Interior recibió 233 denuncias por amenazas a policías en 2017
En seis meses de este año el registro fue superior que en todo 2016
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, advirtió que en lo que va del año su cartera registró 233 denuncias de policías que fueron amenazados por su función. Esa cifra marca un aumento importante respecto al año pasado, ya que en todo el 2016 se recibieron 194 denuncias.
Los datos se desprenden de la comparecencia de Bonomi ante la comisión de hacienda de la Cámara de Diputados donde el legislador nacionalista Pablo Abdala planteó el tema. La preocupación había sido trasladada por el Sindicato de Funcionarios Policiales de
Montevideo (Sifpom) en la reunión que mantuvo con el directorio del
Partido Nacional este lunes. Según el ministerio, hay 850 policías que viven en asentamientos y estos son los que están más expuestos a recibir amenazas.
El Ministerio del Interior tiene previsto, según dijo Bonomi en comisión, entregar en el corto plazo unas 100 viviendas para realojar a policías que viven en esos lugares. Abdala destacó esta iniciativa pero aseguró que no es suficiente. "No soluciona el problema, se trata de (pocas viviendas para) 850 funcionarios", dijo a El Observador.
En febrero, el ministerio aceptó la propuesta del Sifpom para aplicar un nuevo protocolo que centralizó el proceso para recibir esas denuncias. Con este sistema, los policías que son amenazados deben informar sobre la situación directamente en la Dirección Nacional de
Policía y no en las seccionales, como sucedía antes. De esa forma se asegura que se inicie el proceso para ayudar al funcionario amenazado porque, a veces, esos registros quedaban congelados en las seccionales.
La dirigente de Sifpom Patricia Rodríguez dijo que la centralización de las denuncias permite actuar de forma inmediata, con un "equipo multidisciplinario" que analiza el nivel de emergencia.
Sin embargo, aseguró que la respuesta no siempre tiene la velocidad necesaria. Cuando se recibe una denuncia el objetivo es sacar al funcionario policial de la vivienda y para eso se implementan distintos planes.
"Algunos policías pueden tener monitoreo policial en sus viviendas, a otros se les da un préstamo para comprar una casa o incluso se les presta lugares que son de la Jefatura de Policía", explicó Rodríguez, y recordó que hay funcionarios que todavía no recibieron una respuesta. El principal problema, según la dirigente, son los casos que se deben resolver inmediatamente porque el Ministerio del Interior no sabe a dónde trasladar a los policías.
Servicio 223
Otro de los temas que estuvo sobre la mesa en la comparecencia de Bonomi fue el servicio 223 (policías que trabajan de forma irregular como seguridad en comercios). El Ministerio del Interior mantuvo la posición de no regularizar el servicio. Algunos legisladores plantearon la posibilidad, impulsada por el sindicato, de permitir este servicio pero Bonomi mantuvo su posición. "Legalizar el servicio 223 sería regularizar el trabajo en negro", dijo el ministro tras la comparecencia. La polémica sobre ese servicio resurgió la semana pasada luego del asesinato del policía Wilson Coronel durante un robo a una pizzería donde trabajaba prestando servicio de seguridad.
Abdala dijo que Interior reconoció que existe cierto grado de informalidad en el rubro pero no planteó ninguna solución al respecto. "El ministerio no quiere regularizar el servicio pero tampoco presenta soluciones", dijo.
