La Vertiente Artiguista estudia la internación compulsiva de los indigentes

El dirigente del sector Daoiz Uriarte señaló en su cuenta de Twitter que dormir en la calle “no es un delito” pero tampoco un “derecho”. “Necesitamos una norma que impida esto. No podemos facilitar el sucidio”, escribió en un tuit. Consultado por El Observador, Uriarte aseguró que existe preocupación en el sector sobre este tema, ya que la ley de faltas no está dando solución en este tema y los organismos no pueden obligar a las personas a asistir a un refugio.

El abogado afirmó que la Vertiente Artiguista está analizando si presentar un proyecto a escala departamental o hacerlo a nivel nacional en el Parlamento. “No es un tema solo de seguridad pública o de orden público, es un tema también de salud pública”, subrayó.  “El Estado tiene el derecho y la obligación de actuar. No hay un derecho a dormir en la callle. Hay un derecho de no tener que dormir en la calle”, reafirmó.

La ley establece que ocupar un espacio público es una falta que puede ser penalizada con trabajo comunitario. Pero para eso alguien tiene que hacer la denuncia ante el juez y, según datos del Poder Judicial, en 2017 fueron 37 las personas tipificadas por esta falta. En 2016 habían sido 76.  La competencia de retirar a las personas que duermen en la ciudad recae en la Intendencia de Montevideo (IMM) y el Ministerio del Interior, mientras que el Mides se encarga de proveer los refugios. 

La primera víctima de la ola polar de frío fue un cuidacoches de 59 años que fue encontrado muerto a pocos metros de un refugio. El hombre, según explicó el Ministerio, estuvo alojado en dos refugios y en uno de ellos permaneció alrededor de un año. Sin embargo, en enero decidió irse y no regresar. La directora nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración del Mides, Eleonora Bianchi, reiteró que la cartera no tiene potestad para llevar a nadie a la fuerza a un refugio.

El segundo caso sucedió en Pando este viernes, donde murió un indigente de 67 años que dormía en la calle.

De acuerdo a la normativa, si una persona que vive en la calle es revisada por médicos y dos de ellos determinan que no está en condiciones de decidir por sí misma, ya sea por problemas psicológicos o físicos, los profesionales pueden presentar un informe ante la justicia, y el juez decide si aplicar o no la ley.

Además, afirmó que en casos de personas con adicciones el Mides les ofrece rehabilitación, pero que si el individuo no colabora no pueden obligarla a iniciar un tratamiento, tomar medicación e ir a los grupos de ayuda. El cuidacoche había comenzado un tratamiento, pero no lo finalizó. Alrededor del 40% de quienes ingresan a los refugios tienen problemas de adicción, contó Bianchi.