Presidencia divulgó que colono que increpó a Vázquez ocupa un terreno ilegalmente desde 2008

"Desde 2008 tiene deudas con el INC, no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado. Fue denunciado por productores", dice la nota.

"Yo ingresé a esa fracción en el año 2008. Esto formaba la cartera de tierra del fondo de recuperación de activos, hacía cinco años que estaba en ese fondo y no pasaba nunca a colonización", explicó Arrieta a El Observador. Se trata de un terreno de 35 hectáreas en Kiyú, San José.

Según contó, un director del instituto le pasó el dato de que ese terreno estaba libre y él decidió instalarse con "otros paisanos". Luego el campo pasó a Colonización formalmente y hace tres años la presidenta del instituto fue hasta el lugar para advertirles que tenían que dejar el campo pero que les iban a ofrecer otro terreno.

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"Me ofrecieron dos fracciones en Canelones para elegir una", contó Arrieta. Sin embargo, los terrenos no convencieron al colono. "Implicaba un desarraigo total de la zona y nunca hubo una propuesta seria respecto al traslado y el flete", dijo.

Arrieta se enteró de otro terreno en la zona que estaba pasando a manos de Colonización y le escribió a la presidenta para pedir ese terreno. "Nunca recibí una respuesta", dijo.

El colono de San José fue de los últimos que discutió con Vázquez cuando el presidente estaba por subirse al auto. Arrieta le dijo que era un "mentiroso" y le reclamó que a la Mesa de Colonos la habían dejado afuera de la reunión entre las gremiales, los autoconvocados y el gobierno.

El mandatario respondió que la Mesa nunca había presentado una solicitud formal para formar parte y le dijo que él no era un "mentiroso".

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En mayo de 2017 Arrieta llevó su caso a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) que, a pesar de que no se expresa respecto al fondo del asunto, recomendó al INC que diseñara una política pública clara para el otorgamiento de tierras.

"Que apruebe y ejecute procedimientos adecuados, aplicando el principio de celeridad, para cumplir objetivamente con las obligaciones del Estado uruguayo en relación a los derechos sociales, económicos o culturales", dice el fallo al que accedió El Observador.