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Jutep desarchivó investigación por los viajes de Toma con la contadora y tomará medidas
El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió por "unanimidad" retomar la investigación que había archivado sobre las misiones oficiales que realizó a Roma (Italia) en 2019 el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, junto con una contadora del gobierno que lo acompañó sin una debida justificación, según informó la presidenta del organismo, Susana Signorino.
"Celebramos una sesión extraordinaria por estos hechos de pública notoriedad, y resolvimos por unanimidad desarchivarlo y continuar con las actuaciones", dijo la jerarca a radio Monte Carlo este martes.
El directorio anterior de la Jutep había investigado la presunta irregularidad, pero zanjó el tema el 9 de enero de este año cuando el entonces presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne, estaba de licencia. El resto de los integrantes de ese directorio, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez, fueron los que decidieron archivar el caso luego de analizar las explicaciones que había dado Toma. Sin embargo, el 22 de ese mes, cuando Gil Iribarne tomó nota de la resolución, dejó de manifiesto en las actas: “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”.
Ahora, el nuevo directorio –integrado también por el comunista Jorge Castro y el nacionalista Guillermo Ortiz– decidió que debe "profundizarse la información, obtener detalles que no están en el expediente y aclarar un poco más la situación", sostuvo Signorino.
"Mañana ya empezaremos con las medidas concretas, pero a modo personal, pienso que deberíamos pedir más información a Presidencia de la República, sobre todo respecto a la vuelta de la misión oficial; por lo general, todos los funcionarios debemos hacer un informe de lo que se actuó en el exterior, y esos informes no fueron proporcionados", agregó.
Por los viajes que hizo acompañado de la contadora Giuliana Pérez en julio y diciembre de 2019, Toma enfrenta además dos investigaciones paralelas. Una administrativa, ordenada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, debido a que actualmente se desempeña como fiscal de Gobierno (un cargo al que renunció mientras ocupó el de secretario de la Presidencia y ahora retornó) y otra penal, a cargo del fiscal de Delitos Económicos Ricardo Lackner, que indagará si cometió algún delito, como el de abuso de funciones o conjunción del interés personal con el público.
Según informó el programa Así nos va, de radio Carve, en los descargos que hizo Toma ante la Jutep, estableció que el equipo que viajó a Italia –para participar en el litigio en el que la Justicia de ese país condenó a cadena perpetua a militares por desaparición de italianos en el marco del Plan Cóndor en América Latina– tenía el rol de asumir "la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana". Además, sostuvo que ese grupo estuvo integrado por un escribano que ofició "como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a las autoridades italianas" y por Pérez, contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), quien se desempeñó "como Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales".
En respuesta, el extitular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, dijo al semanario Búsqueda que su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”, y agregó que Pérez "integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”.
Toma también sostuvo que la contadora tuvo una participación activa aportando ideas durante el juicio, y que además tenía la tarea de investigar "la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor".
