Delincuentes "zafan" de tobilleras por falta de controles de fiscales y jueces

Aunque el organismo se creó por decreto en 2010 nunca tuvo tanto trabajo como desde que comenzó a funcionar el nuevo Código del Proceso Penal. Desde noviembre de 2017 se instauró el principio de que la prisión preventiva ya no sería la regla sino la excepción, y muchos delincuentes no van a la cárcel cuando la Justicia no los considera un peligro inminente para la sociedad, sino que quedan bajo la supervisión de la OSLA.

Eso significó que la carga de trabajo se mutiplicara por 10 y pasaran a tener 4.000 a imputados bajo vigilancia cuando antes tenían un promedio de 400.

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Pero además, con un presupuesto limitado, no tienen funcionarios en la mayoría de los departamentos, y enfrentan otros problemas. Por ejemplo, sus autoridades no tienen cómo advertirles a tiempo a los fiscales que aquellos imputados a quienes se les ordenó permanecer en sus casas con tobilleras electrónicas no pueden cumplir con la medida porque están colgados de la luz. “Eso nos pasa muy seguido”, lamentó la directora del organismo, Cecilia Vega.

Ese fue el caso de Miguel Núñez, el homicida del taxista Carlos Nacaretto. El 31 de mayo había sido acusado de estar implicado en la desaparición de una persona y la Justicia le impuso prisión domiciliaria sujeta al control de una tobillera. El problema surgió cuando la OSLA se encontró con que no podría cumplir la medida porque Núñez no tenía un contador de UTE. El control, entonces, quedó a cargo de la vigilancia –más laxa– a cargo del personal que se envía hasta las casas de los imputados para corroborar que estén allí.Y Núñez –investigado por matar a un taxista en agosto y acusado de matar a otro en diciembre– violó 16 veces la medida hasta que fue capturado por la policía semanas atrás.

En la entrevista con El Observador Vega y la subdirectora de la OSLA, Natalia Vergara, explicaron las dificultades ante las que se enfrentan debido a la demanda de trabajo que tienen.

¿Uruguay tiene tradición en medidas alternativas?

C.V: No mucho. Antes de la OSLA se hacían igual, siempre hubo alternativas a la prisión, pero no con la vehemencia que hay ahora.

¿Quién define qué medida se adopta: la OSLA o la Justicia?

C.V: Depende de la situación. En el caso de las faltas, la persona va a tener siempre entre siete y 30 días de tareas comunitarias. Nosotros lo derivamos al centro receptor que sea, e informamos al juzgado si cumple o no las medidas que se definen ahí. Somos el nexo. En el caso de las suspensiones condicionales, se acuerdan entre Fiscalía y la defensa, y a nosotros nos informan lo acordado.

¿Con cuántos funcionarios cuentan?

C.V: En Montevideo tenemos 46, y luego tenemos dos en Salto y uno en Artigas. En el resto de los departamentos no tenemos funcionarios que dependan de la OSLA. Sí tenemos policías que dependen de las jefaturas que funcionan de enlace, y que además de sus tareas que realizan funcionan como supervisores de la OSLA. Pero para realizar las entrevistas personales que se hacen al inicio con las personas, tenemos que viajar.  La idea es que en un futuro podamos tener oficinas regionales en el interior.

¿Y alcanzan esos recursos?

C.V: Después de la vigencia del nuevo código se nos incremento muchísimo el trabajo y tuvimos que cambiar un montón de cosas. A veces es difícil que todas las instituciones avancen al mismo tiempo. Ahora tenemos un llamado abierto para que ingresen 30 funcionarios, pero cumplimos con nuestra función. Siempre que se pueda tener más presupuesto es bienvenido.

¿Cómo impactó la puesta en marcha del nuevo sistema penal? ¿Cuánto aumentaron las medidas alternativas?

C.V: Fue un impacto muy importante. Tenemos 4.000 usuarios activos en este momento, mientras que antes teníamos 400 en todo el país. Tuvimos algún incremento de recursos. Por ejemplo, ahora tenemos cuatro vehículos, pero todavía queda mucho. También nos ocurren cosas como ahora en enero, cuando bajó mucho la cantidad de cupos en los centros educativos con los que tenemos convenios.

N.V: No se sabía que iba a ser tanto el trabajo. Porque las libertades vigiladas empezaron a caer muy de a poquito. Al principio era una novedad, pero luego, de golpe, se sumaron demasiadas.

¿Qué hacen ante la falta de cupos?

C.V: Medidas alternativas hay muchas. Acá tenemos otro tema, estamos tratando de que los centros no se limiten solamente a la idea de ponerlos a barrer, ya que ellos son los que definen qué tareas hacen las personas. Y hay como una conciencia de que si se hace una tarea comunitaria tienen que ir a barrer o a limpiar a algún lado. Estamos pensando desde otro lugar: restaurar un poco el daño y no tanto la pena de tener que asumir un trabajo denigrante. Poner a barrer a alguien por manejar alcoholizado no tiene el efecto buscado. No sirve de nada.

¿Qué proponen?

N.V: Buscar otro tipo de de tareas que sean alternativas a las clásicas. Tener en cuenta el perfil de la persona. A veces vienen con nivel terciario, y no es que no puedan barrer, cualquiera agarrar una escoba, el tema es que si podés devolver con tu saber y tu experiencia estaría mucho mejor: todos se verían mas beneficiados.

