El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que fue un "desacierto" que el Ministerio del Interior haya divulgado los antecedentes del manifestante tabacalero que protagonizó un forcejeo con el ministro Eduardo Bonomi durante un acto en Artigas por la reinaguración de la ruta 30 el lunes 26 de noviembre. Además, criticó que la policía no actuara durante los actos vandálicos que se produjeron este viernes en el Centro en rechazo a la reunión del G20 en Buenos Aires, protagonizados por un grupo de manifestantes que agredieron a periodistas para obstaculizar su trabajo y grafitearon fachadas.
"Me parece un desacierto, francamente. No corresponde", dijo Miranda esta mañana, en entrevista con el programa Buen Día Uruguay, y agregó: "Sí corresponde que (a las) personas que generan una situación de disturbios hay que sacarlas del escenario, controlarlas; en todos los casos es igual". Sin embargo, cuando Miranda se refirió este domingo a la actuación de la cartera de seguridad ante los incidentes en las calles del Centro, aseguró que respetaba la decisión de las autoridades de no reprimir.
Según difundió esta mañana El Espectador, el presidente del Frente Amplio sostuvo que "hay que evaluar si los efectos de otros mecanismos no hubieran generado más violencia". "Creo que es una decisión técnica y creo que son los técnicos en seguridad son los que tienen que ponerla adelante", matizó.
El incidente en Artigas fue protagonizado por dos hombres que tenían una pancarta con la que se quejaban de las políticas antitabaco, y fueron retirados a la fuerza por la seguridad de Bonomi y detenidos durante más de una hora en la seccional local. Eso le valió al otro día un comunicado de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) en el que advertía que el gobierno debe reprimir siempre acorde a los principios de "legalidad, necesidad y proporcionalidad", y que en este caso Bonomi había afectado "de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos”.
Pero la cartera de seguridad siguió en la misma línea, y el miércoles 26 publicó en su sitio web los antecedentes penales de uno de esos manifestantes, que entre otras indagaciones, había sido procesado por homicidio en 2011. En palabras del Ministerio del Interior, “el procedimiento policial se desarrolló acorde a protocolos de seguridad que determinaron la acción policial" porque la custodia de Bonomi "detectó que uno de los involucrados en los hechos poseía antecedentes penales de conducta violenta”. El comunicado agregaba que el ministro tenía custodia por amenazas que tuvieron integrantes de su familia en las últimas semanas.
Pero la Inddhh también reaccionó ante esto último, y ese mismo día manifestó "su más profunda preocupación" por las prácticas del Poder Ejecutivo de divulgar información sobre personas que tienen cruces con el gobierno.
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