Las leyes que vos violais
Miles de normas no se aplican, están sin reglamentar o casi nadie las conoce
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17 de septiembre de 2016 a las 05:00
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En Uruguay está prohibido ir de sunga a la playa y de sombrero al cine. Las carnicerías no pueden abrir sus puertas los domingos. Quienes venden chacinados por la calle son multados, y los jueces pueden ordenar a la Policía detener en la calle a "vagos" o "méndigos" por su estado psicológico o moral. Desde 1830 se sancionaron más de 19 mil leyes en el país, muchas de las cuales tuvieron un efecto puntual y perdieron efecto, otras no se reglamentaron, y unas cuantas pasaron de época y quedaron en desuso. Por eso existe una superabundancia de normas legales, lo que hace necesario –a juicio de muchos– activar una "descontaminación legislativa". Es decir, derogar miles de leyes que son letra muerta.
En 2011, un equipo de cuatro abogados del Partido Nacional trabajó durante todo el año, a pedido del entonces presidente de Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou, para agrupar las leyes que ya no tienen uso y podrían derogarse para ordenar la legislación en Uruguay. Nicolás Martinelli, Stéfano Fazio, Rodrigo Ferrés y Andrés Chanhazaroff concluyeron que 48% de las normas vigentes son pasibles de ser derogadas. Ellos distinguieron las leyes de efecto particular y general, y luego las clasificaron por categorías. Una vez relevadas todas identificaron que casi 10% no estaba reglamentada, y que un porcentaje importante podría quitarse del orden jurídico sin efectos negativos para nadie, con lo cual se contribuiría a la descontaminación legislativa. Martinelli dijo a El Observador que esa inflación de leyes genera en Uruguay un "caos" en el sistema jurídico porque no ayuda a los operadores. Que haya 19 mil leyes en el país hace muy engorroso el trabajo para quienes las aplican y, además, es peligroso para los ciudadanos porque nadie es consciente del alcance de todas ellas. Ello es importante, a juicio de Martinelli, porque, como dice la Constitución, "la ignorancia de la ley no sirve de excusa".
Lacalle Pou recibió el informe de sus asesores con la propuesta de impulsar una limpieza legislativa. Fue así que el legislador blanco convocó a las bancadas de los demás partidos, pero no tuvo eco. Eso lo repitió al inicio de la presente legislatura, pero nada.
Desde el gobierno, sin embargo, tiene más adeptos. El director del IMPO (Centro de Información Oficial), Gonzalo Reboledo, valoró esa tarea y consideró una buena idea descontaminar la legislación. "No tengo duda que sería positivo", dijo.
En la capital
El Digesto Municipal tiene 15 capítulos y cambia día a día. Es un conjunto de normas municipales que se compone básicamente de los decretos aprobados por el legislativo municipal, la Junta Departamental, y las resoluciones del intendente municipal. Es tanto papel junto que ya casi nadie lo tiene impreso y lo más eficiente es consultarlo de manera digital.
En esa maraña legislativa hay normas que no solo no están en práctica, sino que parecen absurdas en la actualidad. Y no se trata de resoluciones o decretos de principios del 1900 ni mucho menos (ver ejemplo de las playas).
Para el director de la división Jurídica de la IMM, Ernesto Beltrame, que se mantengan normas inaplicables responde a la falta de tiempo para legislar, porque así como se necesita tiempo para aprobar un decreto o resolución para crear una norma, también se requiere de tiempo para sancionar su derogación. "La verdad es que nadie le presta atención a las normas que están en desuso y quedan en el tiempo", admitió el jerarca a El Observador. Beltrame contó que todos los días el Digesto Municipal recibe incorporaciones, y para esa tarea tiene en su oficina un equipo especialmente dedicado. A veces la administración departamental repara en derogar resoluciones o decretos antes de aprobar un nuevo que modifica algo anterior, pero ello no siempre sucede por una cuestión de tiempo, como explicó Beltrame.
Sobre las normas que no se aplican, el director de Jurídica aseguró que además de incorporar legislación, se debe analizar si son aplicables y se puede fiscalizar. "Vas a Punta del Este o a La Paloma y hay brasileños de sunga. Hay veces que se legisla pero no se puede aplicar porque no se controla o porque no están claras las sanciones", comentó. Beltrame recordó que, por ejemplo, sigue estando prohibido en el Digesto el uso de sombreros en los cines de la ciudad, cuando ello es cosa del pasado.
Carnicerías cerradas los domingos
Una ley de octubre de 1941, todavía vigente, prohíbe a las carnicerías y otros comercios que vendan carne fresca abrir sus puertas los domingos. Es la ley 10.057, que claramente no se aplica. Establece sanciones económicas para quienes incumplan la disposición, que aumenta para los reincidentes.
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