La difícil relación de México con EEUU

No ha sido México el único país afectado por el “America First” de Donald Trump. A punto de finalizar su mandato, el presidente americano puede ufanarse además de haber abandonado el Tratado TransPacífico con varios países asiáticos, de imponer un arancel del 25 % sobre la importación de acero y del 10 % sobre la de aluminio provenientes de la Unión Europea, Japón y, con algunas limitaciones, Corea del Sur y, lo más importante, de haber iniciado una “guerra comercial” con China que aún sigue en curso. Todo esto sin perjuicio de las idas y vueltas aún no resueltas en la relación con la UE.

Es cierto que el nuevo tratado comercial, aún devaluado, le permite a México mantener un vínculo comercial preferente con su vecino del norte, de fundamental importancia para su economía. No en vano el Nafta había permitido que sus exportaciones industriales, en su mayor parte dirigidas a Estados Unidos, crecieran hasta superar a las del conjunto del resto de América Latina. Además, es una buena noticia para una economía que desde hace un año se encuentra en recesión, ahora agravada por el coronavirus.

Pero con su presencia en la capital americana, AMLO reiteró su aceptación incondicional de las concesiones que Trump le había impuesto a su antecesor Peña Nieto. Y lo hizo en una fecha que para muchos sirvió a las intenciones de reelección del presidente americano. Más aún, López Obrador venía de rendirse ante otras demandas de su vecino del norte, como las de dirimir en México las solicitudes de asilo de los migrantes y desplegar a la Guardia Nacional en la frontera para contener a la migración proveniente de Centro América. Y como si todo esto fuese poco, la relación entre ambos países viene desde hace tiempo perturbada por el discurso de Trump sobre la construcción del polémico muro fronterizo entre ellos.

En este marco, el nuevo acuerdo comercial consagra el principal objetivo de Trump, que ha sido el de incentivar a la industria automotriz americana mediante varias formas de limitación a la libre entrada de la producción de México. Así, en adelante para que un automóvil fabricado en México pueda ser exportado libre de aranceles a Estados Unidos, tendrá que ser producido en 75 % en uno o los dos países, por encima del actual 62,5%.

En adición, entre 40% y 45% del vehículo deberá ser fabricado por trabajadores que ganen al menos US$ 16 por hora, que es casi el doble que el salario actual en la industria. Asimismo, el gobierno de López Obrador debió mejorar el sistema de justicia laboral, la independencia de los sindicatos y aprobar un aumento anual del salario mínimo de un 2% por sobre la inflación. Todo esto introdujo una nueva restricción para la producción en México, además de prevenir la localización de las fábricas en zonas de bajo costo salarial.

El aumento del porcentaje de integración nacional también habrá de limitar la importación de México de autopartes provenientes de Alemania, Japón o China, países que ante esta situación, en adelante podrían terminar trasladando estas fábricas a EEUU.

La industria de autos de México que no cumpla las nuevas reglas pagará un arancel del 2.5 % para autos y 25 % para camiones. El plazo del acuerdo será de dieciséis años. Si ambas partes deciden renovarlo, estará vigente por otros dieciséis años, pero en caso de discrepancias, tendrán otros diez años para negociar antes de que expire.

Hacia delante, el nuevo acuerdo comercial sobre la economía mexicana difícilmente tendrá el mismo efecto positivo que se dio durante los treinta años de vigencia del Nafta. No solo porque las nuevas condiciones de acceso al mercado americano ya no habrán de reeditar la misma relación costo beneficio del pasado para la inversión automotriz en uno u otro país. Hay además una cuestión más de fondo, que es el marco de la política económica actual de México con relación a la inversión extranjera.

Entre otros, ahora están operando en contra de ella la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco en el 2018, el freno dispuesto a la apertura del sector energético a la iniciativa privada, la construcción de un cuestionado tren turístico en la región maya en el sur y los frecuentes comentarios de López Obrador en contra de las empresas extranjeras.

Más aún, México está en riesgo de perder el grado de inversión de su deuda soberana en dólares quizá para fines del año próximo. En cuyo caso, también estará afectada la cotización de unos US$ 9.000 millones de bonos de las aerolíneas, hoteles, tiendas de menudeo, empresas de energía y tantas otras del sector privado que hoy cotizan en el mercado internacional.

En la negociación de estos años, tan cerca del Estados Unidos de Trump, México debió resignar concesiones de importancia para dar vida a un nuevo tratado comercial que de todos modos mantiene un acceso preferente al mercado americano. Está por verse si las políticas de López Obrador permitirán un resultado a pleno de este nuevo instrumento.