Investigación propuso revisar los permisos y manuales de Air Class
Organismo de Prevención recomendó que la empresa sea “recertificada”
Un informe de la Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes de Aviación (Oipaia) recomendó que la empresa AirClass, cuyo avión Fairchild CX LAS cayó al Río de la Plata el 6 de junio de 2012 dejando un saldo de dos pilotos muertos, sea “recertificada” por la autoridad aeronáutica.Eso significa que todos sus aviones, manuales y procesos de funcionamiento deben volver a tramitar las autorizaciones correspondientes.
El documento oficial fechado en noviembre de 2012, al que accedió El Observador y que no se había hecho público, fue dirigido a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) mientras se procesaba una investigación respecto al accidente donde perdieron la vida el comandante Walter Rigo y el copiloto Martín Riva, cuyos cuerpos nunca aparecieron.
El caso es investigado también por la jueza penal Beatriz Larrieu, quien espera el informe final de la investigación del accidente para pronunciarse respecto a eventuales responsabilidades.
El informe con conclusiones primarias de la Oipaia se presentó al año del accidente, el 6 de junio de 2013. Ese día, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Washington Martínez, aseguró que en un mes estaría el resultado de la investigación, que ya lleva varios meses de retraso.
Desde Airclass se insistió con que ninguna de las observaciones hechas a la compañía son determinantes para provocar la caída del avión. Para la empresa, errores de los pilotos terminaron en una maniobra brusca tras la cual no pudieron controlar a la aeronave. La investigación preliminar determinó al reconstruir el vuelo en una aeronave de la Fuerza Aérea, que no pudo finalizar el simulacro debido a la peligrosidad de las maniobras realizadas por el AirClass accidentado.
El informe de la Oipaia, firmado por el coronel aviador Rubel Batista, solicitó al director de la Dinacia, brigadier general Antonio Alarcón, que se cumpla con una serie de requisitos por parte de todas las empresas aéreas y estableció recomendaciones específicas para AirClass.
En general, la Oipaia recomendó que “se extremen las inspecciones de las aeronaves” para verificar que los aviones cumplan con los estándares naciones e internacionales de seguridad. Propone estandarizar los registros técnicos de vuelo y mantener la designación de un inspector principal de operaciones para el control de cada empresa.
A AirClass en particular, la Oipaia pidió que “todas sus aeronaves, especialmente las que son utilizadas versión pax/carga, cumplan con las normas de seguridad correspondientes”.
Además, entre otras recomendaciones vinculadas a la carga, se reclamó para “todos los pilotos (de Air Class) y muy especialmente para los que recién comienzan, que sean capacitados debidamente en un simulador de vuelo”. El objetivo de esa observación, según consta en el documento, es que todas las maniobras de simulación de emergencias, que no pueden realizarse en el avión, sean practicadas y tengan una percepción más real y un entrenamiento más adecuado”.
El abogado Martín Thomasset, representante de la familia del comandante de AirClass fallecido en el accidente, señaló en el Parlamento que desconfía de la imparcialidad de la investigación oficial.
En setiembre último, la Junta de Infracciones de la Dinacia concluyó que hubo “irregularidades” en el control realizado al avión de Air Class que se estrelló y expresó que deben iniciarse sumarios a dos inspectores de esa dirección.
La Junta recomendó una suspensión de funcionamiento de 60 días a AirClass, multas cercanas a los US$ 30 mil y multas a los pilotos de la empresa por no cumplir con el reglamento aeronáutico. Un informe jurídico consideró “benévola” la suspensión de 60 días.
También determinó que la aerolínea “ocultó situaciones o hechos trascendentes de los aviones especialmente en el área de mantenimiento” que debían estar en conocimiento de la autoridad aeronáutica.
Air Class, por su parte, cuestionó las sanciones sugeridas por la Junta de Infracciones y su postura que linda con “la inconstitucionalidad”. El abogado de Air Class, Florencio Macedo, había señalado que el informe de la Junta “no tiene nada que ver con el accidente del 6 de junio”.
En los descargos la aerolínea aseguró que “la única irregularidad” constatada “es el incorrecto llenado de algunos formularios llamados Registros Técnicos de Vuelo”. También reconoce la omisión en la presentación de algún “informe puntual” pero en ningún caso la falta “afectó o puso en riesgo la seguridad operacional de las aeronaves”, según lo estableció Air Class ante la Junta de Infracciones.
