RONALDO SCHEMIDT / AFP

La reforma judicial, el nuevo protagonista de la “grieta” política argentina

Para la oposición, un intento de dar impunidad a Cristina Fernández. Para el gobierno, una forma de terminar con el “lawfare” y el espionaje ilegal. El tema divide al país y es objeto de negociación en el Congreso

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22 de agosto de 2020 a las 05:00

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La jornada de protesta que el gobierno argentino intentó asimilar a una expresión de los “anti cuarentena” tuvo, en realidad, una motivación política que se impuso sobre todas las demás consignas: el rechazo al proyecto de reforma del poder judicial.

De hecho, la mayoría de los carteles de confección casera, de los cánticos y consignas, de las declaraciones de los manifestantes y los organizadores, apuntaban al mismo tema.

“No a la impunidad”, “Defendamos la República”, “Independencia del poder judicial”, esa fue la tónica de las consignas. Y una, más explícita, fue reproducida por todos los medios: semejando un diálogo entre Cristina Fernández de  Kirchner y Alberto Fernández, decía: “Esta es la reforma, yo te hago presidente pero vos me limpiás las causas”.

Ese es el estado de ánimo político en este momento de Argentina. Ya mirando al período post pandemia, y acaso prematuramente pensando en la elección legislativa de 2021, los sectores más politizados resucitaron la “grieta” que desde hace más de una década divide al país y que tiene como protagonista principal a Cristina Fernández.

RONALDO SCHEMIDT / AFP

La percepción de la oposición es que en medio de una recesión sin precedentes no hay ningún motivo como para que el gobierno se fije como prioridad una reforma del poder judicial, y que lo haga en un trámite exprés. El diagnóstico opositor es muy claro: la ahora vicepresidenta quiere aprovechar el momento de mayor poder del nuevo gobierno para reformar la justicia, de forma de garantizarse que no vuelva a haber un hostigamiento judicial contra ella y sus ex funcionarios.

En el léxico de Cristina, se busca una mayor independencia de la justicia, de manera que no pueda volver a aplicarse el “lawfare” –es decir, el armado de causas judiciales con el objetivo de perseguir a líderes políticos populares, como se hizo en Brasil con Lula Da Silva y en Argentina con ella misma. Y, además, se apunta que un objetivo central de la reforma es impedir la connivencia entre los servicios de inteligencia con jueces y fiscales.

Lo cierto es que el proyecto de reforma judicial se transformó hoy en el símbolo principal de la grieta, como en otros momentos lo habían sido los impuestos a la producción agrícola o la ley de medios.

Un proyecto nacido con polémica

El proyecto de reforma fue presentado hace un mes por Alberto Fernández, sin la presencia de Cristina, en un acto en la Casa Rosada. El presidente lo planteó como una deuda del sistema democrático y convocó a una comisión de expertos para que opinaran sobre el texto.

El mismo día de esa presentación se escucharon cacerolazos en varios barrios porteños, un síntoma temprano de la decodificación en clave política que se hacía del tema. A nadie escapó, por otra parte, la coincidencia entre el nuevo proyecto y la ofensiva para vincular al ex presidente Mauricio Macri con el espionaje contra dirigentes políticos, sindicales y empresariales.

Pero Fernández dijo que esa reforma había sido una promesa de campaña, que Argentina no podía seguir usando a la justicia como una forma de dirimir diferencias políticas y que la reforma iba en el sentido de devolverle la independencia al poder judicial.

Claro que desde el macrismo lo ven como exactamente lo contrario. Y cuestionan, por ejemplo, el hecho de que uno de los miembros de la comisión de 11 notables que asesorará en este debate es nada menos que el abogado defensor de Cristina.

Entre las principales reformas propuestas figura la creación de nuevos juzgados para el fuero federal, de manera de diluir el poder de los jueces que hoy entienden los principales casos de corrupción y debate institucional, el famoso fuero de la avenida Comodoro Py.

También se plantea un aumento en la cantidad de miembros de la Corte Suprema, un punto que Alberto Fernández afirma no es el centro de la discusión, pero que muchos interpretaron como un intento de intromisión. Y fue sugestivo el hecho de que solamente uno de los cinco miembros actuales de la Corte estuviera presente en el anuncio.

La urgencia de CFK

Tras las críticas que su propuesta generó en la oposición, Alberto Fernández dejó ver la posibilidad de introducir cambios en sus propuestas. “Yo lo que hice fue abrir el debate”, dijo el presidente, que reiteró que buscará que el tema salga de manera consensuada en el Congreso.

Y, de hecho, luego de la marcha de protesta, convocó a que la oposición diera su punto de vista y participara en la discusión sin rechazar de plano la idea de una reforma.

Sin embargo, la celeridad que Cristina Fernández le imprimió al trámite parlamentario da a entender que hay cierta urgencia por la aprobación. En contra del pedido de la oposición, que no quería que el Senado sesionara en forma virtual, no habilitó que se pospusiera el tema hasta que los senadores pudieran sentarse en sus bancas. Y, con ausencia de la oposición, impulsó que el proyecto tuviera dictamen en comisión, el paso previo para la aprobación en el recinto.

