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Cómo es la investigación administrativa que inició Lacalle contra Toma por los viajes con contadora
Ariel Sánchez, subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, anunció que será el instructor de la investigación administrativa iniciada contra el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, por las misiones oficiales que realizó a Roma (Italia) en 2019, junto con una contadora del gobierno que lo acompañó sin una debida justificación.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, había anunciado este viernes que Toma sería investigado, y Sánchez explicó, este lunes en una rueda de prensa, algunos detalles del proceso administrativo abierto y que cuenta con 60 días de plazo. Dijo que puede citar a "cualquier ciudadano" durante la indagatoria, y que el expresidente Tabaré Vázquez puede ser uno de los que comparezcan.
"Es uno de los procedimientos que se tienen para con todos los funcionarios de la administración pública a los efectos de esclarecer algunos hechos que pueden tener alguna irregularidad en la gestión pública", señaló el jerarca, según recogió Telemundo.
En paralelo a este proceso, el fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, también analizará si Toma no incurrió en algún delito contra la administración pública –como abuso de funciones o conjunción de interés personal y público– al haber viajado en julio y diciembre del año pasado a Italia con Giuliana Pérez Muñiz, funcionaria de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
Los viajes se realizaron porque Uruguay participaba en el litigio en el que la Justicia italiana condenó a cadena perpetua a militares por desaparición de italianos en el marco del Plan Cóndor en América Latina.
La Jutep investigó la presunta irregularidad, pero zanjó el tema el 9 de enero cuando el entonces presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne, estaba de licencia. El resto de los integrantes de ese directorio, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez, archivaron el caso. Sin embargo, el 22 de ese mes, cuando Gil Iribarne tomó nota de la resolución, dejó de manifiesto en las actas: “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”.
En los descargos que hizo Toma ante la Jutep, estableció que el equipo que viajó a Italia, y que tenía el rol de asumir "la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana", había estado integrado por un escribano que ofició "como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a las autoridades italianas" y por Pérez, quien se desempeñó "como Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales".
En respuesta, el extitular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, dijo al semanario Búsqueda que su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”, y agregó que Pérez "integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”.
Toma también sostuvo que la contadora tuvo una participación activa aportando ideas durante el juicio, y que además tenía la tarea de investigar "la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor".
Sin separación del cargo
"Son dos procesos bien distintos. Uno es la investigación que tratará de determinar si hubo alguna irregularidad en la función pública, para la que se analizarán los hechos para identificar a las personas vinculadas a esa eventual irregularidad. (Y) de comprobarse, se inicia un segundo proceso que es un sumario", explicó el subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Sánchez también se refirió a la eventual pena que pueda recibir Toma, que es la destitución de su cargo. Recordó que en caso de demostrarse la culpabilidad, antes de su cese se requerirá la venia del Senado.
