Justicia ordena pericia contable sobre la gestión de Casinos

Unificarán la causa del director Chá con la de su antecesor, Nopitsch

El juez Néstor Valetti ordenó al Instituto Técnico Forense (ITF) que realice una pericia contable sobre la gestión de la Dirección General de Casinos, para unificar dos investigaciones que tramita en el juzgado especializado de Crimen Organizado. La primera causa investiga presuntos hechos de corrupción en la contratación de la empresa Vidaplan, la explotadora del casino Nogaró de Punta del Este, y apunta al exdirector de Casinos Fernando Nopitsch. La segunda causa indaga la compra de unos slots en un remate que estaban en situación irregular por parte del sucesor de Nopitsch, el actual director del organismo, Javier Cha.

Ambas causas se unificarán porque fueron iniciadas a raíz de denuncias de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju). A su vez, los hechos denunciados describen una serie de irregularidades cometidas por los sucesivos directores de Casinos. El antecesor de Nopitsch, Juan Carlos Bengoa, fue condenado por los delitos de conjunción del interés personal y público, fraude y concusión, pero por su actuación al frente de los casinos municipales entre 2000-2005.

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La pericia contable encargada al ITF podría revelar si también existieron delitos durante la gestión de Nopitsch. La Justicia indaga si el exdirector de Casinos del Estado ocultó ante el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Economía (MEF) documentos técnicos y jurídicos internos que se oponían a la adjudicación directa a la firma Vidaplan para la explotación de la sala de juego del hotel Mantra.

De acuerdo con una investigación periodística publicada por el semanario Brecha, se detectaron fallas en el control estatal sobre si efectivamente la sociedad anónima beneficiada invirtió los 18 millones de dólares que prometió desembolsar y halló una diferencia de 40% a favor del inversor en el canon que Casinos debió pagar.

En cuanto a Cha, la Justicia investiga su participación en la compra de 10 slots. El 17 de marzo de 2011, Cha levantó la mano en un remate y ofertó US$ 94 mil por 10 tragamonedas que permanecían en el país de forma irregular.

El asunto tomó estado público dos meses después del remate, cuando el diputado blanco Jorge Gandini le pidió explicaciones a Cha en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

Cha le respondió entonces que “desde el punto de vista comercial” esa opción le pareció “impecable”.

Pero el problema no era solo comercial sino de legalidad. Estos slots ingresaron al país en “admisión temporaria” y no se pagaron los impuestos de importación correspondientes.

A pesar de esto, los slots seguían funcionando en el casino de Atlántida de forma ilegal, según informó el semanario Brecha en abril de 2013. La empresa propietaria de los tragamonedas le ofreció las máquinas a Casinos, pero el organismo público rechazó la oferta porque tenían dos años de antigüedad. La empresa llevó entonces 10 máquinas a remate, y allí Cha levantó la mano.

Ante el juez Valetti y el fiscal Juan Gómez, Cha negó conocer esta situación y atribuyó la responsabilidad por la compra al encargado interino del Área Comercial, Luis Gama, y el gerente del Área de Administración General, Daniel Bollota, por no informarle en qué situación estaban los slots.

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