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Fiscal del caso Morabito investigará si hay delito en viajes oficiales que hizo Toma con contadora

El exsecretario de Presidencia viajó a Roma en julio y diciembre del año pasado con Giuliana Pérez Muñiz, funcionaria de la Senaclaft, quien lo acompañó sin autorización de quien era su jefe

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18 de septiembre de 2020 a las 15:50

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dispuso a la oficina de Depuración, Priorización y Asignación que asignara a un fiscal la indagatoria sobre los viajes oficiales a Roma realizados por el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma en compañía de una contadora del gobierno, sin justificación.

Según informaron a El Observador fuentes del Ministerio Público, quien asumirá el caso es Ricardo Lackner, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno que actualmente también está al frente de la investigación de la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito en junio de 2019, causa por la cual todavía no ha habido pronunciamiento.

La situación fue analizada por la Junta de Transparencia y Ética Pública el 9 de enero, cuando el entonces presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne estaba de licencia. El resto de los integrantes de ese directorio, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez, archivaron el caso. Sin embargo, el 22 de enero, cuando Gil Iribarne tomó nota de la resolución, dejó de manifiesto en las actas: “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”.

En diciembre de 2019, la Jutep había dirigido una nota al entonces director general de Presidencia, Diego Pastorín, pidiendo información sobre misiones oficiales del gobierno entre 2018 y 2019 relacionadas al juicio desarrollado en Roma para exmilitares acusados de violación de derechos humanos durante la dictadura.

La réplica llegó en enero, e incluyó explicaciones brindadas por Toma. En ella detallaba que el equipo a cargo de "la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana" había estado integrado por un escribano que ofició "como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a las autoridades italianas" y por una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que ofició "como Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales".

Esta profesional es Giuliana Pérez Muñiz y, según declaró a Búsqueda el  extitular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”, y agregó que Pérez "integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”.

Toma, por su parte, expuso a la Jutep que la contadora investigaba además "la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor".

El exsecretario de Presidencia destacó asimismo que la funcionaria se dio cuenta de que cuando Italia condenó con penas “pecuniarias” a los exmilitares, no incluyó entre los damnificados a Uruguay. También señaló que gracias a que ella tomó nota de ese aspecto, el Estado iba a presentar un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico.

Según informó Así nos va, Pérez Muñiz se recibió de contadora el 4 de diciembre de 2018 en la Universidad de la República. En abril de 2019, ingresó a la Senaclaft junto con otro joven, ambos con contrato temporal aprobado por Presidencia.

En junio de 2019, Toma informó que la técnica integraría la comisión que viajaría a Roma, con el fin de investigar si los acusados habían realizado "financiamiento de terrorismo de Estado".

La contadora de la Senaclaft participó de las misiones oficiales en julio y diciembre. La primera no figura en la web de Presidencia de la República, mientras que la segundo sí aparece, aunque al ingresar al portal se encuentra un mensaje de "Error 404".

La funcionaria también participó en tres ocasiones en misiones oficiales a Washington DC durante el juicio de la minera Aratirí al Estado uruguayo. El último viaje fue en enero de este año.

 

 

 

 

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