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Mientras que los legisladores que no renuevan su banca pueden solicitar un subsidio al Parlamento del 85% de su sueldo durante un año, cualquier trabajador del sector privado que pierda su empleo y es enviado al seguro de desempleo recibe del Banco de Previsión Social un subsidio por seis meses, con tope y porcentaje decreciente.

Ese trabajador privado, despedido y enviado al seguro de desempleo, podrá recibir 66% de su sueldo el primer mes (con un tope de $22.671), 57% en el segundo mes (con un tope de $19.579), 50% en el tercer mes (con un tope de $16.488), 45% en el cuarto mes (con un tope de $14.427), 42% en el cuarto mes (con un tope de $13.396) y 40% en el sexto mes (con un tope de $12.366).

Quien ejerció al menos tres años cargos políticos o de particular confianza pueden solicitar un subsidio de 85% de su sueldo, beneficio que reciben a lo largo de un año. Esto fue modificado en el año 1991; antes era por tres años, aunque quienes ingresaron a la administración pública previo a esa modificación tienen el derecho adquirido y, por lo tanto, tienen el derecho a recibir los $92.650 por mes durante 36 meses.

Otra de las grandes diferencias al repasar la información en los organismos correspondientes es que, mientras que un privado deja de recibir subsidios del BPS si es procesado por la Justicia, un funcionario público puede seguir recibiendo el dinero del subsidio, según informaron a Observa en el BPS. Eso sucede con los ex intendentes de Artigas, Carlos Signorelli, y de Florida, Juan Justo Amaro, quienes fueron procesados por irregularidades en sus gestiones en los gobiernos departamentales.

(Observa)

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