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Lograr que los legisladores reformen el Código del Proceso Penal (CPP) “es como arar en el desierto”, dice Dardo Preza, ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y redactor del proyecto que ingresó al Parlamento en setiembre de 2009 y que todavía no ha salido de la comisión de Constitución y Códigos del Senado. Allí estuvo Preza en junio de 2012 para presentar, defender y discutir el nuevo CPP, que diseñó una comisión de especialistas formada por el gobierno de Tabaré Vázquez en setiembre de 2006. El texto que permanece en el Parlamento es el resultado de tres años de consultas internacionales y discusiones internas. “Nos llevó un gran trabajo de consenso”, recuerda Preza, que no titubea en responsabilizar al sistema político y a la prensa por quitarle a la iniciativa la jerarquía que merece. “A nivel legislativo no pasa nada y a nivel periodístico, tampoco”, se queja.

En la reunión que mantuvo con los legisladores en junio, Preza defendió el articulado del proyecto que propone, entre otras cosas, abolir la prisión preventiva como una forma de castigo y cambiar los roles del juez, el fiscal y hasta de la víctima en el proceso penal. “Nadie presentó la más mínima objeción”, recuerda. “Comenzamos a discutir artículo por artículo con la promesa de que iba a seguir, pero todavía estoy esperando”, agrega.

“No encuentro la explicación de por qué se ha demorado la discusión parlamentaria”, dice Preza, quien especula que no lo trancan “limitaciones presupuestales”, como en un primer momento argumentaron algunos actores, sino que “hay una actitud de que les parece que esto no es esencial”.

Vergüenza internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sancionó a Uruguay en agosto de 2009 por no haber modificado el código, como exigió en 2007. “Los especialistas internacionales ven como una aberración que el mismo juez que conoce en el presumario, luego procesa, dicta sentencia y sigue interviniendo en la etapa de ejecución”, dice Preza. “Me avergüenza como uruguayo cuando especialistas de derecho procesal de Europa y Estados Unidos nos dan a entender con amabilidad que el sistema que tenemos es un atraso”, expresa.

Apenas asumió el gobierno de José Mujica, su entones secretario de Presidencia, Alberto Breccia, dijo: “Desde Presidencia estamos abocados a impulsar fuertemente la actualización del CPP”. A Preza le causa gracia la cita. “Suerte que era prioritario”, ironiza.

La reforma fue desplazada en el Parlamento el 20 de junio, cuando el gobierno presentó un paquete de 15 medidas para combatir la inseguridad y promover la convivencia ciudadana. Preza cuestiona que, desde entonces, el gobierno impulse reinstaurar las faltas penales y deje de lado la reforma del CPP.
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