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Cuenta Estela Huaman que el 6 de enero de 2013 sacó a pasear al perro de sus patrones por la rambla de Punta del Este. Como tenía las tareas encaminadas en la casa, se sentó unos minutos en un muro con el animal en su falda a mirar a los bañistas. En eso pasó otro perro, se peleó con el que tenía ella, la enredaron con la correa y la hicieron caer. Rodó por una escalera y golpeó sus piernas contra unas piedras.

Dos jóvenes la quisieron auxiliar y le ofrecieron llamar a una ambulancia. Ella gritaba de dolor. “Llévenme al apartamento. El señor sabrá qué hacer conmigo”, les pidió. No imaginaba que su patrón la dejaría dos días en la cama, sin analgésicos, solo con hielo.

Lo que sigue en el relato del accidente de Huaman es una seguidilla de intentos de sus patrones por ponerla en un avión hacia su Perú natal y liberarse del problema, ya que no estaba inscripta en el Banco de Previsión Social y no tenía en ningún tipo de cobertura médica.

La Inspección General del Trabajo inició una investigación para determinar si en este caso hay incumplimiento de la normativa laboral. Por un episodio similar, la Justicia de Crimen Organizado indagó la existencia de una red de trata de personas. Desde entonces, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) recibió seis casos de empleadas extranjeras que considera explotación laboral. Uno de ellos es el de Huaman.

En ese caso concreto, la familia dueña de casa niega el vínculo laboral y dice que la mujer peruana era una invitada en la casa. Para el abogado defensor de los patrones “no hay un caso”, sino “una señora que dice una serie de cosas”

Viaje de ida y vuelta
Hacer viajar a una mujer quebrada no fue sencillo. Según el relato de Huaman, primero quisieron enviarla en un ómnibus de Punta del Este a Montevideo, pero el taxista que la llevó a la terminal, al verla caer sin poder apoyar su pie, se negó a dejarla y la llevó de regreso al apartamento. Al final llegó a la capital en un remise. Allí la esperaba la patrona, que la llevó a una clínica privada a hacerse una placa. Un médico le dijo que tenía una fractura menor y la enyesó. En un momento la dueña de casa le reveló: “Estelita, te irás a tu país. Acá nadie te puede cuidar”.

Una compañía aérea se negó a dejarla viajar sin permiso médico. Luego, aun con el permiso, exigió que alguien la acompañara. Los patrones –una familia de Carrasco– decidieron perder esos tiques de avión y lograron que otra empresa la trasladara. Viajó en un asiento común, con el pie en el suelo, y cuando llegó a Lima debió esperar una hora a que le consiguieran una silla de ruedas. Al final se reencontró con sus hijas, que lloraban.

Al día siguiente la vio un médico limeño. Cuenta que casi le amputan la pierna por el estado en que la tenía y por la diabetes que agravaba el cuadro. Se había fracturado la tibia y el peroné, por lo que debieron operarla dos veces y acomodar sus huesos con clavos, según su relato. Todo lo pagó con lo que había ahorrado trabajando como doméstica en Uruguay.

En setiembre, el médico le dijo que deberían operarla por tercera vez, pero ella ya no tenía dinero. Entonces se le ocurrió ir al consulado de Uruguay a pedir ayuda. “¿No tenía contrato de trabajo?”, le preguntaron allí. Les explicó que no, que pese a que había pedido dos veces que la regularizaran, sus empleadores le habían contestado que implicaba mucha plata.

Los funcionarios de la cancillería uruguaya que la atendieron en Lima le recomendaron viajar e iniciar un reclamo laboral. Vendiendo pulseras de motivos indígenas, y con ayuda de sus hijas, juntó
US$ 400 y se vino en ómnibus con una mochila y sus muletas. Gastó US$ 300 en el pasaje y viajó durante cuatro días. Cuando llegó a Montevideo durmió una noche en el hotel más barato que encontró. Al día siguiente se levantó temprano y se dirigió al Ministerio de Trabajo.

