Significa que si, por ejemplo, una empresa en la UE quiere vender acero, pero no cumple con los estándares ambientales del bloque, o no compensa de alguna manera las emisiones resultantes, el importador tendrá que comprar certificados de contaminación de CO2 correspondientes a el nivel de daño climático. El Parlamento de la UE no pudo impulsar su demanda de gravar también los plásticos y productos químicos que dañan el clima.
Manuela Ripa, legisladora del Parlamento europeo por el partido Verde dijo que "la decisión de hoy de introducir un impuesto de ajuste fronterizo de carbono establece nuevos estándares para la producción industrial europea y mundial".
Según Ripa, "evitar el CO2 será recompensado y el cambio a procesos neutrales para el clima finalmente se pondrá en marcha en todo el mundo. De esta manera, los terceros países también recibirán fuertes incentivos para tomar medidas de protección climática más estrictas".
Según lo informado por DW, el acuerdo establecido por los países miembros de la comunidad europea comenzará con una etapa de prueba el año que viene y se está negociando el cronograma definitivo para la implementación total de la ley hacia 2026 ó 2027.
Uno de los objetivos es animar a las empresas industriales de la UE a producir de forma más sostenible sin quedar en desventaja en la guerra mundial de precios y Héctor Pollit, economista de la Universidad de Cambridge dijo al respecto: “la economía básica es bastante simple. Tenemos un precio de carbono alto en la UE. No tenemos precios de carbono altos en otros lugares. Entonces, los productores de la UE estarán en desventaja competitiva frente a otros países".
Unas 11.000 operaciones industriales en la UE, como refinerías de petróleo y acerías, así como empresas de aluminio, metal, cemento y productos químicos, ya tienen que pagar impuestos sobre sus emisiones de CO2 por encima de cierto nivel.
Pero bajo el llamado Esquema de Comercio de Emisiones de la UE, que se estableció en 2005 como instrumento de mercado para reducir la producción de carbono, el precio del CO2 ha sido muy bajo. En 2016 fue de solo € 3 por tonelada.
Pero en la perspectiva de los cambios que se avecinan, el precio del CO2 en 2022 aumentó ya a más de € 85 por tonelada.
El nuevo mecanismo aprobado este martes está diseñado como una salvaguarda contra las empresas que se mudan de la UE a países con estándares ambientales más bajos para vender los productos desde allí a la UE.
"La razón es abordar el riesgo de fuga de carbono que puede socavar nuestros esfuerzos cuando la producción se traslada a otro lugar para evitar el precio del carbono de la UE", dijo el año pasado el comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, aludiendo a los planes que se estudiaban para la nueva legislación.
Los países con mayor probabilidad de verse afectados por el CBAM incluyen a Rusia, China, Turquía, el Reino Unido, Ucrania, Corea del Sur e India. Queda por ver si el impuesto previsto será válido para los cánones de la Organización Mundial del Comercio.
Lo que está claro, sin embargo, es que podría conducir a un conflicto potencial en el intercambio comercial global. SannaMarkkanen, analista sénior del Instituto para el liderazgo en sustentabilidad (CISL) de Cambridge, afirma que, si los países perciben el impuesto al CO2 como una forma de proteccionismo y responden introduciendo contramedidas, podría dar comienzo a una guerra comercial.
Pero el comisionado Gentiloni dice que el mecanismo aprobado no es una herramienta de tarifas sino una "una herramienta de política ambiental", opinión que comparte la analista Markkanen, quien afirma que, pese al peligro implícito en el impuesto, esta viendo señales más positivas para el desarrollo de un sistema de comercio internacional sostenible.
"La UE y Estados Unidos, en realidad buscan trabajar juntos y comenzar a formar algo llamado 'club del carbono'", explicó Markkanen.
Esa cooperación podría aumentar el precio del acero "sucio" producido en China y según Kevin Dempsey, presidente del Instituto estadounidense del hierro y el acero, podría contrarrestar la actual ventaja competitiva de las empresas chinas, ayudadas por subsidios oficiales y estándares ambientales más bajos.
La nueva tasa sobre el CO2 también actuaría como una presión sobre otros países para hacer sus economías más sustentables. Ya hay señales de que esa presión se está sintiendo: el impuesto que se pondrá en marcha persuadió a Turquíade ratificar el acuerdo climático de París el año pasado. Y el ministro de Comercio de Australia, Dan Tehan, señaló recientemente que su país enfrentaría desventajas a largo plazo para su economía de exportación como resultado de los nuevos aranceles.
Australia que es uno de los mayores emisores de CO2 del mundo, está planeando una expansión masiva de la producción de energía de combustibles fósiles, pero paradójicamente, el país ha adoptado un objetivo climático neto cero para 2050.
Si bien el mecanismo impositivo aprobado podría servir como palanca con grandes socios comerciales y países financieramente poderosos, Chiara Putaturo, Asesora de Política Fiscal y Desigualdad en la oficina de la UE de la ONG Oxfam, dice que las naciones más pobres que dependen en gran medida del comercio con la UE podrían verse perjudicadas.
Putaturo afirma que los aumentos de precios en sus productos podrían resultar en menores exportaciones a la UE, lo que resultaría en "impactos negativos en los empleos y también en general en la movilización de ingresos internos en estos países. Por lo tanto, esto podría incluso socavar la inversión de este país para una “transición verde"
Las industrias del acero y el aluminio en Mozambique, Zambia, Sierra Leona y Gambia se verían especialmente afectadas por el nuevo impuesto. Los productos de los países menos adelantados representan solo el 0,1% de todas las importaciones de la UE, pero unos gravámenes más elevados podrían tener graves consecuencias. En Mozambique, por ejemplo, donde el 70% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, más de la mitad de las exportaciones de acero y aluminio del país se destinan a la UE.
Según Oxfam, el 10% más rico de la población mundial (la mayoría de los cuales vive en los Estados Unidos y la UE) representó aproximadamente la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2015. Por el contrario, el 50% más pobre del mundo provocó solo el 7% de emisiones, "así que debemos tener mucho cuidado al pedir a otros países que paguen por el problema que causamos en primer lugar", dijo Putaturo.
Tampoco está claro aún cómo se calcularía la huella de carbono de un producto. Todavía no existe un método estandarizado, dijo SannaMarkkanen del CISL, y agregó que, para los países en desarrollo, "establecer estas metodologías podría ser terriblemente costoso, por lo que los pequeños productores no tendrían la capacidad para desarrollar estos mecanismos".
Hasta el momento, no hay planes para canalizar los ingresos de la UE del impuesto al carbono hacia el desarrollo sostenible. Por lo tanto, un gran número de organizaciones no gubernamentales piden que este dinero esté disponible para una mayor protección del clima y tecnología para la adaptación al cambio climático, en la UE, pero especialmente en los países de bajos ingresos del Sur Global.
