ver más

Las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se exponen a ser indagadas por la Justicia, si se demuestra que una partida de $ 110 millones, asignada en la Ley de Presupuesto de 2010 para el pago de una prima a los médicos del primer nivel de atención, fue ejecutada en otros rubros.

El exfiscal, hoy abogado penal, Enrique Moller, explicó a El Observador que si ASSE “cambió el rumbo” de ese dinero, puede configurarse el delito de abuso de funciones. El especialista entiende que si ASSE no ejecutó ese dinero y “lo tiene guardado, sin tocar”, no habría delito. Moller fue justamente el fiscal que pidió procesar al exministro de Turismo, el colorado Benito Stern, por ese ilícito, en 2003 (ver traspaso de rubros).

En la Ley de Presupuesto se establece que el dinero se asigna al primer nivel de atención (las policlínicas barriales). Aclara que “para la ejecución de dicho programa, se establecerá una modalidad de pago mixta con incorporación de un pago variable médico, definido en base a la capitación de la población seleccionada dentro del primer nivel de atención”.

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) viene denunciando desde hace días que esos $ 110 millones (que actualmente ascenderían $ 130 millones) no se ejecutaron para lo que estaba previsto y que ASSE no sabe en qué lo gastó.

Fuentes del SMU aseguran que, en reuniones conjuntas, las autoridades del organismo se han limitado a afirmar que el dinero se usó para el primer nivel.

En caso de que haya sido así, Moller entiende que es más difícil demostrar que hubo trasposición de fondos, ya que “se mantiene dentro del mismo esquema”.

Pero si ASSE no es capaz de probar que el dinero sigue sin usarse, o explicar en qué se gastó exactamente, el SMU podría entablar una denuncia penal contra los jerarcas, y estos podrían ser juzgados.

“Ilegítimo por ineficacia”
El domingo pasado, el presidente del SMU, Julio Trostchansky, dijo al diario El País que ASSE había incurrido en un “desvío de fondos” porque los médicos no habían cobrado lo asignado por la Ley de Presupuesto.

El SMU cuenta con un informe jurídico que considera ilegítimo que ASSE no haya ejecutado ese dinero, ya que lo hizo “por su propia ineficacia”. Según ese informe, en caso de hacerlo, “la inejecución de dicha partida deviene ilegítima, pudiéndose alegar igualmente su cumplimiento al amparo del artículo 1420 del Código Civil”.

El informe concluye que “es ilegítimo destinar la partida para otro destino ajeno al expresamente previsto en la norma.”

Desde que se conoció la noticia, la gerenta general de ASSE, Alicia Ferreira, argumentó que los que no cobraron fueron solo quienes no cumplieron las metas asistenciales acordadas.

En mayo de 2011, en un memorándum de entendimiento que firmaron ASSE y el SMU, se especificó que, en un principio, los médicos cobrarían por un ficto de 200 pacientes. Según el SMU, esto fue propuesto por ASSE para ganar tiempo y poder controlar el cumplimiento. Según ASSE, el espíritu fue dar tiempo a los médicos para conseguir, efectivamente, esa cantidad de pacientes.

Como sea, el ficto se pagó hasta marzo de este año, cuando de común acuerdo las partes decidieron que era tiempo de que los médicos cobraran por lo que efectivamente trabajan.

Pero ese mecanismo se enfrentó, según los dirigentes del SMU, al caos administrativo de ASSE. Las fichas que los médicos deben completar “constantemente rebotan” en el organismo, porque no cumplen con los requisitos administrativos.

En el caso de los pediatras del primer nivel, de un total de 900, hay 600 que no logran acreditar que atienden a 200 pacientes. Según fuentes del SMU, esto se debe a que en muchos casos sus pacientes no están bien inscriptos en el padrón de ASSE, o son socios de una mutualista pero van a atenderse a las policlínicas, o no tienen cédula de identidad. En el SMU entienden que el sistema de cápitas debería tener como contrapartida un buen control, y que si el organismo no lo logró por su caos administrativo, no se lo puede endilgar a los médicos.
Seguí leyendo