de identificar las verdaderas intenciones de aquellos que viajan desde alguno de los más de 110 países a los que Uruguay les exige visado. Entre ellos figuran naciones de Medio Oriente como Afganistán, Siria o Yemen, pero también otras de
América Latina como Cuba o República Dominicana.
Ese mayor intercambio de información ha redundado en un aumento del número de visas denegadas. De esta forma, mientras que en 2014 el 3,4% de las visas solicitadas a Uruguay eran rechazadas (94 de 2.736), en 2016 de las 3.659 solicitadas se negaron el 15% (565), según datos de la dirección Nacional de Migración. Esta relación parece mantenerse en lo que va de 2017: a julio de este año se solicitaron 2.671 solicitadas, y se negaron 388 (14,5%).
La mayoría de los solicitantes a los cuales se les impidió viajar a Uruguay en 2016 fueron dominicanos y cubanos, 149 y 140 respectivamente. La inclusión de República Dominicana dentro de los países cuyos habitantes necesitan visa para visitar Uruguay se produjo en 2014, luego de que se diera una explosión migratoria proveniente de ese país caribeño.
33% es lo que creció la solicitud de visas para emigrar a Uruguay entre 2014 y 2016, según datos de la Dirección de Migración.
Es que según datos del Ministerio del Interior, mientras que en 2012 apenas 44 dominicanos habían tramitado la cédula uruguaya, dos años después esa cifra había crecido hasta los 1.838. Esta situación llamó la atención de la cartera y del Ministerio de Desarrollo Social que detectó casos de trata de personas asociados a ese movimiento migratorio (ver apunte). En 2015, año en el que se le negó la visa a unos 123 dominicanos, solo 131 hicieron el trámite para tener cédula uruguaya.
Además de Cuba y República Dominicana, en 2016 se les negó la visa a 70 indios, 47 paquistaníes y 28 nigerianos, entre otras nacionalidades. En tanto, de países como Siria o Yemen, ambos golpeados por el terrorismo yihadista, se le impidió el ingreso a 11 y 10 personas, respectivamente.
En la mayoría de los casos, las visas son negadas producto de que los solicitantes no cumplen con el trámite necesario ni logran justificar cómo van a pagar su estadía en el país. Sin embargo, según informaron desde Migración, inteligencia también advierte en aquellos casos en los que se sospecha de vínculos con el terrorismo, la trata de personas, u otros delitos.
Esta última situación se ha vuelto más frecuente en los últimos años, lo que mantiene en alerta a las agencias de inteligencia locales, informó una fuente a El Observador.
Contacto fronterizo
Recientemente Uruguay recibió información de parte de las agencias de Argentina y Brasil sobre ciudadanos de esos países que viajaron a Medio Oriente para recibir formación de parte de grupos terroristas, y que están siendo vigilados.
De hecho, en octubre de 2016, el ministro de seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Eugenio Burzaco, dijo en una entrevista con el diario Primera Edición de la provincia de Misiones, que un argentino que se formó con el grupo yihadista Estado Islámico entró y salió de su país llegando incluso a Uruguay.
Esta información, que confirma la existencia de grupos terroristas operando en la región, no es nueva, sin embargo las agencias están más atentas a esta situación luego de los atentados ocurridos en los últimos años en Europa. Según comentó esta fuente a El Observador, en Uruguay también viven personas que se han contactado o buscan contactarse con grupos terroristas. Sin embargo, la misma fuente aclaró que están identificados y por ahora no son un riesgo.
15% de los que tramitaron la visa para viajar a Uruguay en 2016 les fue negado por razones de seguridad, por falta de documentación suficiente o por no justificar cómo pagarían su estadía.
Por esta razón, la mayor preocupación para inteligencia son los puntos fronterizos con los dos países vecinos, particularmente en la frontera con Brasil donde el pasaje de bienes y personas es más fluido y más difícil de controlar. De hecho, a mediados de julio el Ministerio del Interior anunció que reforzaría la seguridad en la frontera con Brasil colocando cámaras de videovigilancia y desplazando efectivos de Guardia Republicana,
Crimen Organizado y Narcóticos a la zona.
Además, se volverá a aplicar el llamado Programa Gavilán, un operativo que se llevó adelante por primera vez durante el mundial de fútbol de 2014, y en 2016 por los Juegos Olímpicos en el que Policía de Tránsito monta puestos de control fijos en la frontera y también "controles sorpresivos" en caminos secundarios y rutas en los departamentos que tienen frontera con Brasil.
Una de las razones que explican esta preocupación son las constantes advertencias que la cartera recibe de los servicios de inteligencia de Brasil sobre un posible ataque del grupo criminal brasileño, Primer Comando de la Capital, que en abril de este año asaltó a Prosegur en Ciudad del Este (Paraguay), llevándose un botín de US$ 40 millones, después de matar a un policía e incendiar unos 15 vehículos.
12 mil solicitudes de extranjeros que buscan obtener la residencia tramita anualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Antes de 2009 no superaban las 3 mil al año.
Según explicaron desde Inteligencia, la falta de efectivos policiales del lado brasileño, crea un terreno fértil para que estos grupos criminales tomen acciones en la zona.
Según dijo una fuente a El Observador, es cuestión de tiempo para que la región sea víctima del terrorismo yihadista, y Uruguay no está libre de ese riesgo.
La explotación de dominicanos en Uruguay y los controles del visado
Un informe elaborado por la Embajada de Estados Unidos publicado en junio de este año señala que “el Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”, aunque destaca “mayores esfuerzos en comparación con el período del informe anterior (2016)”.Uno de los puntos que destaca el informe es la existencia de “mujeres de la República Dominicana (y, en menor medida, mujeres de otros países sudamericanos)” que son sometidas a trata con fines de explotación sexual en Uruguay, así como trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Bolivia, Paraguay, Brasil, República Dominicana y Argentina, que son sometidos a trabajo forzoso en la construcción, el servicio doméstico, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura y procesamiento de madera. Según datos aportados por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) a este informe, en 2015 se asistió a 222 víctimas de trata (212 mujeres y 10 hombres), entre ellas 14 posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral, en comparación con las 113 posibles víctimas de 2014. Del total, 189 víctimas eran de la República Dominicana mientras que 19 eran uruguayas. Esta fue una de las razones por las cuales el gobierno uruguayo a partir de 2014 decidió exigir visa a los ciudadanos dominicanos que llegan al país.