Homicida del taxista violó 16 veces prisión domiciliaria previa

Miguel Núñez, un delincuente de 22 años acusado de un homicidio e investigado por otro asesinato fue enviado a prisión domiciliaria el 31 de mayo como sospechoso de la desaparición de una tercera persona a comienzos de abril. Sin embargo, Núñez no respetó la medida y la Justicia fue advertida del desacato al menos en 16 oportunidades antes de que ordenara la captura del imputado, según datos de la Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas (OSLA) a los que accedió El Observador.

La orden de detención se libró luego del 20 de agosto, cuando los agentes de la OSLA habían ido hasta su casa para llevarlo a una audiencia judicial y constataron, por decimosegunda vez, que Núñez no estaba. Los funcionarios de la OSLA visitaron su vivienda otras cuatro veces luego de ese día sin volver a encontrarlo  hasta que el 26 de setiembre cesó la prisión domiciliaria dispuesta cuatro meses atrás, y ya dejaron de ir a ver si estaba en su casa.

El 23 de diciembre, prófugo de la Justicia y sin compromiso con la OSLA, Núñez asaltó junto a su primo a Juan Carlos Nacaratto, un taximetrista que fue sorprendido por los delincuentes en la calle General Flores: le dispararon en la mejilla y lo subieron al auto inconsciente –que Núñez condujo, según declararon dos testigos con identidad reservada– hasta las calles Teniente Galeano y Roberto Ibáñez, en Piedras Blancas. Allí, lo golpearon con palos contundentes hasta matarlo, según relató el fiscal Juan Gómez en la audiencia de este miércoles. Luego lo tiraron a una zanja ubicada a cuatro metros del auto, y prendieron fuego el taxímetro para eliminar las huellas. 

El cuerpo apareció al otro día, y casi un mes después Nuñez fue enviado –ahora sí– a prisión preventiva por 150 días a la espera de que se celebre el juicio oral.

El rol de la OSLA

Cuando Núñez fue imputado por la privación de libertad de un conocido, cuyo cuerpo aún no ha aparecido, la OSLA asumió la responsabilidad de colocarle una tobillera electrónica para tenerlo monitoreado. Debido a que tenía varios antecedentes penales –había ido a prisión por última vez entre 2015 y 2016 por un delito de violencia privada– el fiscal Gómez apeló esa decisión al considerar que se trataba de un delincuente peligroso, pero un Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia en primera instancia.

Sin embargo, la medida nunca pudo ejecutarse como estaba dispuesta porque cuando los técnicos fueron a cumplir con la orden judicial se encontraron con que en el “precario ranchito” en el que vivía, según relato el juez Gonzalo Arzuaga, Núñez no tenía una conexión eléctrica regular, condición indispensable para instalar la tecnología.

“La conexión legal es una condición para que nos dé garantías de que el aparato va a funcionar correctamente, y esas situaciones son muy frecuentes. Pasa mucho”, dijo a El Observador la directora del organismo, Cecilia Vega.

“Es algo que hemos hablado con los fiscales, porque sabemos que en las audiencias le preguntan a la persona si tienen el servicio legal, y con tal de zafar responden que sí, o que su madre lo tiene, y cuando vamos allá corroboramos que al final no era así”, dijo la jerarca.

Agregó: “A veces nos pasa, incluso, que ni siquiera viven en el lugar: nosotros cumplimos lo que nos dicen jueces y fiscales”. La solución que se dio para el caso de Núñez fue la que se aplica frecuentemente:  sustituir el dispositivo de control por la supervisión manual que implica que un policía de la OSLA, en forma aleatoria, a veces de día y otras de noche, visitaría la casa del imputado.

Ese policía no lo encontró en un total de 16 veces en que se presentó en la vivienda. Y tras la orden de captura solicitada por el fiscal Gómez, la Policía tampoco lo encontró en ocho allanamientos que realizó a pedido de la Fiscalía.

Una falencia del sistema

El caso de Miguel Núñez dejó en evidencia un problema que preocupa a los fiscales: la OSLA solo corrobora que una medida puede ser ejecutada cuando ya está impuesta por la Justicia. Es decir, que cuando un juez resuelve que se debe colocar una tobillera, éste no tiene forma de saber si es posible instalarla.

Si la medida no se puede aplicar, entonces se debe buscar una sustitutiva, algo que se define en una nueva audiencia. Mientras esa audiencia se fija, o el juez toma una resolución, pueden pasar días, lo que supone que durante  ese tiempo no se aplique el control sobre el imputado que la Justicia definió, y pueda escaparse como sucedió en este caso.

Un fiscal que prefirió no ser identificado dijo a El Observador que en una ocasión un delincuente que debía cumplir arresto nocturno dio una dirección falsa. Cuando terminó, la policía lo llevó a su supuesta vivienda, por lo que descubrieron la mentira. Ese día, cuando llegó la noche, el delincuente permaneció libre a pesar de la orden de arresto porque la nueva audiencia recién se celebraría al día siguiente. 

La fiscal Brenda Puppo dijo a El Observador que normalmente ordena que policías verifiquen que la persona realmente habite la vivienda que declara, ya que ha tenido casos en los que imputados que salen con una suspensión condicional del proceso (libres mientras cumplan una serie de condiciones) han mentido sobre este punto. Sin embargo, el engaño no se descubre sino hasta que faltan en algunas de las condiciones fijadas en la audiencia y se les intenta notificar de ese incumplimiento. 

Puppo dijo que tiene “varias” ordenes de captura de personas a las que dieron una dirección falsa y a las que la Justicia les perdió el rastro una vez se corroboró que no cumplieron con las condiciones de la suspensión del proceso, y que por tanto deberían ser arrestadas.

El fiscal Carlos Negro había dicho a El Observador que sería bueno contar –como ocurre en otros países– con personal de la OSLA que asesore a los fiscales en la etapa previa a la resolución, de modo de que puedan evaluar la viabilidad de la aplicación de las sanciones y además dar alternativas que puedan suponer una mejor solución para la rehabilitación del imputado.

Falta de cupos para las tareas comunitarias

La Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) había informado a la Fiscalía General de la Nación que a partir de enero se produciría una disminución del número de cupos para que delincuentes realicen tareas comunitarias. Si bien el organismo no pidió a los fiscales que eviten solicitar esta medida cuando fijen una libertad vigilada o una suspensión condicional del proceso, dos opciones para evitar la prisión, varios fiscales consultados por El Observador lo interpretaron de esa forma. La razón de esta baja es que buena parte de los 40 acuerdos que el organismo tiene con instituciones que requieren de la tarea de personas en conflicto con la ley son liceos, locales de UTU y escuelas, y todas cierran durante la temporada de verano.