Las investigaciones
Desde agosto de 2012, cuando se supo que dos empleadas bolivianas trabajaban en condiciones de explotación en una casa de Carrasco, el Mides empezó a ocuparse de estos casos. Los atiende una oficina que antes se dedicaba solo a situaciones de trata con fines de explotación sexual, pero que desde entonces abarca también la “trata laboral”.

Una funcionaria de ese servicio que pidió no ser identificada por miedo a las represalias, dijo a El Observador que en estos 15 meses concurrieron a sus oficinas seis mujeres extranjeras (principalmente de Perú y Bolivia), víctimas de explotación como domésticas. El Mides sostiene que todas trabajaban en negro, casi sin descanso, haciendo tareas que exceden el trabajo doméstico, indocumentadas, aisladas, sin asistencia médica.

“La trata se define por tres acciones: reclutamiento, traslado y explotación en el lugar de destino. En estas situaciones el reclutamiento se da con un engaño porque se pauta un contrato de trabajo que luego no existe”, acotó la funcionaria.

El inspector general del Trabajo, Juan Andrés Roballo, informó a El Observador que su dependencia inició una investigación “para determinar las condiciones en las que llegó Huaman a Uruguay, si hubo incumplimiento de la normativa laboral, si hay más personas involucradas y si hay indicios para pensar que existe una situacion delictiva”. Agregó que será un juez de crimen organizado el que defina si se configura trata de personas o no.

En el caso de las bolivianas, la Inspección General del Trabajo aplicó una sanción económica a los patrones por haber incumplido la ley que regula el trabajo doméstico. La familia también debió pagar por un juicio laboral que ganaron dos de las empleadas. A su vez, se inició una demanda penal que aún no concluyó.

Roballo afirmó que desde 2010, cuando se empezó a aplicar la ley, se inspeccionaron más de 10 mil hogares. Solo debieron ingresar con la Policía en una oportunidad, pero en estos momentos hay tres hogares en los que se sospecha infracción y a los que se inspeccionará por la fuerza si no abren sus puertas voluntariamente.

En particular, el caso de Huaman activó una red de contención de la que participa la Inspección General del Trabajo, el Mides, el sindicato de empleadas domésticas y un consultorio jurídico de Facultad de Derecho que funciona en el PIT-CNT y atiende gratis las consultas de las domésticas (ver nota aparte).

Hace un mes que Huaman duerme y come gratis en un refugio que le consiguió el Mides. Le pagan los traslados, le consiguieron un celular y consiguieron que la viera un médico. Ya iniciaron el trámite para sacarle la cédula de identidad para que pueda realizarse aquí su tercera cirugía en el Banco de Seguros del Estado. Ella está tranquila, confiada, y planea quedarse en Uruguay al menos unos meses más.

La primera audiencia
Tras el reclamo de Huaman se realizó una primera audiencia de conciliación el miércoles en el Ministerio de Trabajo. El abogado de la peruana, Juan Ceretta, pidió US$ 80 mil por los pagos no realizados (salarios vacacionales, horas extra, entre otras cosas). Es la cifra más alta que ha reclamado una empleada doméstica en Uruguay. La contraparte se sorprendió al oír el monto y ofreció US$ 5 mil.

El abogado de la familia, Rafael Brum, dijo a El Observador que lo del miércoles fue “solamente la consulta de una persona que cree que tiene un derecho”. Agregó que si la peruana miente o no, “es justamente lo que se está discutiendo”, advirtió. Además, alegó que de publicarse esta nota, se “arruinaría el acuerdo” entre las partes. “No le va a hacer bien a la discusión”, opinó.

Ceretta relató que en la audiencia Brum afirmó que Huaman era “invitada” de la familia. “Optó por desconocer el vínculo laboral”, explicó. Como nunca firmó un contrato ni un recibo de sueldo, él y su equipo pidieron una prórroga y ahora intentarán demostrar que era empleada de la familia.

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