La expresidenta está procesada en 10 causas, por acusaciones que van desde corrupción en la gestión de la obra pública hasta un pacto secreto con el gobierno iraní para garantizar la impunidad del atentado terrorista de la AMIA. Una de esas causas, la que investiga el desvío de fondos presupuestales para testaferros de la familia Kirchner, ya está en fase de juicio oral.

Y el argumento de la oposición es que, si la reforma se aprobara tal como está planteada, eso supondría el traslado y nombramiento de nuevos jueces, así como la reasignación de causas, de forma tal que los procesamientos de la expresidenta quedarían en la nada.

En su condición de vicepresidenta, Cristina tiene fueros que la ponen a resguardo. De hecho, ya desde que ganó un escaño como senadora en 2017 logró esquivar los pedidos de prisión preventiva que realizó el fallecido juez Claudio Bonadio, un archienemigo de la ex mandataria.

Pero Cristina, que durante todo el gobierno macrista hizo de la reforma judicial su principal bandera política, está determinada a dejar un cambio permanente.

Negociando votos con las provincias

Como el oficialismo tiene mayoría en el Senado, se descuenta su rápida media sanción. En cambio, la cosa es más pareja en Diputados, donde se negocia voto a voto. Y ahí es donde la jornada de protesta le dejó a Alberto Fernández un motivo de preocupación, porque las manifestaciones no sólo fueron masivas en Buenos Aires, un territorio tradicionalmente anti-peronista, sino que también mostraron mucha fuerza en las grandes provincias gobernadas por el peronismo, como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Esa es la zona núcleo de la producción agrícola, con la que el kirchnerismo estuvo históricamente enfrentado. Y Fernández intenta recomponer vínculos luego de su paso en falso al proponer la estatización de la cerealera Vicentin, una iniciativa que fue interpretada como un intento de avanzar contra la propiedad privada.

Los gobernadores provinciales, atentos al reclamo de sus bases políticas, en ese momento dieron la espalda a la estatización, lo cual obligó al presidente a dar marcha atrás.

Y ahora, todavía con los ánimos hipersensibles, los gobernadores están tomando nota de que la reforma judicial también es objeto de cuestionamiento en sus propios territorios.

Esto le plantea un dilema a Fernández: si da marcha atrás en un intento por aliviar la tensión social, puede arriesgar a un conflicto interno con el kirchnerismo. Si, en cambio, radicaliza su postura, implicaría abandonar su promesa de moderación y de diálogo con la oposición.

Las primeras señales del gobierno apuntan a que tratará de aprobar el proyecto a como dé lugar. Es por eso que está en marcha una negociación con los principales gobernadores peronistas, con el objetivo de ganar el crucial voto de los diputados de estas provincias.

La moneda de cambio en esa negociación sería, por un lado, la derivación de cientos de nuevos cargos que se crearán por la propia reforma. Y, por otra parte, la confirmación de que el plan de reactivación económica tendrá como protagonista a la obra pública en el interior.

No por casualidad, lo primero que hizo Fernández tras la protesta fue una conferencia con cinco gobernadores, incluyendo al cordobés Juan Schiaretti, a quien le confirmó una ayuda millonaria y le dijo: “Terminemos con esta historia de que Córdoba era una cosa aislada del resto del país. ¡Somos lo mismo!”.

En el contexto actual, a nadie le quedaran dudas sobre el significado de esa apelación.

Una inyección para Macri

Un efecto indirecto del conflicto por la reforma judicial y de la marcha de protesta fue la revitalización de una oposición que venía alicaída y dividida. De hecho, la jornada del 17 de agosto fue, como otras manifestaciones, convocada desde las redes sociales sin que las cúpulas partidarias participaran en la organización.
Hubo adhesiones de dirigentes, que concurrieron a título personal, como Patricia Bullrich –exministra de seguridad y actual presidenta del PRO– y Alfredo Cornejo –ex gobernador de Mendoza y actual presidente de la Unión Cívica Radical– . Pero otros, sobre todo los que tienen responsabilidad de gobierno, como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijeron que no concurrirían y que consideraban peligrosa la aglomeración de gente en un momento de suba de los contagios por covid-19.
De todas formas, la masividad y contundencia de la protesta hizo que la oposición volviera al primer plano, lo cual incluye al ex presidente Mauricio Macri, cuyo liderazgo había quedado desdibujado por su criticada decisión de viajar a Europa en medio de la pandemia. Macri fue a Suiza, como parte de sus funciones como titular de la fundación de FIFA, pero tanto desde el gobierno como desde su propio partido se interpretó su actitud como un gesto de desapego en un momento de crisis.
La protesta le permitió a Macri levantar el perfil, con un mensaje de felicitación en el cual se declaraba “orgulloso de los miles que dijeron basta al atropello”.
Lo curioso del caso es que mientras sus propios militantes critican a Macri por su falta de compromiso, desde el gobierno le han hecho un favor: la estrategia del kirchnerismo fue “acusarlo” de haber organizado la jornada de protesta, con lo cual se lo volvió a catalogar como líder de la oposición, un puesto para el cual asomaban varios candidatos, con Rodríguez Larreta a la cabeza.
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