Jueces y fiscales reclaman asesoramiento previo para aplicar uso de tobilleras
La oficina que fija las medidas solo interviene una vez que la Justicia ya definió la pena, lo que genera que muchos incumplan lo acordado
Jueces, fiscales y autoridades carcelarias comparten una misma inquietud: desde hace meses discuten sobre la necesidad de contar con un asesoramiento previo a la hora de disponer el uso de tobillera electrónica (u otra medida alternativa a la prisión) para los delincuentes y así aplicar la medida más adecuada al perfil del imputado. Si se contara con información previa, se evitaría lo que ocurre en la actualidad: muchos delincuentes mienten a los fiscales sobre su situación y se les imponen medidas que luego no cumplen.
“Lo he planteado infinidad de veces, incluso en el Parlamento, y es algo que lo hemos hablado entre todos: que las posibilidades de fracaso de las medidas se puedan identificar antes”, dijo a El Observador Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrado y ministro del Tribunal de Apelaciones.
La directora de la Oficina Supervisora de la Libertad Vigilada (OSLA), Cecilia Vega, dijo este martes a El Observador que pasa “muy seguido" que el juez y el fiscal preguntan en la audiencia si tienen conexión regular en su hogar y los imputados dicen que sí la tienen con tal de "zafar" de la prisión, y después cuando van a la casa ven que no la tienen.
Así ocurrió con el caso de Miguel Núñez, el homicida del taxista Carlos Nacaretto. El 31 de mayo había sido acusado de estar implicado en la desaparición de una persona y la Justicia le impuso prisión domiciliaria sujeta al control de una tobillera. Cuando la OSLA fue a la vivienda, descubrió que Núñez no tenía un contador de UTE y por lo tanto no podía utilizar la tobillera. El control, entonces, quedó a cargo de la vigilancia –más laxa– a cargo del personal que se envía hasta las casas de los imputados para corroborar que estén allí. Y Núñez violó 16 veces la medida hasta que fue capturado por la policía semanas atrás.
Las penas alternativas a la prisión -que quedan bajo supervisión de la OSLA- también puede ser la realización de tareas comunitarias, someterse a procesos de rehabilitación si el imputado es alcohólico o drogadicto, no acercarse a determinado lugar donde delinquió o aprender un oficio y cumplir determinado trabajo. O la prisión domiciliaria, que implica que el imputado deba permanecer en su vivienda.
Para el fiscal Carlos Negro el problema radica en que los operadores jurídicos no tienen el conocimiento ni las herramientas suficientes para conocer de antemano cuáles de todas esas alternativas serán más efectivas para el delincuente al que no se le imputará prisión. “No tenemos formación social ni psicológica para conocer qué medidas son las más eficientes”, admitió.
Reyes, por su parte, citó el ejemplo de Washington (Estados Unidos), donde desde hace varias décadas funciona una oficina llamada de “prejuicio”. Allí, expertos en ciencias sociales entrevistan al detenido antes de la audiencia para elevarle al fiscal qué tareas se adecuan a su perfil.
“El objetivo de esa oficina es que no haya luego ninguna sorpresa ni se desperdicien recursos en medidas que no tienen sentido”, dijo el magistrado.
En Uruguay la OSLA, que depende del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), no puede intervenir antes de que los jueces dicten sentencia. Es decir, antes de que condenen o se inicien investigaciones penales con medidas para los indagados.
Cuando esa oficina elabora un perfil del delincuente –o de quien cometió una falta, por ejemplo conducir alcoholizado– la persona ya recibió la orden de ajustarse a las condiciones acordadas en la audiencia, y se limita a presentar un plan de trabajo a jueces y fiscales para que estos puedan aportar sugerencias. En la mayoría de los casos se dispone que la persona se presente periódicamente a firmar en la comisaría de su zona.
Además, la OSLA hace un seguimiento de la persona penada a medida que comienzan a ejecutarse las medidas: informa cómo las cumple y denuncia a la Justicia cuando el imputado se desvía de lo acordado.
"El problema es de competencia jurídica”, resumió en diálogo con El Observador Ana Juanche, subdirectora del INR. “No podemos actuar antes de que se defina si la persona es culpable o inocente. Para hacerlo, necesitamos de una ley, y sería maravilloso si el sistema penal tuviera una instancia de evaluación previa que funcionara como un insumo para el Ministerio Público con evidencia empírica que a su vez aporte elementos concretos para definir las medidas”, agregó la jerarca.
La solución es un proyecto de ley, de eso no tiene dudas Juanche. Pero, hasta donde tiene conocimiento, todavía no existe, pese a que han hecho varios reclamos. “No conozco ningún proyecto, pero estamos discutiéndolo desde el año pasado a raíz del impacto del nuevo código”, concluyó la subdirectora.
