La voz defensora de los montevideanos que no logra hacerse oír

Quizás lo más recordado en el último tiempo haya sido la polémica que se generó luego de que las autoridades propusieran cambiar el nombre de la defensoría para incorporar una “perspectiva de género” en la representación de los habitantes de Montevideo. Es que en mayo de 2017 la Defensoría del Vecino de Montevideo pasó a llamarse Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo (DVVM), una propuesta de la actual titular, la asistente social Ana Agostino, que generó críticas entre los ediles de la oposición y la exdiputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa que la calificó de "rídicula".

La DVVM funciona en la órbita de la JDM y su titular es elegido por los ediles de una comisión especial que se encarga de entrevistar y seleccionar a los candidatos para el puesto. Una vez pasado ese filtro, la persona que quiera defender a los montevideanos debe ser ratificada por una mayoría especial del pleno, de 2/3 de los votos.

Sin embargo, los ediles luego no hacen un seguimiento del trabajo que hace el defensor, la junta no discute sus informes –menos aún los aprueba o rechaza- y tampoco hay una comisión especial que se encargue de seguir el trabajo de la defensoría.

Año a año, el defensor del vecino presenta un informe en el que da cuenta de lo actuado en los últimos meses y repasa los reclamos o sugerencias que realizó ante la IMM. Más de 1.000 asuntos entran anualmente a las oficinas de la DVVM, aunque la gran mayoría son descartados o solucionados en el momento porque no suponen una pérdida de derechos de unos frente a otros. La DVVM puede actuar, por ejemplo, si una vecina tira las aguas servidas en el patio de otro o si el perro de la casa lindera hace sus necesidades en el jardín de al lado, todos problemas que se suceden a diario en una ciudad.

Hasta mayo de 2019 la asistente social Ana Agostino seguirá a la cabeza de la institución, por lo que la JDM ya inició la búsqueda de un reemplazo y dio tiempo hasta el próximo 22 de febrero de 2019 para recibir candidaturas. El primer defensor de los vecinos de Montevideo fue Fernando Rodríguez, quien ejerció ese rol durante dos períodos consecutivos, desde 2006 hasta 2014. En 2013 la bancada departamental del Frente Amplio (FA) decidió no renovarlo como ombudsman, por lo que comenzó el proceso para elegir a otra persona.

La discusión no estuvo exenta de polémica, ya que en la sesión en la que se decidió remover a Rodríguez la bancada del Partido Nacional (PN) optó por retirarse de la sala. Asimismo, la JDM pidió en ese entonces revisar los cometidos de la DVVM, ya que algunos ediles oficialistas afirmaban que no se podía convertir en una usina de quejas.

Con la salida de Rodríguez llegó Agostino, quien señaló que desde que asumió la titularidad de la DVVM se planteó objetivos en dos áreas: en la institucionalidad del organismo y en materia de reclamos de los vecinos de Montevideo.

Para la cantidad de asuntos que trata la DVVM, Agostino explicó a El Observador que el equipo con el que cuenta no da abasto. Aunque cuando asumió la titularidad eran siete personas, el equipo ahora se duplicó. Pero como no son funcionarios propios, sino pases en comisión o pasantes de la Universidad del Trabajo de Uruguay (UTU), su permanencia en el lugar es corta. “El equipo está más fuerte si bien no es lo que me hubiera gustado”, afirmó Agostino. De esta manera, agregó que con ese número de personas se puede trabajar, pero no si están un año y medio y luego se van. “La complejidad de los asuntos que tratamos requiere aprendizajes que se consolidan con la permanencia. No con un equipo más grande”, señaló.

Agostino enfrentó la demanda cada vez mayor de los vecinos de los municipios B y CH sobre ruidos molestos, que tuvo su punto más alto entre 2015 y 2016, cuando los residentes de barrios como Parque Rodó se organizaron para frenar la expansión de los boliches que se amontonaron en las calles de Montevideo.

Los reclamos por ruidos molestos o contaminación acústica son de los más frecuentes entre los vecinos de la capital. En el último informe anual de la DVVM los problemas de convivencia –que refieren a animales ruidosos o peligrosos, ruidos molestos por actividades domiciliarias y violencia- fueron mayoría. En segundo lugar se ubicaron los problemas por contaminación acústica –relacionados a los locales comerciales, industriales, alarmas de casas y autos, así como obras de construcción-.

Agostino señaló que “el mayor logro” de la DVVM en materia de ruidos molestos fue que la IMM incorporara al decreto para regular el funcionamiento de los boliches muchas de las recomendaciones que realizó su oficina. El decreto está en una etapa de reglamentación y, según afirmó en una entrevista con El Observador el prosecretario general de la IMM, Christian Di Candia, estará pronto para aplicar a mediados de 2019. Pero el proceso llevó años y Agostino hizo llegar su preocupación a la comuna por la demora en la implementación del decreto, que por ahora quedó en el debe. 

Por otro lado, también destacó avances en materia de movilidad urbana, sobre todo desde que la DVVM fue invitada por la IMM a participar en el Consejo Consultivo de Transporte Público en representación de los usuarios. En ese consejo, entre otros temas, se trató el problema de la accesibilidad en el transporte público que derivó en un plan estratégico a aplicar entre 2018 y 2020. 

Desde 2013 la DVVM también instaló un programa de mediación comunitaria para solucionar problemas concretos que se dan entre vecinos y que la IMM no puede resolver porque se tratan de conflictos entre particulares. Para esos casos, ahora hay un grupo de unos 14 voluntarios que convocan a las dos partes y tratan de llegar a un acuerdo. 

De la Defensoría del Vecino a la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo

Bajo la dirección de Agostino la Defensoría del Vecino pasó a incorporar una perspectiva de género y a llamarse la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, una medida que generó polémica y fue catalogada de “ridícula” por sus detractores. Tal fue el caso de la exdiputada nacionalista, Ana Lía Piñeyrúa, quien opinó en mayo de 2017, cuando se trató el tema, que se traba de una propuesta que “ridiculiza los planteos de quienes luchan por la igualdad”.

El edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove, aseguró a El Observador que la gestión de Ana Agostino, próxima a su fin, deja “gusto a poco” y que ha sido “funcional” a la administración del intendente Daniel Martínez. “No ha sido el contralor de la administración. Los vecinos no lo han sentido así, me parece a mí”, precisó.

Barrios Bove se refirió especialmente al proyecto para cambiar el nombre del organismo, una medida que calificó de “intrascendente” ya que las personas pueden ser defendidas sin prejuicio del nombre que lleven.

“La vecina se puede defender independientemente del cambio de nombre. Con todo el gasto que eso conlleva de papelería, porque hay que cambiar todo”, agregó. Consultada sobre las declaraciones de Barrios Bove, Agostino reconoció que en su gestión no ha salido a “pelearse”, porque esa no es su forma de ser, pero afirmó que algunos cuestionamientos que hizo al Plan de Accesibilidad le valieron  críticas por parte de los ediles del Frente Amplio.

“Entiendo que la tarea fundamental de la defensoría es que se resuelvan los problemas de la ciudadanía y que se cambie la política para que aquello que no se logra hacer porque no hay normativa, porque no se cumple o porque no hay recursos, se haga bien. No he tenido un estilo confrontativo, pero porque no lo tengo en la vida”, concluyó.