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Institución de DDHH rechazó que el gobierno divulgara datos de manifestante

El organismo recuerda que ya había censurado la actitud de Presidencia en febrero, cuando divulgó que el colono que discutió con Vázquez tenía una disputa judicial con el Estado

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29 de noviembre de 2018 a las 09:17

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) manifestó "su más profunda preocupación" por las prácticas del Poder Ejecutivo de divulgar información sobre personas que tienen cruces con el gobierno. El comunicado se divulgó horas después de que el Ministerio del Interior diera a conocer este miércoles que uno de los manifestantes tabacaleros que forcejeó con el ministro Eduardo Bonomi en Artigas –cuando pretendían desplegar una pancarta– tenía varios antecedentes penales

La organización señaló "la reiteración de prácticas comunicacionales por parte del Poder Ejecutivo que, en su momento, ya fueron objeto de recomendaciones específicas".

El antecedente al que que se refiere la Inddhh ocurrió en febrero de este año, cuando Presidencia subió a su sitio web un comunicado de similares características que el que divulgó en esta oportunidad la cartera de seguridad: que el colono Gabriel Arrieta, que entonces increpó al presidente Tabaré Vázquez cuando el mandatario salía de una reunión con productores rurales en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ocupaba en forma ilegal un terreno desde 2008 y tenía un conflicto judicial con el Instituto de Colonización.

"En concreto, esta Institución reitera que la difusión de información relativa a personas involucradas en los hechos (nombres; antecedentes; etc.), desde ningún punto de vista aporta sobre la cuestión a la que se refiere al fondo del asunto", declaró ahora el organismo, y agregó que "esta cuestión no es otra que atender, rigurosamente, a la aplicación de los límites legítimos que, en un Estado Democrático de Derecho, pueden establecerse respecto a el derecho a la libertad de expresión y reunión pacíficas, sin generar 'efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los mismos'".

El Ministerio del Interior comunicó este miércoles que la custodia de Bonomi había "detectado" que uno de los manifestantes que pretendían acusar al gobierno de profundizar las dificultades económicas de la industria del tabaco –mientras el ministro de Transporte Víctor Rossi presentaba la inauguración de las obras de la ruta 30– tenía cinco procesamientos en la Justicia: el último, de 2011, debido a un homicidio "agravado en reiteración real con un delito de lesiones graves", según detalló la cartera. "Un homicida podía sacarme el revólver", justificó el propio Bonomi, cuando este miércoles fue cuestionado por el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

Para la Inddhh, el gobierno incurrió, otra vez, en la divulgación de un comunicado que "no cumple con el principio de necesidad, pues no contribuye al debate amplio de ideas y opiniones, y no resulta el medio ajustado para resolver las controversias planteadas".

Esta misma semana, un día antes de este comunicado, la Inddhh ya había condenado a Bonomi por su conducta ante los manifestantes, que motivó que los trabajadores no pudieran expresar su protesta. Entre otras observaciones, como la recordación de que el gobierno debe reprimir siempre acorde a los principios de "legalidad, necesidad y proporcionalidad", se definió que el secretario de Estado afectó "de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos”. 

Cuando este organismo se opuso en febrero al comunicado de Presidencia contra el colono Arrieta, el Poder Ejecutivo dio marcha atrás y despublicó la información. De todas formas, el colono entendió que el daño ya estaba hecho, e inició una demanda contra el Estado.

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