El Frente Amplio tuvo su fiesta en paz, gastando y gastando a su gusto durante una década espectacular; no se puede quejar. Los partidos tradicionales, en sus tiempos, también gastaron de más en momentos electorales. Ahora el presidente electo se muestra preocupado por la situación económica del país, una especie de herencia maldita podríamos decir, solo que de entrecasa.
Ahora que la batalla electoral pasó, creo que en privado todos los que saben algo de economía y no están emborrachados por la ideología, aceptan que se gastó en exceso en cantidad y con muchas debilidades en cuanto a calidad. Al país le sirve prevenir que estos excesos no se repitan y, si le sirve al país, le tiene que servir a todos los políticos de buena fe.
La forma de evitar gastos inadecuados, que luego generan preocupación del próximo presidente, es a través de una regla fiscal. No se precisa ser anglosajón o nórdico para dotarse de una herramienta de este tipo; la bien latina y socialista Chile la aplica con rigor.
Se trata de una norma legal que acota la evolución del gasto público en función del crecimiento de la economía, quitando al Poder Ejecutivo la capacidad de gastar mucho cuando la economía crece mucho. La lógica detrás de esta regla es la siguiente: si no se aplica una restricción forzosa y anticipada, el gasto público siempre es procíclico: cuando la economía crece el Estado gasta de más porque no resiste las presiones y, cuando la economía cae, el Estado ajusta de más porque no lo puede evitar.
Lo que se debe hacer es exactamente lo contrario : cuando la economía crece , el sector privado está fuerte y pujante, el desempleo está bajo, la inversión privada y el consumo privado altos; el sector público debe moderar su gasto y generar ahorros para abatir deudas o generar reservas genuinas por ejemplo capitalizando un fondo soberano.
Cuando la economía cae, allí sí es tiempo para que el sector público haga sentir su fuerza, expandiendo el gasto y especialmente dinamizando la economía a través de la inversión pública, actuando de esta forma de manera contracíclica. Esta forma profesional de manejar las finanzas públicas, de forma indirecta pero muy efectiva, ayuda a resolver dos problemas endémicos que nos persiguen por el constante exceso del gasto público: la inflación y el tipo de cambio bajo, que afecta la competitividad del país.
Uruguay está hoy carísimo contra cualquier país relevante; en Asia un churrasco es más barato que en Uruguay (con buena carne australiana, doy fe) y con eso está todo dicho. Ni la comida es hoy barata en Uruguay comparando con Europa y Estados Unidos; tenemos energía carísima, servicios carísimos, impuestos altísimos. Con una bajísima productividad del trabajo y un poder sindical agresivo y batallador, producir en este país se está volviendo una tortura para el empresario. Pero el empresario no es masoquista; tarde o temprano todos consiguen desensillar hasta que aclare. El problema de verdad pasa a ser de los trabajadores. Sin empresarios que empujen con sus inversiones y sus riesgos, no hay trabajo ni salario ni sindicato que arregle la situación; tampoco hay impuestos pagados al gobierno ni aportes a la seguridad social.
Así que la gallina de los huevos de oro se llama acá y en todo el mundo: empresarios privados pujantes. Pero ya lo dijo Alberdi: “el peor enemigo de la riqueza del país es la riqueza del fisco”.
Así que una forma profesional y seria de dar un paso hacia un país mejor para todos es aprobar una regla fiscal que asegure un manejo más profesional de las finanzas públicas en el futuro. Es buen momento para plantear y aprobar esta idea. Se debería establecer su aplicación obligatoria recién a partir de la próxima administración en 2020, así nadie siente que se la crea para quitarle grados de libertad con nombre y apellido.
Tenemos que empezar a arreglar este país porque así como está vamos barranca abajo.