¿Qué tiene que cambiar?

C.V: Un poco la sensibilización de los centros. Nosotros lo que intentamos hacer es conversar con ellos para que puedan buscarles otra tarea adecuada a las características de las personas.

Por otra parte, la pena de firmar semanalmente en una comisaría es una medida que los fiscales han indicado en forma frecuente. ¿Qué tan rehabilitadora la consideran? Parece una tarea muy banal.

C.V: No lo sé, porque lo pone el fiscal y nosotros más que controlar no podemos, pero creo que tiene la idea de generar un compromiso, que la persona sea capaz de comprometerse a algo, aunque sea muy banal como firmar. Si yo demuestro después de cuatro meses que fui capaz de mantener ese compromiso de ir una vez por semana a firmar, capaz se puede ver desde ese lugar, la constancia. Lo imagino, pero no es una medida que nosotros dispongamos o aconsejemos.

¿Ustedes qué aconsejan?

C.V: Las tareas comunitarias son muy rehabilitadoras, es por ese camino. Sobre todo en esta concepción que tenemos de la justicia restaurativa de que la persona pueda devolver algo a la sociedad. Estamos negociando un convenio con la Intendencia de Montevideo para que puedan incluir algunas tareas. La idea es que no se estigmatice a la persona que cumple la pena y que la sociedad la incluya y se sensibilice. Sé que es difícil concebirlo.

Carlos Pazos

¿Qué porcentaje de incumplimiento de las medidas tienen registrado?

C.V: En general, en las faltas, tenemos un muy buen cumplimiento. Y en las penales es muy variado, porque depende mucho del perfil de la persona, que ahí tampoco incidimos nosotros. El que dispone es el fiscal y el juez, y muchas veces ellos tampoco tienen en cuenta el perfil de la persona. 

¿Algún ejemplo?

C.V: Cuando la persona nunca trabajó en su vida.

N.V: Los penales a veces no tienen una rutina; entonces es difícil que sostengan una tarea comunitaria. En forma frecuente informamos al juez o al fiscal si no puede hacerse una adecuación para cumplir con las medidas.

¿En esos casos no tienen oportunidad de asesorar a los fiscales antes de las audiencias?

C.V: No. Nosotros ejecutamos lo que ellos nos mandan. Ellos no tienen por qué saber cabalmente las funciones que cumplimos. Tenemos comunicaciones y tratamos de dar nuestra opinión.

Los colgados a la luz

La semana pasada se conoció el caso de un delincuente, acusado de homicidio, que violó 16 veces la prisión domiciliaria luego de que se le había ordenado usar tobillera pero no se le colocó porque estaba colgado de la luz. ¿Por qué ocurre eso?

C.V: Porque para que las tobilleras puedan funcionar correctamente se necesita un contador de luz a efectos de que no se queme, por ejemplo. Puede haber una descarga, porque cuando estás colgado de la luz la energía no llega con la mejor calidad. La tobillera consta de dos dispositivos: el aparato que va en la persona y otro que es similar a un fax que va instalado a la corriente eléctrica. Y eso es una condición que nos da garantías.

¿Y esa situación se ha repetido muchas veces?

C.V: Sí, claro. Eso nos pasa muy seguido...

¿Y no pueden advertirlo antes de que se ordene la medida?

C.V: No. Con los fiscales en general lo hemos hablado. Muchas veces se pregunta en la audiencia si tienen conexión regular y los imputados dicen que sí la tienen con tal de zafar, y después cuando llegamos a su casa vemos que no la tienen.

Cuando el fiscal pide la instalación del dispositivo es porque sospecha que el delincuente no va a cumplir con la sanción. ¿Cuál es el protocolo en esos casos?

C.V: La persona puede dar otro domicilio. Eso nos ha pasado. O puede pasar que se lo pase a controlar con planilla (lo que implica que un supervisor lo visite varias veces en forma sorpresiva), que fue lo que pasó en el caso de Núñez. Además, a veces es difícil que los quieran recibir familiares dispuestos a tenerlos varios meses en sus casas.

¿Y cuál es su versión de lo que ocurrió?

C.V: A la persona se le dispuso el 31 de mayo la prisión domiciliaria con tobillera y cuando se fue a la casa el supervisor vio que no estaban dadas las condiciones. Eso se informó, y el fiscal dijo que se controlara con planilla. Se fue en forma aleatoria, de día y de noche. A veces estaba y otras no. Era intermitente, pero sé que a partir de una fecha ya no estuvo más. El 20 de agosto nos llegó un oficio que decía que tenía que ir a una audiencia, y a esa altura tenía 11 incumplimientos. Luego de esa fecha, tuvo otros cuatro. Como la persona no se presentó, se dispuso una orden de detención.

¿Y no depende de ustedes determinar un límite de incumplimientos para llevarse detenida a la persona?

No. A veces nos pasa que vamos hasta la casa y nos dicen que no vive ahí, que no vayamos más. Pero nosotros cumplimos con lo que nos dicen los jueces y los fiscales.

¿Qué niveles de rehabilitación se logra en quienes cumplen medidas alternativas?

C.V: Es difícil decirlo. Recién a partir de ahora vamos a tener indicadores más reales. Al principio fue mucho aprendizaje. Este año nos dedicamos a hacer coordinaciones, hablar con el Poder Judicial y con la Fiscalía.