La nueva búsqueda, las idas y vueltas y los reproches cruzados
A veinte años de la primera marcha del silencio, el gobierno reactiva una vez más las acciones para conocer el destino de los detenidos desaparecidos
Diez años atrás, el actual presidente Tabaré Vázquez esperaba que la del 20 de mayo de 2005 fuera la última marcha por el esclarecimiento del destino de los desaparecidos. A dos meses de haber asumido su primer gobierno, tenía la esperanza de lograr que los involucrados en las violaciones a los derechos humanos hablaran y que poco a poco se aclararan los casos.
Diez años después la situación está lejos de aquella aspiración. En esos diez años, la búsqueda solo arrojó el hallazgo de cuatro personas desaparecidas. Y ese resultado no conforma a nadie.
Ahora surgió un nuevo ímpetu para la búsqueda, y la elección del momento del anuncio no fue casual. A un día de la vigésima marcha del silencio, y horas después de que el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, apuntara hacia la propia izquierda y organizaciones sociales por “estigmatizar” a los militares por hechos del pasado –léase violaciones a los derechos humanos durante la dictadura–, Vázquez oficializó por decreto la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
Y la línea que impone el presidente en ese decreto es firme y clara: investigar incluso fuera de fronteras y en el período democrático previo al golpe de Estado de 1973. Es decir, durante los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry. El Poder Ejecutivo advierte que buscará “reparar en lo posible el daño causado” en ese período y brindará mecanismos para alcanzar la verdad, la justicia y garantías de que esos hechos no se repitan.
Poner el tema de los desaparecidos en dictadura sobre la mesa es un objetivo explícito de Vázquez desde el primer día. Lo hizo en su primer gobierno cuando ordenó que se comenzara a excavar en los cuarteles militares, con la ley de Caducidad vigente, pero aplicando el artículo 4 de esa norma, que permitió realizar las investigaciones.
La búsqueda que había empezado con gran expectativa en el período 2005-2010 encontró varios obstáculos durante el gobierno del presidente José Mujica, según organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que han señalado a Fernández Huidobro por haber dificultado la búsqueda. Mujica también fue duramente cuestionado por buscar la “reconciliación” con los militares y aventurar una posible liberación de los que están procesados. Vázquez también fue criticado por su propuesta de que cada 19 de junio se celebrara el día del “Nunca más”, con el concepto de que no se repitieran “enfrentamientos de hermanos contra hermanos”. Las organizaciones reclamaron que ese “Nunca más” debería ser hacia el terrorismo de Estado y allí se dio un cortocircuito que el tiempo se encargó de suavizar.
El avance en el hallazgo de desaparecidos tuvo otro tropiezo: el enfrentamiento de los familiares con el antropólogo forense José Luis López Mazz, que dirigía las excavaciones, y su posterior renuncia. Pero además, la búsqueda debió afrontar el revés ocurrido en mayo de 2011, cuando el Parlamento rechazó la anulación de la ley de Caducidad.
Ahora, el presidente encomendó a siete personas (Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota) que se pongan el tema al hombro. Y si bien el grupo tiene autonomía para trabajar y se tomará su tiempo para ordenar los archivos y definir por donde empezar, el objetivo es que a la brevedad haya resultados, ya que entre los debe mayores está el no haber logrado que quienes participaron de las torturas y desapariciones dieran la información que falta.
